A veces, la intensidad de la confrontación expone posiciones que en apariencia son contradictorias. Por estos días en Buenos Aires se da un caso: el gobierno de Axel Kicillof anunció la suspensión de un plan social. Y los bloques libertarios del Parlamento provincial denuncian “ajuste para los que menos tienen” y “ausencia del Estado”.
Parece el “mundo del revés”. Sin embargo es todo literal. Esta semana, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque, dispuso mantener la suspensión del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense) hasta el 31 de enero de 2027.
Era una ayuda que llegaba todos los meses a más de dos millones de alumnos de escuelas estatales. Una caja con alimentos de primera necesidad nutricional (una docena de huevos, una botella de aceite, un paquete de arroz, un paquete de leche, levadura, un paquete de harina, tomate triturado, lentejas y arvejas). Se había incluido como emergencia en la pandemia por Covid (2020) y se mantuvo hasta hace tres meses.
En mayo hubo una primera suspensión por 90 días. Ahora se confirmó la eliminación con este argumento: “concentrar los recursos provinciales en el fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), principal política alimentaria destinada a más de 2,5 millones de estudiantes bonaerenses”, según se informó.
Antes de esa confirmación hubo una acción coordinada de los bloques de LLA en la Legislatura. Presentaron pedidos de informes y uno de los referentes del espacio con aspiraciones en Provincia -el diputado Sebastián Pareja- denunció que “Kicillof prefiere quitarle comida a los bonaerenses en lugar de reducir privilegios a la política”. En la comunicación se menciona “la crisis social que se profundiza”, un concepto que se elude en el Gobierno de LLA.
La controversia por el programa MESA debería interpretarse según el código del intenso enfrentamiento entre Kicillof y el presidente Javier Milei.
Según explicaron en Desarrollo de la Comunidad provincial, la postergación -que implica un recorte de casi $ 45.000 mil millones en seis meses– es una respuesta a “la persistencia del incumplimiento del Gobierno nacional en materia de transferencias de recursos hacia la Provincia”.
Es un planteo que la Gobernación reitera de manera sistemática. “La deuda del Gobierno Nacional con PBA asciende a $18 billones actualmente. Afecta distintas carteras ministeriales y dentro de ellas distintos programas. En alimentación escolar estamos reclamando una suma que asciende a más de $220.000 millones por la diferencia entre las solicitudes realizadas por este Ministerio y las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Capital Humano”, explicó a Clarín un técnico que trabaja con Larroque.
“No existe tal deuda. Además, Nación cumple y amplía todos los meses sus programas de asistencia que impactan sobre niños: la Tarjeta Alimentar y la AUH”, respondió el diputado Luis Ontivero (LLA), ex inspector de Escuelas provinciales y, en el reparto de roles, uno de los definidos para exponer sobre este conflicto.
La Provincia explicó que para substituir al MESA se dispuso un aumento del Servicio de Alimentación Escolar (SAE) del 15% a partir de agosto, que se suma a otro otorgado en mayo. “Habrá un incremento acumulado del programa en 2026 del 49,58%, superando la inflación interanual. Y eleva la inversión mensual a más de $70.000 millones”, aclararon.
Pero los números no cuentan para la discusión política. “Es otra mentira del modelo del gobernador que se llena la boca hablando de ‘justicia social’ y de un ‘Estado presente’ pero le cortan la asistencia alimentaria a los bonaerenses durante seis meses porque quebraron la provincia para financiar su aparato político”, amplificó el diputado Juan Osaba (presidente del bloque LLA).
Conocida la decisión también hubo repercusiones en el PRO. El presidente de la bancada en el Senado, Pablo Petrecca, dijo que “los discursos del Gobernador prometen sensibilidad pero las resoluciones muestran cuáles son las verdaderas prioridades”.
En La Plata argumentan que el SAE se mantendrá como “la principal política alimentaria destinada a garantizar, de manera regular y continua, la alimentación de los estudiantes que asisten a establecimientos educativos de la provincia”.
En cuatro días se retoma la actividad escolar en los casi 16 mil establecimientos educativos estatales bonaerenses. Será un retorno después del receso con inconvenientes: está previsto un paro nacional docente con impacto en Buenos Aires y los padres ya no tendrán la caja MESA para retirar junto con los alumnos. Nuevas escenas de recortes y ajustes que tocan timbre en las escuelas.