La Justicia imputaba este viernes a 18 de los 30 detenidos por los incidentes de ayer en el Congreso durante el tratamiento de la ley de extranjerización de la tierra apresados por la policía de la Ciudad y las fuerzas federales aunque por diferentes delitos. Mientras que a otros los liberó por falta de pruebas.
Pero mientras la justicia porteña los imputaba de delitos como resistencia a la autoridad y daños, el gobierno nacional pidió acusarlos de la comisión de los delitos de daño agravado; atentado al orden constitucional, atentado a la autoridad agravada y resistencia a la autoridad que tienen penas más graves, informaron a Clarín fuentes judiciales.
La mayoría de los manifestantes ejercieron su derecho a la protesta en forma pacífica, pero a eso de las 21 de ayer una minoría comenzó a atacar con piedras, palos y otros objetos a unos dos mil policías que custodian el Congreso y la plaza Dos Congresos.
Tras los disturbios, la Policía Federal y la Prefectura Naval detuvieron a 21 personas, mientras que 6 efectivos de las fuerzas federales resultaron heridos. También una fotógrafa herida en la cabeza. Y la policía de la Ciudad arrestó a otros 9. Como son delitos menores, ya se liberaron a 18. Otros esperan la determinación de los delitos que se le imputan.
Los incidentes provocaron la rotura de 1 patrullero, 2 camionetas de la policía de la Ciudad, 3 contenedores, veredas y negocios sobre avenida de Mayo.
En un escrito presentado ante la jueza federal María Servini, el director de Asuntos Jurídicos de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva denunció actos violentos y antidemocráticos que podrían haber tenido por fin establecer un escenario de estrépito en la comunidad, con el posible objetivo de inhibir y/u obturar, en forma parcial o plena, la actividad legislativa que se estaba llevando a cabo”, en el Senado.
“Estos comportamientos antidemocráticos que colisionan contra la República podrían configurar la comisión de los delitos de Daño Agravado (art.184 en función del art.183 del CP); Atentado al Orden Constitucional y a la Vida Democrática (art.226 del CP); Atentado a la autoridad Agravada (art.238 en función del art.237 del CP); Resistencia a la Autoridad (art.239 del CP)”, agregó..
Dichos ilícitos, a su vez, “podrían encontrarse agravados por haber sido cometidos con la finalidad de compeler a las autoridades públicas nacionales a abstenerse de cumplir con sus cometidos funcionales y constitucionales (art. 41 quinquies del Código Penal), sin perjuicio de otros delitos que pudieran surgir conforme al curso de la instrucción, o bien de acuerdo a la calificación escogida por el Ministerio Público Fiscal”.
En función de lo expuesto, “solicitamos a la justicia federal que inicie una exhaustiva investigación con el fin de corroborar la existencia de los hechos denunciados, se individualicen a los responsables y a todos aquellos que hayan colaborado o participado o instigado, propendido a la generación del escenario delictivo y antidemocrático que se denuncia”.
El ministerio de Seguridad de la Nación pidió a la jueza Servini que “ordene, con la mayor premura posible, todas las diligencias probatorias que considerare pertinentes a fin de preservar y obtener todos los registros fílmicos y fuentes de información que pudieran haber captado los hechos delictivos denunciados”.
“Ello, a efectos de identificar a las personas posiblemente implicadas en los ilícitos, y los instrumentos delictivos empleados para su comisión, tales como artefactos incendiarios, armas propias o impropias y medios de transporte utilizados para arribar al lugar de los hechos”, agregó.
Y solicitó que “libre oficio al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al honorable Congreso de la Nación, a fin de que tengan a bien informar la totalidad de los daños efectuados sobre la infraestructura local y edilicia, como también el perjuicio económico que ello conlleva”.
“Se hace saber a V.S que el Ministerio de Seguridad Nacional se encuentra en proceso de análisis de los acontecimientos delictivos reseñados precedentemente, a fin de evaluar el acompañamiento de elementos de convicción idóneos para la investigación, estando desde ya a su entera disposición para lo que considere oportuno y necesario a tales fines”, finalizó la cartera de Monteoliva.
El gobierno de la ciudad, por su parte, pidió a la justicia porteña que algunos les imputan atentado contra la autoridad y a otros atentado contra la autoridad agravado y lesiones Leves, al fiscal porteño Carlos Caputto.
Los detenidos por la policía de la Ciudad están repartidos los casos en 5 auxiliares fiscales de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal que coordina el fiscal Federico Tropea, y que contempla las comunas 1, 2 y 3.
“Son 18 los detenidos y todos por atentados a la autoridad, aunque pueden sumarse casos de daños, en el caso de los que fueron detenidos por quema de contenedores o rotura de móviles policiales”, informó una fuente del gobierno porteño.