El gobernador de Texas, Greg Abbott, mostró su satisfacción por la decisión de un tribunal de apelaciones de rechazar la ley que permitía matricularse en colleges y universidades públicas a estudiantes indocumentados. La medida afecta a más de 57.000 jóvenes ya inscritos, en todo el estado.
Abbott consideró que Texas y el Departamento de Justicia han conseguido una “gran victoria para el estado de derecho”. El fiscal general y candidato republicano al Congreso, Ken Paxton, en tanto, se había negado a defender la ley en los tribunales, estando de acuerdo con el Departamento en que la ley era “inconstitucional”.
La decisión judicial tiene como eje la Texas Dream Act que permitía a algunos estudiantes sin residencia legal matricularse en un college o una universidad estatal. Debían haberse graduado en una secundaria o tener un diploma equivalente, además de comprometerse a pedir la residencia permanente.
El caso llegó al tribunal de apelaciones del quinto circuito de Estados Unidos que, por dos votos contra uno, rechazó la demanda presentada por el Austin Community College y un alumno de esa institución.
La Texas Dream Act (HB 1403) choca, de alguna manera, con una ley federal que prohíbe a los estados dar a los estudiantes indocumentados un beneficio de matrícula basado en la residencia, salvo que el mismo beneficio esté disponible para todos los ciudadanos, sin importar dónde vivan.
El fallo del tribunal del quinto circuito causó decepción en la Unión del Pueblo Entero (LUPE) y el Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educativa (MALDEF). “La educación es un derecho humano, independientemente del estatus migratorio o los antecedentes de una persona”, afirmó Tania Chávez Camacho, presidenta y directora ejecutiva de LUPE.
En tanto, Thomas A. Saenz, presidente y asesor jurídico general de MALDEF, que representa a Students for Affordable Tuition, dijo que la organización podría apelar la decisión ante un tribunal federal. Saenz afirmó que el tribunal del quinto circuito “es cómplice de una de las mayores farsas jurídicas de la historia reciente”, refiriéndose al rápido fin de la ley decidido por Trump y el fiscal Paxton.
Un artículo de The Texas Tribune recuerda que Texas fue el primer estado en permitir que algunos estudiantes indocumentados accedieran a la matrícula estatal, que puede ser dos y hasta tres veces más accesible que la de otras universidades. La Texas Dream Act fue aprobada en 2001, con amplio apoyo demócrata y republicano.
El gobernador republicano Rick Perry firmó la ley porque, tal como decían sus autores, beneficiaba a estudiantes de Texas haciendo que la educación superior fuera más accesible y hubiera mejor incorporación al mercado laboral. Pero los cambios de las posturas del Partido Republicano en cuanto a inmigración, sobre todo desde que Trump se convirtió en su líder, explican el rechazo actual.
Además de unos 57.000 estudiantes indocumentados que ya estaban inscritos en las universidades públicas según la ley, podrían verse afectados unos 197.000 alumnos de escuelas secundarias que están a punto de graduarse.