El oficialismo no consiguió los votos para que el Senado apruebe y dé media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada por falta de acuerdo con el radicalismo y senadores que responden a los gobernadores.
Esta es la cuarta vez que el controvertido proyecto de extranjerización de tierras se frustra en la Cámara alta y Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en la Cámara alta, se vio obligada a pedir un cuarto intermedio de la sesión de este jueves hasta el 6 de agosto, después del receso invernal.
Lo cierto es que la postergación de esta norma generó tensiones entre la ex ministra de Seguridad y Federico Sturzenegger porque -según explicaron- el ministro de Desregulación se opuso a las modificaciones realizadas en la versión 15 del texto.
Puntualmente se trata un artículo empujado por un sector del radicalismo y la salteña Flavia Royón, quien responde al gobernador Gustavo Sáenz, para que las provincias establezcan su propio régimen de habilitación de venta de tierras rurales a extranjeros.
No está claro si esa modificación se incluyó a último momento, previo a la sesión. Pero -según fuentes legislativas- Sturzenegger llamó a Bullrich después del triunfo del seleccionado argentino en el Mundial 2026 para avisar que no iban a aceptar la modificación.
Para el ministro de Desregulación, las provincias no pueden dictar su propio reglamento, y eso terminó por tensar aún más la relación con la oposición aliada. A Bullrich no le cayó bien que Sturzenegger le haya avisado el mismo día de la sesión su rechazo al artículo propuesto por los dialoguistas.
Por eso, la jefa del oficialismo quiere discutir con el ministro desregulador cómo seguir la negociación. Encima para complicar aún más el panorama, el oficialismo sufrió las ausencias de Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas), Andrea Cristina (PRO) y Edith Terenzi (Chubut), quienes podrían acompañar a La Libertad Avanza aunque el correntino firmó el dictamen en disidencia.
Lo cierto es que el oficialismo consiguió el quórum con lo justo, 37 senadores, entre el oficialismo, los radicales, el PRO y las bancadas provinciales de Neuquén, Salta y Misiones. Ni el peronismo ni Convicción federal colaboraron para garantizar el número de la apertura.
Mientras el Senado debatía un paquete de pliegos judiciales y ascensos diplomáticos, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, negociaba con la oposición en línea directa con Sturzenegger. Pero, el Gobierno no pudo convencer a los aliados.
Ante esta situación y la posibilidad de que el peronismo junte los votos para rechazar la propuesta, Bullrich pidió en el recinto la postergación del debate. “El punto tres (del temario, referido al proyecto de propiedad privada) vamos a pedir un cuarto intermedio para el 6 de agosto”, pidió la exministra, evitando el bochorno de volver a comisión y asegurándose que el debate continuará.
Tras levantarse la sesión, la jefa del oficialismo confesó que le faltaban dos votos, aunque desde el oficialismo saben que si no aceptan las modificaciones exigidas por los aliados no avanzará la normativa.
El proyecto incluye cambios a la ley de expropiaciones y, en su versión original impulsaba también los desalojos exprés, algo que fue modificado por la oposición amiga. Tampoco pudo eliminar el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Por presión de los aliados también se borró el llamado silencio administrativo que establecía que,si en un plazo de 180 días ninguna autoridad nacional o provincial formula objeciones, se concedía la autorización automáticamente, habilitando la operación.
Las diferencias están centradas en la desregulación de tierras rurales, porque se derogan los límites para la compra de extranjeros, que son del 15% del territorio nacional. Para tratar de captar el apoyo de las provincias, la propuesta establecía que iban a conservar la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites y le otorga a los extranjeros la posibilidad de adquirir propiedades.
Si bien en la iniciativa se fija la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados extranjeros o de las empresas con participación estatal extranjera, también le hace un guiño para que las operaciones se puedan realizar con la autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, el proyecto del Gobierno propone eliminar las restricciones temporales de la Ley de Manejo del Fuego al permitir el cambio de uso del suelo, loteo o venta en terrenos rurales que hayan sufrido incendio.
La discusión seguirá el 6 de agosto cuando el oficialismo también intentará tratar la Ley Hojarasca, una propuesta que también impulsa Sturzenegger y que propone derogar o modificar unas 70 leyes consideradas obsoletas, redundantes o contrarias a principios constitucionales.