El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación comenzará el próximo 6 de octubre el juicio político contra el suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain por pedir una coima para dictar un fallo y por mentir en su currículum vitae.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que el tribunal tiene previsto concluir el proceso antes de fines de octubre y que podría derivar en la destitución del magistrado. El Jurado fijó dos audiencias -el mismo 6 y el 7 de octubre- para escuchar a los nueves testigos convocados y luego determinar las fechas de alegatos y de veredicto.
La decisión no solo será clave para la posible destitución de Salmain sino también de su detención. El juez tiene una causa penal en la que está procesado con prisión preventiva que no se concreta porque tiene fueros de inmunidad de arresto. Si pierde el cargo puede quedar detenido.
El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó en junio pasado por unanimidad la suspensión en el cargo y el envío a juicio político de Salmain, quien asumió en el cargo en 2023.
Salmain será juzgado porque cuando se presentó a concursar para magistrado omitió informar que en 2002, cuando era secretario federal, fue echado del Poder Judicial por un caso de corrupción. También porque pidió en 2023 un soborno a cambio de dictar un fallo a favor de una empresa para ordenarle al Banco Central de República Argentina que le venda 10 millones de dólares a precio oficial cuando regía el cepo cambiario.
En la causa penal por ese pedido de soborno un arrepentido relató que el juez había solicitado una coima del 10 por ciento de la brecha entre el dólar oficial y el blue. “Él tiene en la cabeza 180 mil dólares o 200 mil dólares, es la diferencia que tendría que haber existido con la diferencia entre el dólar oficial”, contó el arrepentido que había intervenido en la maniobra.
Sin embargo, el juez se quedó sin la coima: cuando la empresa fue con el fallo a comprar el dólar oficial, el peso se devaluó y la diferencia fue solo de 19 mil dólares.
El juicio político estará a cargo de los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, la abogada Ana Fernández, los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria) y las senadoras María Florencia López (Unión por la Patria) y María Montes de Oca (La Libertad Avanza).
Para destituir a un juez se necesitan cinco votos. Si no, la acusación se cae y el magistrado es restituido en el cargo. El mismo tribunal removió el mes pasado al juez federal de Mar del Plata Alfredo López por publicar en sus redes sociales mensajes antisemitas y rechazó hace dos semanas la acusación por violencia contra el magistrado federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava.
La acusación contra Salmain estará a cargo de la abogada Jimena de la Torre, del juez Diego Barroetaveña y del senado nacional Luis Juez, los tres integrantes del Consejo. Los abogados del magistrado serán Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), el gremio que lidera Julio Piumato, apeló el fallo del Jurado que rechazó destituir a Díaz Lacava. En su presentación, la UEJN reclamó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque la decisión y ordene hacer un nuevo proceso.
Díaz Lacava fue juzgado por violencia contra los empleados y funcionarios del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa que integra. El Jurado entendió que los hechos fueron “desajustes humanos” que debieron haberse solucionado en otras instancias y no en un juicio político que “no fue concedido para transformar desajustes de gestión y convivencia en causas de remoción”. La Fiscalía había pedido su destitución.
“La contradicción es decisiva porque la sentencia no explica mediante qué regla constitucional, convencional o legal hechos verdaderos de intimidación, hostigamiento, ejercicio abusivo de autoridad y afectación psicofísica pierden su significación jurídica y se convierten en un mero problema de ductilidad directiva”, planteó el gremio en su apelación.