El Senado aprobó en los primeros minutos de este viernes la reforma de la ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno, una iniciativa que venía siendo debatida desde hace meses y que generó fuertes cruces por los cambios propuestos para el sistema de atención y a la forma de financiar su aplicación.
El proyecto, que modifica distintos aspectos de la Ley 26.657, vigente desde 2010, y que fue defendida por el oficialismo como una actualización necesaria del sistema de salud mental, logró la media sanción tras obtener 42 votos afirmativos, 21 negativos y ninguna abstención, y fue girado a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.
Entre otros puntos, contempla cambios relacionados con las internaciones involuntarias, la intervención de equipos interdisciplinarios y la atención de personas con consumos problemáticos y otras adicciones. De hecho, algunas modificaciones se dieron minutos antes del inicio del debate.
Durante el debate, la senadora puntana Ivanna Arrascaeta, miembro informante del proyecto, sostuvo que la ley vigente “consagró derechos y garantías valiosas”, aunque afirmó que sus resultados “han sido insuficientes para garantizar la efectividad de esos derechos” y consideró que “hay que dotar al sistema de herramientas adecuadas”.
En esa línea, señaló que las modificaciones propuestas fueron evaluadas por el Consejo Federal de Salud y destacó que “se cambia la expresión padecimiento por afección o trastorno mental, que permite intervenir a tiempo“.
Además, afirmó que desde la sanción de la norma vigente “la internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser la respuesta a la falta de casas y de familias”.
Y agregó: “El plan de salud mental reconoce en el modelo de la atención modelos dispares, pero se establece un marco común para que cada provincia aplique según sus recursos, porque la ley quedó desactualizada”.
La senadora radical chaqueña Silvana Schneider también respaldó la iniciativa y aseguró que la reforma “piensa en las familias” para brindar herramientas de cuidado a las personas con padecimientos de salud mental.
“Se permite ver la película completa y no una foto”, afirmó. Y completó: “Lo que esta reforma hace es poner la ley en el lugar donde muchas veces se llega tarde. Las familias piden que se las ayude y que no se siga llegando tarde. Esta ley ordena al equipo de salud y abraza a los padres que llegan rotos”.
Desde la oposición surgieron cuestionamientos tanto al contenido del proyecto como a los recursos previstos para su implementación.
La senadora sanjuanina María Celeste Giménez Navarro sostuvo que “la salud mental no puede ser un privilegio solo de quienes pueden pagarla” y calificó la iniciativa como “una reforma regresiva” en un contexto donde el Gobierno “hizo del ajuste una política de Estado”.
“Me parece una hipocresía que hablen de salud mental sin hacerse cargo del desastre que están haciendo con la política económica. La pobreza, la desigualdad y la incertidumbre económica influyen en la salud mental”, expresó.
Además, remarcó que “ninguna política de salud mental puede desentenderse de las condiciones sociales y económicas” de la población.
También cuestionó la reforma el senador santiagueño Gerardo Zamora, quien apuntó contra la falta de financiamiento para aplicar los cambios previstos en la norma.
“El problema no está simplemente en la ley, está en los recursos. Y una vez más, con esta reforma, se les carga a las provincias con nuevas tareas, pero no se prevé un solo recurso para cumplirlas”, sostuvo.
Antes de la votación, Patricia Bullrich tomó la palabra y defendió la reforma impulsada por el Ejecutivo.
“Lo que estamos planteando es que esta internación involuntaria sigue siendo un hecho excepcional. El centro es la atención integral de la salud mental de las personas y para eso se plantean una serie de derechos que tienen los ciudadanos frente al tratamiento de salud mental. La excepción es trabajar con herramientas para prevenir un daño grave”, dijo la senadora de La Libertad Avanza.