La diputada de La Libertad Avanza Mercedes Llano presentó este lunes un proyecto de resolución para suspender la dieta de aquellos legisladores que lancen insultos o expresiones vulgares en el ámbito de la Cámara de Diputados. La iniciativa, que podría cambiar el modo en que hasta ahora se llevan adelante los debates en el recinto, se suma a otras que Llano también había presentado y que también buscaban regular lo que ocurre pareces adentro del Congreso.
El proyecto impulsado por la diputada libertaria -quien además es la presidenta del Partido Demócrata a nivel nacional- prevé suspenderle el sueldo por un mes a aquellos legisladores “que profieran insultos o expresiones injuriosas, soeces o denigrantes en el ámbito de la Cámara”. Y, para los casos de reincidencia, o aquellos en los que haya amenazas, intimidación o agresión física, la sanción podría llegar hasta los dos meses sin cobrar.
“La crítica política es parte esencial del debate democrático. Lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal“, afirma el proyecto de Llano, entre sus fundamentos. Según sostiene la legisladora, la iniciativa llega para cubrir un vacío en el régimen actual y lograr de este modo que conductas de este estilo sean sancionadas.
En esa línea, la legisladora sostuvo que “la sociedad está cansada de ver a dirigentes que convierten el Congreso en un escenario de agresiones y descalificaciones” y que “no hay posibilidad de revertir el descrédito en los poderes legislativos sin ejemplaridad, respeto y tolerancia”.
A pesar de las sanciones previstas, la propuesta también aclara que quedan fuera de la norma las opiniones, críticas y juicios de valor, ya que se encuentra protegidos por la libertad de expresión parlamentaria. “No se sanciona la crítica: se sanciona el insulto y el agravio personal”, aclaró la legisladora en un comunicado.
El proyecto de este lunes no es el único de Llano que busca regular cuestiones referentes a la actividad parlamentaria. En julio de 2024 la legisladora presentó otra iniciativa -que reiteró en abril de este año- para derogar la ley 20.959, que otorga a senadores, diputados y otros funcionarios de ambas Cámaras un carnet para la libre circulación y estacionamiento de los automotores que utilicen en todo el territorio de la República.
“Resulta provocador que aquellos que han sido honrados por la ciudadanía para representarlos, abusen de esa condición con prerrogativas que lo único que generan es descontento y descrédito social“, afirma entre sus considerandos el texto de ese proyecto.
En marzo de este año también había presentado un proyecto para establecer la obligatoriedad de una evaluación de idoneidad psicológica funcional para los candidatos a Presidente y vicepresidente de la Nación, los legisladores, y los aspirantes a ejercer cargos de autoridades superiores del Ejecutivo Nacional, “con carácter previo a su designación o asunción”.
Además, también lleva su firma una iniciativa que busca inhabilitar para ejercer cargos públicos a los candidatos testimoniales y otra que propone prohibir “la exhibición y/o fijación de afiches, pancartas, banderas y todo tipo de cartelería” dentro del recinto de la Cámara de Diputados durante las sesiones y asambleas.