El Gobierno finalmente avanzará esta semana con la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho al Mar que tiene por objetivo activar una cautelar que suspenda la operación de las petroleras con proyectos afincados sobre las aguas circundantes a las Islas Malvinas, en la denominada Cuenca Norte. Se trata de un nuevo capítulo de la sorpresiva batalla diplomática de la administración mileísta para reclamar la soberanía del archipiélago, que incluye sanciones económicas y un proyecto de ley que busca reforzar la seguridad, defensa y control de recursos del país.
En el Ejecutivo justificaron la elección de este tribunal, ubicado en la ciudad alemana de Hamburgo, en que “es un órgano independiente de la CONVEMAR ((Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar)”, y hacia donde llegarán los abogados de la Procuración del Tesoro, en un procedimiento en el que también está involucrada la Consejería Legal de la Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzabal. Este lunes en el Palacio San Martín se excusaron en dar fechas sobre la activación del trámite pero en Casa Rosada deslizaron que se concretaría esta semana.
Las especulaciones sobre la premura en la tramitación de la cautelar se dispararon en las últimas horas porque, en teoría, este lunes venció el plazo que el gobierno argentino le dio a Gran Bretaña para que adoptara las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la “Plataforma Continental Argentina”, en referencia al proyecto Sea Lion, que llevan adelante las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) en las aguas circundantes a las Islas.
Sin embargo, una fuente oficial consultada dijo que “no venció ningún plazo” formal para peticionar ante el citado Tribunal, pero sí aquella advertencia había sido realizada en un comunicado de la Oficina de Presidencia en el marco de la sorpresiva “malvinización” del Gobierno de Javier Milei, ideada previamente por Santiago Caputo.
“Es el inicio del proceso arbitral, que está dado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un organismo independiente de las Naciones Unidas… Es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que realiza el Reino Unido con la explotación ilegal”, aseguró días atrás el canciller Pablo Quirno al canal A24. Este lunes, en cambio, no contestó la requisitoria de este diario.
El tribunal situado en Hamburgo se compone de 21 magistrados -hay una jueza argentina– y en principio no tiene plazo para emitir un fallo que es de cumplimiento obligatorio para las partes en cuestión. Se trata de Frida Armas, actual vicepresidenta, una jurista que trabajó en Cancillería, pero no es de la “burocracia” del Palacio San Martín. Fuentes consultadas arriesgaron que se debería excusar. Su opinión habría sido fundamental en su momento para decidir la demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina, más allá de las 200 millas.
En el Ejecutivo esperan un guiño hacia la posición argentina que permita, a través de una suerte de medida cautelar, detener la explotación hidrocarburífera de aguas, cuya soberanía, Argentina viene reclamando desde 1843. Y también fuentes consultadas recordaron que “los ingleses nunca aceptaron tribunales arbitrales” para dirimir conflictos con otros países.
Pero el documento también “podría incluir otras” demandas aunque, se sabe, el tribunal no puede definir cuestiones atinentes a la soberanía en discusión. Sí podría evaluar si una de las naciones en disputa podría explotar unilateralmente los recursos no renovables de una zona litigiosa. Y el petróleo se encuentra en la plataforma continental, un espacio marítimo regido por la CONVEMAR.
El gobierno británico, por el contrario, viene cuestionando la avanzada argentina contra las petroleras que operan en el archipiélago. La cotización bursátil de las firmas sufrió una fuerte baja a raíz del anuncio de sanciones por parte del gobierno de Milei y han pedido asistencia a la cancillería británica y a la Asamblea Legislativa del archipiélago.
De todas formas, las petroleras vienen desafiando la embestida argentina contra sus intereses. La firma Rockhopper anunció el último miércoles que firmó un acuerdo para comprar por 44 millones de dólares el segundo barco petrolero que operará mar adentro, a unos 200 kilómetros de la costa insular. La unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo (FPSO, por sus siglas en inglés) OSX-1 será destinada a acelerar el desarrollo del área central en Sea Lion.