La unificación de los juicios de Hotesur y Los Sauces complica la situación judicial de Cristina y Máximo Kirchner. La decisión fortalece la hipótesis de un único circuito de lavado de dinero y reduce las posibilidades de utilizar fallos contradictorios en su defensa.
Hasta ahora, la división de los expedientes abría la posibilidad de que una eventual absolución en uno de los juicios fuera invocada como cosa juzgada en el otro. Ese riesgo fue uno de los argumentos utilizados por los fiscales para reclamar su unificación.
La decisión adquiere particular importancia para Cristina Kirchner, quien ya tiene una condena a seis años de prisión en la causa Vialidad y enfrenta, además, el juicio por los Cuadernos de las Coimas.
Si fuera condenada en ambos procesos, la expresidenta podría acumular tres sentencias condenatorias por hechos de corrupción vinculados con sus gobiernos. Sin embargo, el resultado de esos juicios todavía está abierto.
Para Máximo Kirchner, el impacto también es político. El diputado deberá enfrentar el juicio mientras se aproxima la campaña electoral de 2027, cuando buscaría renovar su banca en la Cámara baja.
La continuidad de su mandato podría permitirle conservar sus fueros parlamentarios, aunque estos no impiden el juzgamiento ni una eventual condena. Su alcance se relaciona principalmente con la posibilidad de disponer una detención.
Pero el problema central para ambos no es solamente procesal. La unificación permite reconstruir ante un mismo tribunal el recorrido del dinero que, según los fiscales, salió del Estado y terminó en las cuentas de la familia Kirchner.
Los Sauces es la inmobiliaria familiar y Hotesur, la sociedad propietaria de los hoteles. En la primera, Máximo firmó numerosos cheques y participó en operaciones financieras que fueron incorporadas como elementos de prueba.
La hipótesis de la acusación sostiene que ambas sociedades fueron utilizadas para recibir fondos de empresarios beneficiados con contratos estatales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Oficina de Osvlado Sanfelice en Río Gallegos, socio de Máximo.La investigación original impulsada por Elisa Carrió en el 2008 terminó fragmentada en distintos expedientes. Esa división, cuestionada por los fiscales, dificultó analizar en conjunto las operaciones comerciales, los contratos públicos y los movimientos patrimoniales de la familia.
Una visión integral de los hechos habría permitido examinar simultáneamente las causas Vialidad, la Ruta del Dinero K, Hotesur y Los Sauces, además de evaluar las conexiones con otras investigaciones por corrupción.
En la Ruta del Dinero K, Lázaro Báez recibió una condena a diez años de prisión. En Vialidad, Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Los fiscales sostuvieron que esos hechos podían constituir parte del origen de los fondos que después circularon por las empresas familiares mediante operaciones presentadas como negocios privados.
La tesis es que los Kirchner otorgaban contratos estatales a empresarios como Báez y Cristóbal López, mientras estos les pagaban alquileres y otros servicios que, para la acusación, encubrían retornos de dinero.
Los números muestran la importancia de esos vínculos comerciales. Según la investigación, los contratistas del Estado representaron el 86 por ciento de la facturación de Los Sauces.
La caja blindada encontrada en la inmobiliaria Los SaucesLa inmobiliaria no tenía una sede comercial propia y mantuvo desde su creación prácticamente la misma cantidad de inmuebles destinados al alquiler. Sin embargo, recibió pagos millonarios de empresas vinculadas con los principales contratistas del kirchnerismo.
Los Sauces, una inmobiliaria bajo sospecha informe de la uif sobre el hijo de la expresidenta investigacion ruta del dinero KSolo Báez pagó unos 70 millones de pesos, a valores históricos, en concepto de alquileres a Los Sauces. Para los fiscales, esos ingresos debían analizarse junto con los contratos de obra pública adjudicados a sus empresas.
El fiscal ante Casación Mario Villar retomó los argumentos de Gerardo Pollicita, Juan Ignacio Mahiques y del exjuez de la Cámara Federal Martín Irurzun para reclamar que los expedientes fueran juzgados conjuntamente.
La acusación sostuvo que se investigaba una “misma maniobra (lavado de activos) sólo que con dos empresas diferentes pero de la misma familia”. Además, recordó que ambos expedientes tenían 16 imputados en común.
Otro argumento fue el riesgo de la cosa juzgada. El fiscal Diego Velasco advirtió que aquello que se resolviera definitivamente en un expediente podía condicionar la posibilidad de volver a juzgar los mismos hechos en otro.
La unificación busca evitar ese problema y permitir que las pruebas sean valoradas de manera integral. No supone, por sí misma, que la hipótesis de lavado haya quedado demostrada.
La confusión entre negocios privados y relaciones con contratistas del Estado constituye uno de los aspectos centrales de la investigación.
Los fiscales describieron préstamos de Báez a la familia Kirchner, operaciones para adquirir hoteles, alquileres presuntamente simulados, utilización de sociedades pantalla y movimientos societarios que consideraron incompatibles con una actividad comercial genuina.
También investigaron operaciones inmobiliarias con diferencias extraordinarias entre los valores de compra y venta, además de irregularidades en la documentación de las sociedades.
La primera acusación
En 2017, Pollicita y Mahiques estimaron que, mediante esas maniobras, los Kirchner habían incorporado al menos 86 millones de pesos provenientes de fondos vinculados con la obra pública concedida a Austral Construcciones.
Según la acusación, ese dinero terminó en el patrimonio familiar mediante operaciones declaradas ante la AFIP como ingresos provenientes de actividades comerciales lícita.
La investigación también estableció movimientos de fondos desde Hotesur hacia sus accionistas. Cristina Kirchner retiró 1.588.183,69 pesos, mientras que sus hijos efectuaron extracciones superiores a 750 mil pesos cada uno.
Para los fiscales, esas operaciones formaban parte del recorrido que debía investigarse para determinar el destino final del dinero.
La maniobra descripta en el dictamen comenzó en 2008, cuando Néstor Kirchner adquirió Hotesur, propietaria del hotel Alto Calafate, uno de los principales establecimientos turísticos de la familia, en unos 8 millones de dólares con la ayuda de “un préstamo” de Báez.
La acusación vinculó esa adquisición con el presunto direccionamiento de 52 contratos de obra pública por unos 46 mil millones de pesos a empresas de Báez en Santa Cruz.
Esos contratos constituyeron el núcleo de la causa Vialidad. Para los fiscales de Hotesur, la defraudación al Estado investigada en aquel expediente era el delito precedente del presunto lavado.
La mayoría de las adjudicaciones se produjo bajo la órbita del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a quien los investigadores describieron como la cabeza de un engranaje estable de corrupción.
La actividad hotelera habría permitido a los Kirchner, según la acusación, “canalizar regularmente fondos” provenientes de las empresas de Báez que recibían contratos viales.
En la inmobiliaria, Máximo Kirchner, saliendo en el 2018.Una pieza clave de ese mecanismo fue Valle Mitre, sociedad vinculada con Báez que administró los hoteles familiares pese a no contar con antecedentes relevantes en el negocio hotelero.
Los fiscales la calificaron como una “sociedad pantalla” utilizada para canalizar pagos a Hotesur mediante contratos de explotación y alquiler.
La investigación cuestionó también la justificación comercial de las operaciones. Según el dictamen, los trabajadores de Austral Construcciones estaban destinados a obras situadas a 500 o 700 kilómetros de los hoteles donde supuestamente se alojaban.
Además, se detectaron contrataciones de servicios de consultoría y marketing cuya efectiva prestación fue cuestionada por los investigadores.
Juicio preparatorio Hotesur-Los sauces con la presnecia de Cristobal Lopez y Carlos Beraldi, este año.
Los fiscales destacaron que Báez financió operaciones de adquisición de hoteles y luego obtuvo su explotación comercial pagando alquileres exorbitantes, mientras los Kirchner recibían ingresos por los contratos de alquiler.
Para la acusación, se trataba de un negocio “ilógico, inverosímil y anti económico”, porque el empresario asumía compromisos financieros que beneficiaban principalmente a la familia propietaria de los establecimientos.
La defensa de Cristina Kirchner sostuvo que las operaciones fueron facturadas, declaradas y bancarizadas. Sin embargo, los fiscales respondieron que esa formalidad no demostraba necesariamente la legitimidad económica de los negocios.
En su dictamen señalaron que la existencia de registros contables y bancarios “no implica necesariamente que el trasfondo de la operación sea lícito ni genuino”.
Uno de los elementos más relevantes fue una pericia sobre el destino de los fondos. Según la acusación, el 67,64 por ciento del dinero analizado terminó en cuentas bancarias de la familia Kirchner.
Los pagos de Báez, que los investigadores consideraron superiores a los valores de mercado, habrían permitido a los Kirchner duplicar en poco más de un año y medio una inversión inicial de 700 mil dólares.
La factura de Los Sauces que alquila a Cristóbal López . La acusación también identificó una situación “espejo” entre los movimientos de las constructoras de Báez, los pagos estatales y las transferencias realizadas a las sociedades hoteleras.
En determinados casos, los investigadores encontraron coincidencias de fechas y montos que interpretaron como indicios de una circulación coordinada del dinero.
A ello se sumaron graves irregularidades en los libros societarios de Hotesur. Los peritos detectaron tachaduras, folios anulados, actas sin firmas, registros no correlativos y modificaciones realizadas con líquido corrector.
También aparecieron asambleas con referencias a hechos que todavía no habían ocurrido y firmas atribuidas a Néstor Kirchner cuya autenticidad fue cuestionada.
En una de las maniobras investigadas, los fiscales detectaron que se había utilizado líquido corrector para modificar registros vinculados con la participación accionaria de Cristina Kirchner en Hotesur.
La documentación original pudo ser reconstruida mediante estudios periciales, según el dictamen.
En el entramado investigado también aparecen Víctor Manzanares, contador de la familia y posteriormente arrepentido; Osvaldo Sanfelice, administrador de los hoteles; Romina Mercado, presidenta de Hotesur; y profesionales vinculados con las operaciones de Báez.
La importancia de la unificación radica precisamente en que todos esos elementos podrán ser examinados dentro de una misma reconstrucción de los hechos.
El tribunal deberá determinar si los alquileres, los contratos hoteleros y las operaciones inmobiliarias fueron negocios legítimos o distintas etapas de un mismo mecanismo destinado a incorporar fondos ilícitos al patrimonio familiar.
Para Cristina y Máximo Kirchner, la dificultad es que ya no podrán defender cada empresa como si sus operaciones fueran completamente independientes de las de la otra.
La acusación intentará demostrar que Hotesur y Los Sauces fueron dos instrumentos de una misma estructura financiera, alimentada por empresarios que recibían contratos y beneficios del Estado.
Ese es el verdadero alcance judicial de la unificación: no anticipa una condena, pero fortalece la posibilidad de que el tribunal examine en conjunto las pruebas de un circuito que, según los fiscales, funcionó durante años alrededor del patrimonio de los Kirchner.