Hace pocas semanas concluyeron las indagatorias en el caso ANDIS, donde se investigan un supuesto esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y coimas en la Agencia de Discapacidad. En breve, también se firmará el requerimiento de justificación para que Manuel Adorni explique las inconsistencias en su patrimonio. Y después de una pericia ordenada, se debe resolver si se vuelve a procesar -o no-, a Alberto Fernández en la causa Seguros. Todos esos expedientes dependen de la decisión del mismo juez: Ariel Lijo.
En el juzgado federal 4, del cual es titular hace más de dos décadas, se acumulan causas penales que el Gobierno libertario mira con particular atención. Pero también, como subrogante del despacho que perteneció a Claudio Bonadio, hay casos que tienen bajo la lupa al expresidente Alberto Fernández. Hace pocas semanas, el magistrado coincidió en París en el marco de la GAFI con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. El encuentro levantó todo tipo de suspicacias. Fuentes judiciales indicaron que la invitación se cursó “por separado y en esa comitiva había otros magistrados de Comodoro Py”, corriéndose de cualquier sospecha que esto puede despertar.
Después del fallido intento del presidente Milei de cubrir los dos sillones vacíos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el jurista Manuel García-Mansilla, y el juez Lijo, este último retomó sus plenas funciones en los Tribunales de Retiro. Desde entonces, acumuló causas sensibles para la dirigencia política.
Corrupción con la plata de los discapacitados
Un total de 35 indagatorias concluyeron ante el fiscal federal Franco Picardi, después de detectar nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo.
Las nuevas maniobras implicaron la erogación aproximada de 75.478.149.019 pesos provenientes del erario estatal, en “favor de un reducido grupo empresarial”, sostiene la imputación que se le leyó a cada uno de las personas que fueron citadas en Comodoro Py.
El 28 de abril, Diego Spagnuolo, exfuncionario libertario y exabogado del presidente Javier Milei, ya procesado por corrupción por el desvío de compra de medicamentos, coimas y maniobras irregulares, regresó a Comodoro Py para ser indagado por nuevos hechos detectados por la fiscalía y que lo colocan en un rol central en el esquema de manejos irregulares de fondos públicos.
Para el fiscal Picardi los presuntos actos de corrupción se llevaron a cabo al menos desde diciembre de 2023 y hasta octubre del 2025, cuando funcionarios públicos de la ANDIS direccionaron de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que sus amigos y allegados resultaran adjudicatarios de sumas millonarias a cambio de retornos y dádivas de diversa índole.
Fueron indagados Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, y un extenso listado de empresarios supuestamente beneficiados con el esquema. Según se determinó, los insumos que se comercializaron de “manera ilícita son dispositivos y tecnologías médicas que resultan sumamente costosas para el sistema de salud”.
Se trata de prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares y materiales específicos para cirugías complejas, sillas de ruedas motorizadas, entre otros.
Estos insumos, por sus particularidades, eran -y son- gestionados desde el Programa Incluir Salud, cuando se trata de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas graves, que se encuentran en situación de pobreza estructural y que no poseen coberturas médicas específicas.
Sobre este entramado debe tomar una decisión central el juez Lijo: si procesa, por segunda vez, al ex abogado del Presidente de la Nación y ex funcionario de la actual administración. Es decir, si convalida todo lo investigado por el fiscal Picardi a lo largo de estos meses.
Los dólares de Adorni
Con particular atención, la Casa Rosada observa las próximas resoluciones que firme el magistrado en otro expediente sensible: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita aguarda la última información que debe remitirle la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), sobre la evolución patrimonial y financiera del Jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti. Se fijaron siete puntos específicos para determinar las posibles inconsistencias entre los ingresos y egresos del ahora exfuncionario y su esposa.
Cuando esa documentación ingrese a Comodoro Py, se firmará el requerimiento de justificación para que Adorni, ahora lejos de la función pública, brinde explicaciones sobre los números que para la justicia no son consistentes en su patrimonio. Sí eso no es suficiente, la decisión la debe tomar el juez Lijo: el llamado a indagatoria del ex Jefe de Gabinete y hombre de extrema confianza de Karina Milei.
Durante más de cien días mientras la investigación avanzaba, el Gobierno decidió respaldar a Adorni pese a los hallazgos en el marco de la pesquisa: gastos de tarjeta por más de 139 millones de pesos, utilización de tarjetas de terceros para realizar compras que abonaba en efectivo, pagos por 349.000 dólares en menos de un año y medio, tenencia de billeteras virtuales no declaradas, adquisición de propiedades no declaradas. Todo quiso ser corregido por el ex funcionario en sus declaraciones juradas, pero para la fiscalía esos números son aún más dudosos.
Alberto Fernández y los negociados con lo seguros
Sobre su escritorio, Lijo tiene otro expediente: la causa por presuntos hechos de corrupción en la causa Seguros, que tuvo a Alberto Fernández a un paso del juicio oral hasta que el máximo tribunal penal (Casación) ordenó revisar ese procesamiento y la Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito ante la acusación por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A raíz de esa medida, el magistrado debe ordenar una serie de medidas de prueba que ordenó la Cámara de Apelaciones, entre ellas un peritaje para lograr establecer a cuánto ascendió el supuesto fraude por el cual sigue bajo investigación el ex Jefe de Estado. La medida no puede ser omitida porque es una orden del Tribunal que revisa todo lo que hacen los jueces de instrucción.
La pericia que firmará el juez Lijo le permite ganar tiempo a Alberto Fernández, que contaba con un procesamiento confirmado por la instancia siguiente dejándolo a tan sólo, un paso del juicio oral. Hasta que el estudio técnico-contable concluya, el magistrado no podrá resolver si algo de ello modifica la situación procesal del ex presidente para avanzar hacia la instancia siguiente.