En la búsqueda de crecimiento, expandir sus exportaciones y aumentar la productividad, el país necesita incrementar la inversión en infraestructura. Sin embargo, en el marco de un estricto programa de estabilización macroeconómica, el Estado nacional tomó la decisión de reducir al mínimo su participación presupuestaria directa en la obra pública. Esa dualidad fue el eje del tercer encuentro de la séptima edición del ciclo “Democracia y Desarrollo”, organizado por el Grupo Clarín en el auditorio del MALBA bajo la consigna “Infraestructura para el Desarrollo”, donde los gobernadores reclamaron mayor institucionalidad para atraer inversiones privadas del extranjero.

El encuentro reunió al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli; a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Sáenz (Salta); también a Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires; y a referentes de las principales empresas, cámaras industriales, de la construcción y del sector agropecuario.

Varios de los disertantes compartieron el diagnóstico: la falta de infraestructura limita la competitividad. Quién debe financiar las obras, bajo qué marcos normativos y con qué grado de participación estatal, fue parte del debate.

El nuevo modelo del Gobierno y la visión de los grandes inversores

En el bloque inaugural, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, expuso la estrategia del Poder Ejecutivo Nacional, basada en priorizar el déficit cero, promover concesiones, esquemas de participación público-privada y la atracción de capitales a través de herramientas como el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). Mientras que los referentes del sector privado remarcaron que el estado de las redes de transporte, telecomunicaciones y energía condiciona de manera crítica el desarrollo productivo.

Durante su exposición, Santilli dejó en claro la postura oficial: “El desafío es que la infraestructura no vuelva a ser una fuente de déficit. La Argentina no puede repetir el esquema en el que el Estado anuncia grandes obras que después no puede financiar, pero tampoco podemos resignarnos a mantener la actual brecha de infraestructura. El mantenimiento del equilibrio fiscal es innegociable. Queremos que el sector privado asuma un rol protagónico a través de reglas claras, seguridad jurídica y concesiones rentables”.

A su turno, empresarios y especialistas del sector privado como Roberto Murchison (Grupo Murchison), Roberto Nobile (Ceo de Telecom), Carlos Bacher (presidente de Techint), Martín Eurnekian (Ceo de Corporación América) y Rodolfo Freyre (Ceo de Southern Energy) coincidieron en señalar que la falta de infraestructura degrada la competitividad nacional.

Durante el debate se citó una cifra elocuente de la Bolsa de Comercio de Rosario: transportar una tonelada de granos desde Salta hasta los puertos del Gran Rosario puede costar hasta 20 veces más que trasladarla desde los puertos argentinos hasta China.

Asimismo, Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, subrayaron la urgencia de atender tanto la construcción de nuevas obras como el mantenimiento de las existentes.

Weiss advirtió que el deterioro acumulado por la falta de inversión preventiva genera pérdidas que rondan los US$ 25.000 millones anuales. “Sin infraestructura adecuada, la Argentina no puede ser competitiva. No alcanza con tener recursos naturales, mineros o agrícolas si la logística encarece de tal manera la producción que termina anulando nuestras ventajas comparativas”, sintetizó el panel de los sectores productivos.

Financiamiento, la obra pública y el dilema del rol estatal

El segundo panel profundizó en las opciones de financiamiento y en la delimitación de responsabilidades cuando el Estado nacional retira sus aportes directos del Presupuesto. En este espacio sobresalieron las posturas de Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Christian Asinelli, vicepresidente de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), e Ignacio Lamothe, secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Katopodis planteó el contrapunto con la política de ajuste del Gobierno central, enfatizando las limitaciones de fiar la totalidad de las obras a la rentabilidad privada:

“Hay obras estratégicas, caminos rurales, escuelas, redes de agua y conectividad en el interior que no generan un flujo de ingresos directo para repagar una concesión privada, pero son vitales para el desarrollo humano y la producción. Cuando el Estado nacional se retira por completo de la obra pública, no se genera una transición automática hacia el capital privado; lo que ocurre es que las obras se paralizan y los costos los pagan las provincias y los municipios”, sostuvo el ex ministro de Infraestructura de Axel Kicillof.

Por su parte, los representantes de los organismos multilaterales y de planificación regional remarcaron la importancia de utilizar esquemas de financiamiento internacional y herramientas de preinversión para garantizar proyectos técnicamente sólidos que puedan articular el capital público y el privado sin descalibrar las cuentas fiscales.

La voz de los gobernadores: reclamos de federalismo, RIGI y previsibilidad

El tramo final de la jornada reunió a cinco gobernadores que expusieron la urgencia de contar con infraestructura vial, energética y portuaria para sostener las economías regionales. A pesar de provenir de distritos con realidades productivas y posiciones políticas diversas, Torres, Valdés, Figueroa, Cornejo y Sáenz coincidieron en que la austeridad fiscal de la Nación no debe traducirse en la parálisis del desarrollo provincial.

El gobernador neuquino hizo foco en el potencial energético y las obras de evacuación necesarias para poner en valor los recursos de la Patagonia: “Vaca Muerta es una roca a 3.000 metros de profundidad; es una condición necesaria, pero no suficiente. La construcción de ductos va marchando como corresponde en Neuquén y en abril vamos a estar exportando petróleo por la costa de Río Negro. Estamos ejecutando un récord de obra pública en la provincia, con más de 1.000 kilómetros de rutas en dos años, porque sin logística no hay desarrollo posible”.

Desde la Mesopotamia, el gobernador correntino reclamó ecuanimidad en los costos de transporte: “Corrientes tiene una posición privilegiada, es el corazón del Mercosur. Hay que competir, pero tenemos que tener una logística acorde: no puede salir más barato un flete desde Buenos Aires a Cabo Verde que desde Corrientes a Buenos Aires”.

A su vez, Nacho Torres, cuestionó el esquema tributario y detalló los mecanismos de compensación negociados con el Poder Ejecutivo: “Las asignaciones específicas son una estafa contra el federalismo y hay que eliminarlas definitivamente. Ante la paralización de obras nacionales, decidimos sentarnos a dialogar con la Nación y firmar un convenio de compensación de deuda para hacernos cargo de las rutas nacionales en nuestro territorio, lo que nos permitió desendeudarnos y avanzar con obras prioritarias”.

Mientras que el salteño Sáenz, fue el más contundente: “No somos un país serio cuando tenemos dirigentes nacionales que dicen que si llegan al gobierno voltean el RIGI. Argentina no genera confianza a los inversores si cambia las reglas de juego en cada ciclo político. Hoy las provincias le dan al país la posibilidad de hablar de un federalismo real porque tenemos los minerales, la energía y los alimentos que el mundo demanda”.

Además, Sáenz le apuntó a otro factor: “Desde afuera se ve todo, en especial la institucionalidad. Tenemos que terminar con esto de que nos miren de reojo”, remató.

Sobre el final, el mendocino Cornejo advirtió sobre la dependencia institucional del país respecto de las coyunturas electorales: “Es durísimo sacarle un mango a la Nación. Al país que aspiro es a uno donde no dependamos de una persona, sino de un acuerdo amplio y profundo sobre la estabilidad macroeconómica que se respete venga quien venga. Ojalá las elecciones no influyeran tanto en la economía, pero en la Argentina influyen y mucho”.



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