El requerimiento de elevación a juicio en la causa Los Sauces, cuya lectura comenzó el viernes en la primera audiencia del juicio oral y continuó este lunes, reforzó el concepto del que siempre buscó desligarse Cristina Kirchner. Las acusaciones ubicaron a Lázaro Báez no solo como el mayor contratista vial de Santa Cruz, sino como el “amigo personal y socio comercial de los ex presidentes”. La acusación judicial expuso todas las operaciones que unieron el patrimonio del Grupo Austral con el de la familia Kirchner.
A lo largo de la segunda audiencia del debate por los casos Hotesur-Los Sauces, a cargo del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), se avanzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio: un detalle de la maniobra investigada, el rol que asumió cada uno de los imputados y los delitos atribuidos.
Se determinó que el puntapié inicial de la maniobra consistió en “la formación de una sociedad comercial que permitiera ser utilizada por los integrantes de la familia Kirchner para diseñar y ejecutar la maniobra de lavado de activos que se proponían encarar junto con los empresarios amigos”.
Esa afirmación desarma la tesis de Cristina Kirchner: “Nunca fue mi socio, no somos amigos ni lo seremos”, declaró en su momento. La justicia no juzga la amistad, pero sí da por corroborada la sociedad que posibilitó un incremento patrimonial mutuo.
La acusación reconstruyó con exactitud matemática el mecanismo a través del cual Báez retornó parte de los fondos de la obra pública a la economía privada de los Kirchner. El proceso se estructuró a partir de la previa sustracción de recursos del erario público: el empresario, que al asumir Néstor Kirchner en 2003 era un empleado bancario con un patrimonio de poco más de 800.000 pesos, pasó a concentrar el 80% de los contratos viales santacruceños por más de 16.000 millones de pesos a valores históricos.
Una vez garantizado ese flujo millonario desde la Dirección Nacional de Vialidad, Báez actuó como constructor cautivo de la familia: en noviembre de 2008, mientras el matrimonio presidencial aportaba a Los Sauces dos terrenos en Río Gallegos valuados a un precio irrisorio de 13.500 pesos cada uno, la constructora Loscalzo y Del Curto -de Báez- ya levantaba allí dos complejos de cuatro departamentos con un 60% de avance de obra, facturándole a la sociedad familiar 4.185.683,65 pesos por las edificaciones.
La fase definitiva del reciclaje se completó con la simulación sistemática de contratos de arrendamiento que alimentaron las cuentas bancarias de la expresidenta y sus hijos. Apenas terminadas las obras, Báez alquiló todos los departamentos a través de sus firmas (Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones), al tiempo que administraba el Hotel La Aldea del Chaltén mediante la gerenciadora Valle Mitre.
Así se aseguró un circuito cerrado y continuo en el que Lázaro Báez oficiaba al unísono de financista del capital inicial, constructor de las propiedades y locatario cautivo para devolver los fondos públicos con ropaje de alquileres legítimos.
La instrucción comprobó que esa etapa fundacional se desplegó “en simultáneo a que desde el Estado los propios ex presidentes le garantizaban a las empresas del Grupo Báez el mayor flujo de fondos como consecuencia de la asignación de obra pública vial en Santa Cruz”, tal como quedó acreditado en la causa conexa por fraude a Vialidad Nacional. Las cifras volcadas en el expediente reflejan con “exactitud la correlación entre las decisiones del Poder Ejecutivo y el crecimiento patrimonial familiar”.
Para ese incremento en la fortuna de Néstor y Cristina Kirchner, Lázaro Báez cumplió un rol preponderante. Entre 2006 y 2008, las compañías del Grupo Austral resultaron adjudicatarias de contratos viales en suelo santacruceño por “más de tres mil millones de pesos”, al dictarse la condena del caso Vialidad la cifra se actualizó a 85.000 millones de pesos.
Lázaro Báez el proveedor de los fondos
En ese lapso, y a partir de sucesivos cruces y transacciones con las empresas del contratista, los Kirchner obtuvieron “los fondos necesarios para adquirir las propiedades, terrenos y hoteles” que luego sirvieron para montar la estructura que garantizó el retorno del dinero público mediante contratos de alquiler sistemáticos y permanentes a favor de las firmas de Báez.
Una matriz idéntica se replicó de manera paralela con las empresas del Grupo Indalo, comandadas por Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Cristina y Lázaro: socios
Por esa vía directa, dice el requerimiento de elevación a juicio, el dueño del Grupo Austral le transfirió 317.000 pesos de su constructora insignia a la ex jefa de Estado. Con ese efectivo en mano y los aportes de su esposo, Los Sauces S.A. canceló la compra del piso 4° «L» del complejo Madero Center (una unidad de 426,21 m² con cocheras y baulera), inmueble que, mucho antes de su escrituración definitiva en 2011, ya había sido volcado al engranaje de reciclaje mediante contratos de alquiler con Álcalis de la Patagonia (Grupo Indalo) por más de 4,6 millones de pesos.
Otra operación fue por un terreno: “Debe aclararse que el dinero aportado por Cristina Fernández provino, una vez más, de una operación inmobiliaria realizada con uno de sus socios, Lázaro Báez, la que se materializó durante el primer semestre del año 2008 mientras ostentaba el cargo de presidenta de la Nación y convertía a su socio en el principal contratista de obra pública vial de la provincia de Santa Cruz”, se leyó en la audiencia.
El rol determinante del dueño del Grupo Austral como constructor a medida de la familia presidencial quedó sellado pocos días después, el 25 de noviembre de 2008. Ese día, Cristina Kirchner formalizó la cesión del terreno de calle Alvear 391 en Río Gallegos en favor de Los Sauces.
La maniobra expuso una enorme subvaluación patrimonial: mientras los peritajes oficiales del Tribunal de Tasaciones de la Nación establecieron que el predio de 318,9 metros cuadrados “tenía un valor de 821.320 pesos, fue valuado por los nombrados en 13.500 pesos”. El traspaso sobre el papel buscó encubrir una edificación ya avanzada, encomendada a Báez a través de su constructora Loscalzo y Del Curto.
Más maniobras entre Lázaro y Cristina
Otra maniobras patrimonial entre los Kirchner y Báez bajo la lupa ocurrió en junio de 2010. Según la acusación judicial, la inmobiliaria de la expresidenta incorporó “sin contraprestación alguna” un terreno de 1250 m² ubicado en Río Gallegos, que era de Austral Construcciones.
Aunque en el Registro de la Propiedad Inmueble y en la escritura figurara un acto de compraventa formal, “la operación valuada en 97.000 dólares se trató en realidad de una simulación a los fines de ocultar una donación por parte de la principal empresa de Lázaro Báez y contratista de obra pública en Santa Cruz”.
El 27 de mayo de 2010, el entonces presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, encabezó una reunión de directorio en la que resolvió desprenderse del predio bajo el argumento de que el inmueble “ha dejado de ser necesario a los fines del cumplimiento del objeto social”.