Tras reiteradas intimaciones desoídas, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que juzgará a Cristina y Máximo Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero, apartó a un especialista que retrasaba la culminación de una pericia contable clave para poder comenzar el juicio oral. Se designaron peritos de la Corte Suprema y el estudio que debe determinar si hubo sobreprecios en los cánones de locación de los hoteles y propiedades, entre otros aspectos. El trabajo debe entregarse antes de la audiencia preliminar de septiembre, donde se organizará el desarrollo del debate. Se trata de los casos Hotesur-Los Sauces, las dos empresas de la familia Kirchner cuyos principales clientes fueron Lázaro Báez y Cristóbal López.
Luego de reiteradas apelaciones y dilaciones por parte de los acusados, a finales del 2024, la Corte Suprema rechazó todos los argumentos de la exvice, con los que pretendía evitar el debate oral. Pero desde entonces poco y nada avanzó.
El retraso responde a una pericia contable sobre la inmobiliaria Los Sauces, una medida de prueba fue requerida por Cristina y Lázaro Báez.
El expediente se concentró en las empresas familiares Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por haber sido el presunto vehículo para lavar 120 millones de pesos, cifra calculada entre 2008 y 2015. La maniobra se concretó “con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario”, según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando pidió que el juicio se realice.
Estas dos compañías nunca tuvieron sedes comerciales. En ambas, un común denominador fue Lázaro Báez, como inquilino en la inmobiliaria y como responsable de administrar y explotar los hoteles. La acusación lo vinculaba al contratista como una pieza necesaria para “devolver” a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad, donde la ex vice y el dueño del Grupo Austral fueron condenados.
En lo que concierne a estas causas por lavado de dinero hay otro delito atribuido: el de dádivas, por tratarse Cristina de una funcionaria, y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.
En la etapa de instrucción los casos se investigaron por separado pero se unificaron en la elevación a juicio oral, y es el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Pallioti, el responsable de realizar el debate.
La fiscalía a cargo de Diego Velasco, que intervendrá en el juicio, solicitó en reiteradas ocasiones que se fije fecha de inicio del juicio. La postura del TOF 5 fue que correspondía esperar las medidas de prueba que se encuentran en curso.
Son dos las pericias contables que se requirieron. La primera de ellas ya fue entregada, tal como reveló Clarín, y sostenía que Hotesur funcionaba únicamente para recibir dinero por parte de Lázaro Báez, quien explotaba la firma hotelera a través de la empresa Valle Mitre. Esta compañía recibía dinero de manera exclusiva de Austral Construcciones, que sólo percibía fondos de la obra pública vial del gobierno kirchnerista.
La segunda pericia aún no concluyó y se concentra en la inmobiliaria Los Sauces. Lo que ocurrió, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, es que algunos peritos cambiaron y el informe final se aguardaba para el primer trimestre de este año. Ello no ocurrió.
Ante esta situación, el fiscal Velasco insistió en el inicio del debate y que, como ocurrió en otros casos -como Vialidad-, una vez concluida la pericia se incorporó. El Tribunal mantuvo su postura y el caso no avanzaba.
Pero ahora el presidente del TOF 5, José Michilini, desplazó al perito que retrasaba de forma constante la culminación de la pericia contable sobre Los Sauces.
Ante la omisión a las diversas intimaciones cursadas para que se culmine con los puntos pendientes del estudio técnico, se resolvió por parte del TOF 5 la designación de los peritos contables de la Corte Suprema. La medida, según señalaron fuentes judiciales a Clarín, se estableció con plazo de entrega.
La audiencia preliminar fijada por los jueces del Tribunal para el 4 de septiembre y a la que deben acudir las defensas, se constituye como una fecha clave. “La pericia estará antes de esa audiencia”, indicaron fuentes allegadas al expediente a este medio.
Después de esa audiencia que se utiliza para ordenar el debate oral y público, su modalidad, el orden de las indagatorias entre otras cuestiones vinculadas al mismo, se conocerá cuándo dará inicio el juicio. La principal acusada es Cristina Kirchner y su hijo y diputado nacional, Máximo Kirchner.
La conexión de Vialidad con Hotesur
En función de los acuerdos comerciales que el dueño del Grupo Austral y la familia Kirchner celebraron, tanto Velasco como Mario Villar (fiscal ante la Casación) entendieron que “el lavado no se agota en Lázaro Báez” y que hay que tener en cuenta que en este expediente las operaciones de blanqueo se “realizaron para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios”.
Se unió así el caso Vialidad con Hotesur y Los Sauces. El circuito indicado por el Ministerio Público Fiscal indica que con el pago inicial del Estado “era Lázaro quien lavaba el dinero, pero en los pasos siguientes lo lograban lavar los destinatarios finales”, es decir: Cristina Kirchner y su familia.
La cronología es la siguiente. Desde 2009 a julio de 2013, el empresario condenado por lavado de dinero pagó a la ex presidenta 27.592.110 pesos a través de Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.
El alquiler del Alto Calafate incluyó otro valor significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico fue gracias a seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón de conferencias del lugar. Una misma caja.
A esos acuerdos se debe sumar el alquiler de habitaciones por parte de siete empresas del Grupo Austral, garantizando ingresos por 11 millones de pesos. Muchas de esas habitaciones, además, jamás se usaron.
¿De dónde provenían los ingresos de Valle Mitre y de las demás empresas de Báez? De Austral Construcciones. La compañía que recibía contratos viales, proporcionaba dinero a las demás empresas del Grupo, y después estas emitían cheques a favor de los hoteles de Cristina Kirchner. La principal empresa del holding inyectó 70 millones de pesos a la gerenciadora de los hoteles y esos fondos terminaron en el patrimonio de la ex vice.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) condenó a la ex vice y a Báez en el caso Vialidad. Allí se sostuvo que todo el dinero volcado a lo que la justicia calificó como “contratos simulados” tuvieron como único origen, las irregularidades en las obras viales. El circuito corroborado funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio.
El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”. La referencia es hacia Hotesur y Los Sauces.