La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires anunció este martes que pedirá el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, que en las últimas horas suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
El partido libertario que encabeza Sebastián Pareja considera que la decisión de la magistrada “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la situación de impunidad que padecen los bonaerenses”, de acuerdo a lo brindado en un comunicado.
Por eso, anunció que comenzaron a analizar los “mecanismos” que puedan derivar en un apartamiento de la magistrada de su lugar en el Poder Judicial de la Provincia.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, explicó Pareja.
El diputado nacional relacionó a la magistrada con el gobierno provincial y aseguró que “siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes”, algo que “también hicieron durante la pandemia”. Para el armador libertario “ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes”.
Y advirtió que “una jueza que actúa como un peón del gobernador no cumple con las características básicas que debe reunir un juez”, razón por la que iniciarán el juicio político.
“No puede anteponer una mirada política a una ley demandada por la gente y votada en el Congreso de la Nación”, cerró.
Las intenciones políticas de Pareja y los libertarios provinciales deberán sortear los institutos que prevé la legislación bonaerense para buscar una eventual sanción a la magistrada que hace más de dos décadas actúa en el fuero de Responsabilidad Juvenil.
La jueza Pascual dictó este lunes, apenas 48 horas después de que comenzara la vigencia de la Ley Penal Juvenil, la suspensión de dicha ley, postergando así la baja en la edad de imputabilidad que pasó de 16 a 14 años.
Lo hizo a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo (cuyo presidente es el sacerdote José María Di Paola, conocido como el padre Pepe) en representación de adolescentes privados de su libertad.
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Habló la jueza que suspendió el régimen penal juvenil en Provincia
Según el fallo, al que tuvo acceso Clarín, la jueza puso el foco en la capacidad e infraestructura de la Provincia para afrontar el cambio en la normativa que aprobó el Congreso hace más de seis meses.
“Se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia”, sostuvo en su decisión.
Para justificar la medida, el tribunal tomó como referencia las inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, donde previamente se debió establecer un límite máximo de 60 adolescentes alojados por no cumplirse los estándares mínimos.
Según la jueza, si bien se reconocen avances en materia edilicia, de agua potable y alimentación, se constataron faltas persistentes en el acceso efectivo a la educación, la formación profesional, el ámbito laboral y la limitación de los tiempos de aislamiento, situación que fue calificada como recurrente en diversos dispositivos de la provincia según información aportada por el propio Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.
“El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá”, remarcó el fallo.
En el documento, la jueza resolvió “suspender preventivamente la aplicación de la ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires por sesenta días” y fijar una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre para que los responsables del Ejecutivo provincial con injerencia en el tema informen sobre las medidas que se tomaron para la implementación de la ley.
Pascual, hoy al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde.
“Esta decisión deja más que en claro de qué lado están: defendiendo al delincuente. La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien”, sostuvo por su parte el presidente del bloque de Senadores de LLA en la Provincia, Carlos Curestis.
En tanto, el titular del bloque de Diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, apuntó: “Es inadmisible que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil dándole la espalda a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad. Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”.
La jueza Pascual, en tanto, ya fue denunciada por Usina de Justicia, la ONG creada por la filósofa Diana Cohen Agrest, cuyo hijo fue asesinado en un resonante caso de inseguridad.
Fue a través del abogado Fernando Soto, actual asesor de Patricia Bullrich en el Senado y exfuncionario del Ministerio de Seguridad, quien presentó dos recursos: en uno, solicitó intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que dio origen a la medida y, en otra actuación separada, formuló una denuncia penal contra la jueza Pascual por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
Cómo se procede para apartar un juez provincial
En Buenos Aires la destitución o apartamiento de un juez se rige por la Ley 13.661 (y sus modificatorias) y no es un procedimiento sencillo. Pareja y sus legisladores deberán presentar una denuncia ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de magistrados, que funciona en el ámbito de la Legislatura.
Ese organismo, presidido por Ulises Giménez, debe evaluar la factibilidad de la presentación mediante una investigación preliminar que debe reunir elementos de prueba y si se considera que es viable, enviarla a la Procuración General de la Suprema Corte, quien debe formalizar la eventual acusación y pedir la conformación de un “jury” (o jurado de enjuiciamiento).
El planteo contra la jueza Pascual deberá tener argumentos para fundamentar alguna de estas causales: Delitos comunes o dolosos en el desempeño de sus funciones, Faltas graves o incumplimiento reiterado de los deberes del cargo. Incompetencia o negligencia reiterada probada o Incapacidad física o psíquica sobreviniente.
Recién cuando el Procurador General analice la posibilidad de una acusación puede solicitarse un apartamiento preventivo. Para esto pueden pasar varios meses o un año.
Luego se designa un Jurado (integrado por cinco legisladores abogados; cinco representantes del Poder Judicial y de la matrícula de abogados provinciales, todos por sorteo) que es presidido por el presidente de la Suprema Corte provincial.
A partir de que ese jurado se conforma se definen los plazos y los mecanismos del proceso para enjuiciar al magistrado.
El último caso de repercusión y de impacto que atravesó este complejo mecanismo jurídico institucional, fue el juicio contra Julieta Makintach, la integrante del Tribunal Oral de San Isidro que fue destituida por su actuación en el juicio por la muerte de Diego Maradona.