Un grupo de productores rurales de Adolfo Alsina inició una acción de amparo contra la municipalidad para reclamar el acceso a información pública vinculada con la recaudación y el destino de distintas tasas que les cobra el gobierno local.
El planteo judicial surgió después de que los productores presentaran, el 11 de junio pasado, un pedido de acceso a la información pública y que no obtuvieran la respuesta pretendida puesto que el municipio no entregó la documentación en los términos solicitados.
Entre los datos reclamados se encuentra la información correspondiente a la tasa por conservación, reparación y mejorado de calles y caminos rurales municipales, además de la tasa de Marcas y Señales y la vinculada con los servicios de inspección de seguridad, salubridad e higiene. En el caso de los caminos rurales, los productores buscan conocer cuánto se recauda y cuál es el gasto efectivamente destinado a su conservación y reparación.
El reclamo adquiere especial relevancia debido a que el estado de los caminos rurales del distrito, según los productores, dificulta el tránsito y las actividades productivas. La acción judicial sostiene que resulta necesario conocer qué proporción de los recursos que pagan los usuarios de la red vial termina efectivamente destinada al servicio.
Uno de los principales puntos de controversia está en la respuesta brindada por la municipalidad. Según consta en el amparo, el gobierno local sostuvo que su sistema contable y presupuestario, basado en la Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal (RAFAM), no identifica las erogaciones individualmente por cada una de las tasas. Por eso, informó que no dispone de documentación que discrimine los gastos de 2023, 2024, 2025 y 2026 exclusivamente por cada concepto tributario solicitado.
Los productores cuestionan esa explicación y sostienen que, de acuerdo con la legislación municipal, la contabilidad debería permitir conocer con claridad la situación financiera y los ingresos y gastos del municipio. El amparo cita, entre otros, los artículos 166 y 169 de la Ley Orgánica de las Municipalidades bonaerense, que establecen obligaciones respecto de la registración contable de los ingresos y gastos.
El planteo también apunta a que la tasa vial está vinculada con un servicio concreto: la conservación, reparación y mejorado de los caminos rurales. Por esa razón, los productores consideran indispensable poder determinar qué ocurre con los recursos recaudados bajo ese concepto.
El pedido judicial, patrocinado por el abogado Pablo Abdon Torres Barthe, no se limita a los caminos. En el escrito, los productores indican que, según la rendición de cuentas publicada por el municipio al 1° de julio de 2026, la recaudación por la Tasa de Marcas y Señales ascendía a $313.984.688,05.
Mientras que el municipio informó además que durante 2026 se habían registrado 4.875 trámites relacionados con guías, marcas y señales. Los productores realizaron su propio cálculo y señalaron que esos ingresos representarían unos $64.407 por trámite, razón por la cual reclaman conocer el destino de esos recursos.
En cuanto a los caminos rurales, el amparo también menciona las rendiciones correspondientes a los dos primeros bimestres de 2026 y señala un gasto identificado como “YPF” por $165.354.222,37. Los productores cuestionan ese dato y hacen un cálculo hipotético: si ese monto correspondiera a gasoil, equivaldría a unos $68.897,59 litros, tomando un precio de $2.400 por litro y, considerando un consumo de 35 litros por kilómetros, alcanzaría para unos 1.900 kilómetros de caminos, lo que implicaría, prácticamente, toda la red vial, algo que, según sostienen, no se condice con el estado de la red. Por eso, piden que se determine con precisión qué gastos corresponden al servicio vial rural.
Con la presentación judicial, los productores buscan que la Justicia ordene al municipio entregar la totalidad de la información solicitada, preferentemente en formato digital.
El amparo pone bajo la lupa una cuestión sensible para el sector agropecuario en muchos distritos del país: cuánto dinero aportan los productores a través de las tasas municipales, especialmente la vial rural, y cuánto de esos recursos se transforma efectivamente en servicios, en un escenario de caminos rurales en muy mal estado o intransitables que complican o impiden la vida en el campo y el movimiento de la producción agropecuaria.