En los últimos días saltó a la fama el fondo fiduciario del Sistema Vial Integrado (SisVial), que se nutre de un impuesto a los combustibles líquidos y por el que fue denunciado en la Justicia el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por supuestamente no utilizarlo para su destino original, el arreglo de rutas, y sí para financiar al Tesoro. Es uno de los fondos fiduciarios que Javier Milei dijo en 2024 iba a eliminar por ser “cajas de la política”, pero actualmente siguen vigentes unos 27 y para la oposición son utilizados de forma discrecional por Economía.
En los hechos, los fiduciarios son una “caja” estatal con recursos específicamente asignados a un propósito determinado -reparar rutas o subsidiar la tarifas de gas, por ejemplo-, que son administrados mediante un fideicomiso por algún organismo del Gobierno: en la actual administración todos están supervisados por el Palacio de Hacienda.
Es que el decreto N° 215/2024 designó a la cartera económica como fiduciante en representación del Estado Nacional “en todos los fondos integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter, la dirección de dichos Fondos Fiduciarios”. Uno de ellos es el fondo fueguino, el FAMP, que hasta fines de junio era tutelado por una delegada de Santiago Caputo, Noelia Ruiz.
Si bien el mismo llegó a manejar unos 150 millones de dólares de presupuesto, el Ejecutivo ahora tendría la intención de vaciarlo: a principios de este año redujo “a cero” el aporte de las ensambladoras de la isla que lo financian desde su constitución en 2021 pero aún continúan operativos los proyectos aprobados por el fenecido directorio, como un puerto en Río Grande o la construcción de hoteles. La directiva a cargo del FAMP renunció hace poco más de unes. “Economía no renovó sus cargos”, dijo una fuente consultada.
Sin embargo, el fondo fueguino no figura en el listado de los 20 fondos fiduciarios “en disolución” en el último informe de la Secretaría de Hacienda, como si lo está el destinado a la “Asistencia Directa a Víctimas de Trata” o el mentado FISU, creado para urbanizar villas de emergencia, que en un comienzo manejó el delgado de Karina Milei en la Provincia, Sebastián Pareja.
Entre los que continúan operativos, se encuentran el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, el destinado a la Infraestructura Hídrica o el referido a los Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. En la oposición alertan que la mayor parte está bajo el paraguas del Palacio de Hacienda cuando años atrás estaban distribuidos entre distintos ministerios.
Según los registros del Instituto Consenso Federal, que dirige el ex diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, el Gobierno ya tendría “más de 3.000 millones de dólares ya acumulados (hasta 2025), con una proyección total de 4.000 millones de dólares a alcanzar a fin de 2026”.
El dirigente del peronismo federal arriesgó una proyección aritmética para todo 2026 -unos 956 millones de dólares- teniendo en cuenta que, según datos oficiales, el resultado financiero de los fondos fiduciarios acumulado al primer trimestre del ejercicio del año ascendió a “239 millones de dólares a valor dólar promedio”.
El uso discrecional de los fiduciarios escaló luego que La Nación informara que el SisVial no distribuía la mayor parte de su patrimonio para el arreglo de rutas. Según la denuncia de la diputada Victoria Tolosa Paz, al 31 de mayo de 2026 este fondo mantenía más de $1,001 billones colocados en inversiones financieras, entre plazos fijos y títulos públicos, mientras otros $37.761 millones permanecían inmovilizados en la cuenta corriente. En total, más de $1,038 billones se encontraban ajenos a la ejecución de obras viales.
La denuncia presentada en la justicia federal, sostiene además que, durante los dos años y medio analizados, la recaudación asignada al SisVial alcanzó los $1,503 billones pero solo $394.406 millones fueron aplicados a su destino específico, lo que representa una subejecución del 73,8%. A su vez, advierte que no toda la recaudación asignada habría ingresado efectivamente a la cuenta fiduciaria, circunstancia cuyo circuito y destino solicita que sean investigados por la Justicia.