El Poder Judicial aprobó un presupuesto de más de 2.800 millones de pesos para funcionar a lo largo del 2027. La cifra que avaló por unanimidad el Consejo de la Magistratura, representa un 24% más que la partida anterior. El 94,7% del dinero se destina al pago de personal.
El Consejo de la Magistratura es el organismo que impulsa los concursos para cubrir cargos dentro del Poder Judicial nacional y federal, como también de administrar sus recursos. Por eso trató y aprobó el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2027.
A lo largo del plenario se analizaron la composición y los montos de las erogaciones correspondientes al Poder Judicial. El detalle con las cifras y el destino de cada partida aprobada será remitido al Ministerio de Hacienda para que, una vez que se confeccione el Presupuesto para el próximo año por parte del Poder Ejecutivo Nacional, se integre al proyecto de Ley que será debatido por el Congreso de la Nación.
Los consejeros, con la presencia del presidente de la Corte Suprema -Horacio Rosatti-, aprobaron una partida 2.841.911.406.537 pesos, un 24% más que el proyectado de cierre para 2026 ($2.287.092.629.406).
Este monto -se explicó desde el Consejo de la Magistratura-, supera en un 18% los Límites Financieros fijados por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), de $2.319.891.000.000, lo que genera un “sobretecho” de necesidades de $522.020.406.537.
Si se analiza el detalle del anteproyecto del presupuesto 2027, se observa que -una vez más- el principal destino de los ingresos se destinan a los gastos de personal. De los más de $ 2.800 millones, $2.690.377.585.797 se destinarán a dicho ítem, es decir: el 94,7%.
¿Qué contempla este apartado? Un total de 24.415 cargos, que incluyen la creación de tribunales por ley, Escuela Judicial, Cuerpo de Auditoría en Sistemas, Intendencias/Delegaciones Regionales y requerimientos SIRE (1.456 cargos por este último ítem, el más grande), se trata del Sistema Integral de Recuperación de Exigencias que responde a una intimación emitida por el ARCA para reclamar el pago de deudas impositivas o previsionales vencidas.
En cuanto a los Bienes de Consumo que demandarán 12.922.430.058 pesos para el 2027, se observa -según explicaron fuentes judiciales a Clarín– una fuerte suba de 56%. Esto se debe al equipamiento informático ($25.406.848.549, que incluye 300 cámaras de videovigilancia, WAF Firewall, notebooks, etc.) y construcciones o remodelaciones.
Se debe tener en consideración que el Poder Judicial transita una etapa de cambio sustancial: en 17 jurisdicciones se implementó el sistema procesal acusatorio, que demandó una inversión en refacciones y modernización de los edificios correspondientes.
Un detalle al respecto: para Obras de infraestructura, que se compone del plan trienal (Anexo III) se necesitarán más de $39.400 millones totales entre 2027-2029, con foco en edificios en estado crítico (Casación Penal-Comodoro Py 2002 es la obra más grande: 9.227 millones de pesos).
Otro de los ítems que integra el anteproyecto son los servicios no personales. Demanda una partida de $80.430.091.935. En este aspecto se incluyen los alquileres que paga el Poder Judicial: $14.077.866.609 en total, más los servicios básicos por $23.951.198.833.
También se contempla en los servicios no personales, por ejemplo: limpieza y policía adicional que asciende a $16.596.466.441, junto a mantenimiento informático ($3.515.230.909).
Por debajo de esa dicha partida, se encuentran los Bienes de Uso por $43.795.840.605, junto a Horas extra: $9.072.867.730 para pagar 170.423 horas máximas anuales.
Finalmente, están las Transferencias $14.385.458.142: jubilaciones y pensiones especiales por $14.380.031.154 (106 beneficiarios).
La planta de personal del Poder Judicial nacional asciende 19.808 personas, desde funcionarios judiciales hasta administrativos, entre otros. Hay que recordar que la cantidad de cargos vacantes de jueces nacionales y federales, trepa el 35%, eso demanda -sin embargo- que a través del sistema de subrogancias, lo que conlleva el pago de un 30% del salario para cada juez suplente.
En representación del Poder Ejecutivo Nacional, en el Consejo de la Magistratura se encuentra sentado Santiago Viola, viceministro de Justicia. Tras la aprobación del anteproyecto, sostuvo que “los recursos públicos son escasos y es algo que todos debemos tener en mente”. Viola destacó que “el presupuesto engloba todas las necesidades del año que viene para el fortalecimiento institucional y la modernización de la justicia, que es un paso importante para tener una justicia más ágil, transparente, eficiente y sobre todo cercana a la gente”.
Del Plenario participaron, además de Rosatti y Viola, los jueces Alejandra Provítola, Alberto Lugones, Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero; los senadores Eduardo Vischi, Luis Juez (zoom), Mariano Recalde (zoom), los diputados Alvaro González, Gonzalo Roca, Vanesa Siley (zoom) y Rodolfo Tailhade (zoom); los abogados Alberto Maques, Fernanda Vázquez y César Grau (zoom); y los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit (zoom). Estuvieron ausentes la abogada Jimena de la Torre y la senadora Anabel Fernández Sagasti.