Más allá de que desde la Iglesia católica se señala su carácter religioso, si bien descuentan que incluirá alusiones a la realidad nacional, a medida que se acerca la visita del papa León XIV a la Argentina crece la expectativa sobre lo que pueda decir en materia política, económica y social. En ese contexto, trascendió esta semana que los movimientos populares nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) le habían entregado al pontífice un informe con un crudo diagnóstico signado por durísimas críticas al gobierno.
Clarín tuvo acceso al dossier de 75 páginas que el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, le entregó el fin de semana pasado en el Vaticano al papa al término del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti (la encíclica social de Francisco “Hermanos Todos”): Diálogo Socioambiental Norte-Sur, que se realizó en Roma durante tres días con la participación de dirigentes empresariales, sindicales, de los movimientos sociales y de universidades del continente americano.
Entre los asistentes argentinos al encuentro convocado por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) y la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) se contaron el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, en su calidad de representante sindical en la OIT; el co-secretario general de la CGT Cristian Jerónimo, del sindicato del vidrio, y el dirigente empresarial Daniel Funes de Rioja.
Tras un mensaje de cierre del papa, los participantes pasaron a saludarlo e intercambiaron unas palabras, ocasión en la que Gramajo le entregó el informe que comienza señalando que “vivimos en un mundo en donde cerca de 2.000 millones de personas están en la pobreza” y “más de 2.100 millones trabajan de manera informal, o sea, cerca del 60% del total”. Y destacando que “el 1% más rico de la población posee más que el 95%” de los recursos económicos.
Inmediatamente, afirma que “la crueldad y el ajuste son las caras ideológicas y políticas de un proyecto que demuestra en los números su desdén hacia los que menos tienen”. Sostiene que “un modelo de desarrollo centrado únicamente en la recuperación de variables macroeconómicas o de ingresos de corto plazo deja intactas las deudas sociales del país en términos de infraestructura habitacional, calidad educativa y cobertura de salud”.
Cuestiona las mediciones del INDEC, al señalar que “la pobreza monetaria oficial se calcula con un severo sesgo metodológico de subestimación, presuponiendo patrones de consumo y desconociendo costos estructurales de subsistencia como el alquiler de las viviendas y los servicios. En términos de población -añade-, el sinceramiento metodológico eleva la pobreza al 48%. Por lo tanto la métrica oficial vigente invisibiliza a más de 6 millones de personas”.
“Estamos en condiciones de afirmar -subraya- que la inseguridad alimentaria, entendida como la imposibilidad de acceder de manera regular a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, ha dejado de ser un problema coyuntural para transformarse en un rasgo estructural. Diversos análisis -puntualiza- reflejan que este indicador escaló drásticamente en la última década, pasando de un 15,7% en 2014 a un preocupante 24,7% en 2023”..
La portada del informe que los movimientos sociales le hicieron llegar al papa León XIV.En materia educativa, señala “el deterioro del financiamiento, la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios docentes y las dificultades presupuestarias que atraviesan las universidades públicas comprometen uno de los principales instrumentos de integración y movilidad social de la Argentina”.
Con respecto a las personas con discapacidad, asevera que su situación “constituye otra de las expresiones más críticas de este proceso”. Menciona “las restricciones sobre pensiones, el atraso en los aranceles destinados a prestadores y la crisis financiera que atraviesan centros terapéuticos, transportistas e instituciones especializadas”.
Destacan que en este ámbito “el ajuste cruza la frontera de la crueldad. Las auditorías masivas a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) -dice- alcanzaron a más de un millón de prestaciones que, bajo la excusa administrativa, se vieron demoradas o interrumpidas impactando severamente en la vida cotidiana”.
“Este escenario se desarrolla, además, en un contexto de debilitamiento del federalismo. La reducción de transferencias nacionales, la paralización de gran parte de la obra pública y la eliminación de programas federales”, observa.
Por otra parte, denuncia “la criminalización de la protesta en la Argentina libertaria” que “funciona como la infraestructura punitiva necesaria para viabilizar un ajuste económico de magnitud inédita, buscando desactivar de forma anticipada la resistencia democrática”.
“La combinación de reformas laborales punitivas, discursos oficiales de estigmatización y un despliegue represivo sistemático está configurando un escenario donde la protesta social deja de ser un derecho garantizado para ser tratada como una patología criminal”, considera.
El informe no hace mención a la inflación interanual del 211,4 % que dejó el gobierno de Alberto Fernández/Cristina Kirchner/Sergio Massa, un problema económico que golpea particularmente a los pobres, si bien admite que “arrastramos necesidades desde hace décadas”, pero que “durante el último tiempo las mismas se han ampliado y profundizado notablemente”.
Por lo demás, también crítica al estilo agresivo del presidente Javier Milei: “Una práctica que se ha hecho hábito desde el día uno que asumió la actual gestión de gobierno en nuestra nación (es la manifestación de) odio, el insulto, el menosprecio, la descalificación, que se han hecho un discurso de Estado“.
“Las políticas de odio, encabezadas por el presidente y sus ministros -denuncia- no sólo se traducen en el vaciamiento de las políticas sociales, en la quita de derechos, en el congelamiento de ingresos, o en el desinterés por atender problemas humanitarios urgentes, sino que se hace carne en la práctica de la represión cotidiana“.
“Como expresamos a lo largo de este documento, los últimos dos años hemos retrocedido en materia de derechos, en todos los aspectos de la vida, como nunca antes”, afirma el informe en la parte final.