El Gobierno terminó por ceder a las presiones de Estados Unidos y definió cambios en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido también como Ley Malvinas. Así, aplicará modificaciones en un artículo clave del texto vinculado con las sanciones a las empresas que operen en las islas.
La propuesta continuará siendo debatida este martes en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, y la intención del oficialismo es afinar el texto para tratar de sacar dictamen y dejarlo listo para llevarlo al recinto lo más pronto posible.
Para eso, la Casa Rosada tuvo que hacer múltiples cambios al proyecto original, que llevaba el sello del asesor estrella Santiago Caputo, quien no sólo tuvo que ceder a las presiones de Estados Unidos sino también de los aliados, ya que hasta la semana pasada no estaban las firmas ni para dictaminar.
De acuerdo a lo confirmado por fuentes legislativas, el Gobierno admitió que se limiten las sanciones a las empresas que operen ilegalmente en el país, ya sea en forma directa, como proveedora o accionista directa de la iniciativa, quedando eximidos los subsidiarios, filiales o accionistas que no tengan una participación relevante en las exploraciones.
Al mismo tiempo, el Gobierno también avanzó con cambios con las sanciones previstas en la ley, con multas de entre dos y cuatro veces al beneficio. En aquellos casos en los que no se pueda determinar el monto se pasaría a una sanción oscilaría entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo, duplicando la multa original.
Con estas modificaciones se busca atender la preocupación de la Casa Blanca, que como informó Clarín, había expresado su preocupación por la posibilidad de que las penalidades propuestas en el proyecto oficialista alcancen no solo a las firmas que operan en Malvinas sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las empresas implicadas.
La mirada está en las firmas que participan en el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y alcanza también a firmas asociadas con ellas en otros emprendimientos.
Pero la preocupación de la administración de Donald Trump quedó confirmada durante la reciente visita del subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, que llevó a pensar en la posibilidad de congelar la propuesta.
Por eso, Caputo tuvo que aceptar no sólo los cambios más direccionados con el tema Malvinas sino también en aquellos artículos vinculados con un nuevo esquema de defensa y seguridad. En rigor, las modificaciones comenzaron a ser analizadas en una reunión que el asesor todoterreno, junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, tuvo con la diputada Silvina Giudici y el secretario parlamentario, Adrián Pagán.
Tal como informó este diario, en aquella reunión, los representantes del Ejecutivo recibieron los aportes presentados por los diputados del PRO, del MID, la UCR e incluso del peronismo.
En las modificaciones que aceptó el Gobierno se destaca la incorporación del Ministerio de Seguridad al proyectado Consejo de Seguridad como miembro permanente. De esta manera se intenta que cada organismo tenga su rol claro y no haya superposiciones entre Fuerzas Armadas, seguridad interior y Consejo.
Vale recordar que el texto original fija que el Consejo esté integrado por el Presidente, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el secretario Legal y Técnico. En el Congreso, distintas fuentes parlamentarias vincularon la exclusión de la cartera de Seguridad, a las tensiones internas que existen entre un sector del Gobierno y Patricia Bullrich, ex titular del área.
También se propone la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control del propuesto Consejo de Seguridad. Esta propuesta ya había sido planteada por Ibarzabal cuando los diputados reclamaron la participación del parlamento.
Además, la Casa Rosada aceptaría incluir una sugerencia del diputado Eduardo Falcone del MID, para que cualquier acción militar drástica, como el derribo de aviones o el hundimiento de buques hostiles, requiera obligatoriamente la autorización del Congreso y no quede en manos del Presidente o el ministro de Defensa.
Sin embargo, uno de los puntos que aún no está claro cómo se definirá tiene que ver con las llamadas infraestructuras críticas. El Gobierno analiza redefinir el texto. En el original se hace referencia a aquellas instalaciones, redes, sistemas, servicios y activos, tanto públicos como privados, cuya interrupción o destrucción pueda afectar de manera significativa la seguridad, la defensa, la salud, la economía, los servicios esenciales o el funcionamiento del Estado.
La polémica tiene que ver con que los propietarios y operadores de infraestructuras alcanzadas por el régimen quedarían a cargo de las medidas de protección de esas infraestructuras, que obviamente deberán contar con el aval del Consejo de Seguridad. En principio se avanzaría con la definición de infraestructura crítica y las responsabilidades de las provincias.
Se cambia el artículo 111 que prevé penas que van de los 5 a los 15 años de prisión para quienes, actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado o agente extranjero, realicen actividades que procuren “alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
Se excluye la actividad periodística, académica y el debate público. Hay que recordar que el artículo había sido cuestionado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) al alertar sobre la ambigüedad y amplitud de conceptos como “desinformación” o “manipular la opinión pública”.
El Gobierno, ya con el apoyo de los aliados, buscará sacar despacho de comisión para tratarlo en la próxima sesión.