Inseguridad en la Provincia: una app del ministerio deja fuera de las cifras del delito más de 100.000 robos y hurtos denunciados en un año

“Es rápido, fácil y seguro. La seguridad la hacemos entre todos”, invita una aplicación del gobierno bonaerense que permite a víctimas y testigos denunciar delitos desde el celular o la computadora -sin necesidad de moverse hasta una comisaría- y genera automáticamente un proceso penal. Se llama “Mi Seguridad”, la Provincia la puso en marcha en 2017, hace nueve años, y hoy origina más del 20% de las causas penales. Pero, al mismo tiempo, contribuye a que gran parte del delito quede fuera del radar.

El Ministerio de Seguridad y la Policía promueven la modalidad on-line. Según el caso, el personal de la Bonaerense sugiere a las víctimas utilizar esa vía en lugar de esperar a ser atendidas en las dependencias. Le dicen “denuncia ciudadana”, “denuncia web” o directamente, “la app”. No se aplica para las urgencias: en esos casos hay que llamar al 911.

La “app” ofrece un menú de categorías para encuadrar los hechos: violencia familiar o de género; delitos contra la integridad sexual; daños; robo/hurto (dividido en: “domiciliario, de celulares, de vehículos; otros”); comercio ilegal de autopartes; cuatrerismo; narcotráfico; corrupción policial; juego clandestino; apuestas ilegales; picadas. Las denuncias entran con estas etiquetas provisorias que después deben validar las fiscalías. Ciertos delitos admiten el anonimato, pero en la mayoría los usuarios se identifican, además de resultar trazables por el dispositivo que usaron.

El trámite lleva pocos minutos. Al finalizar, el sistema envía una constancia que informa la fiscalía asignada, el número de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) recién abierta y un código de seguimiento.

En 2025, las denuncias por esta vía generaron 225.398 IPP, lo que representó el 22% del total de las IPP iniciadas en la provincia, que totalizaron 1.035.350 IPP entre el fuero penal de adultos y el juvenil. Es decir que la modalidad on-line origina una de cada cinco causas penales.

El problema es el recorrido que sigue este caudal inyectado a la Justicia desde la aplicación. Para empezar, más de la mitad no entra a las categorías con que se mide estadísticamente el delito.

La explicación principal es que las denuncias categorizadas por los ciudadanos no son recaratuladas en las fiscalías. No les asignan una etiqueta del Código Penal: ni la que pusieron los usuarios de la plataforma, ni otra. Esto no indica que esas denuncias carezcan de pruebas, ni mucho menos que sean falsas. Es algo previo: no se encuadran jurídicamente.

La divergencia impacta de lleno en la estadística. Sin un delito asignado, no ingresan a las categorías penales (robo, hurto, abuso sexual, lesiones, estafa, daño, infracción a la ley de drogas, amenazas, etc.). En cambio, figuran como: “Delitos denunciados en el Sistema del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con tipificación provisoria”. Ocupan el último renglón de las tablas de “IPP iniciadas” que informa todos los años el Ministerio Público.

En la estadística difundida en mayo pasado (referida a las causas iniciadas en 2025), figuraron en ese renglón de tipificación provisoria 122.867 IPP, entre ambos fueros penales. El número representa el 54,5% de las 225.398 denuncias que se hicieron desde la aplicación.

De ese conjunto de causas (nacidas on-line y con “tipificación provisoria”), 103.085 habían llegado a la Justicia categorizadas por los denunciantes como “robos” y “hurtos”; delitos que predominan, por lejos, en el flujo que entra por la aplicación. Si las fiscalías las hubieran etiquetado, dichas categorías podrían haber engordado la estadística hasta un 36% respecto de lo registrado, que fueron 284.018 IPP.

El recorrido de las denuncias desde la app dejó fuera del radar más de 100.000 presuntos robos y hurtos denunciados, el equivalente a más de un tercio de todos los registrados. Un universo que incluye las entraderas, los hurtos de cubiertas de autos y de celulares, los robos de motos, y otros que padecen los habitantes del Gran Buenos Aires, Mar del Plata y La Plata. El funcionamiento de este sistema permite que el problema sea subestimado.

En menor volumen, entre las denuncias aparecían 8.661 por lesiones y tentativas de homicidio mediante violencia de género; 4.945 por daños; 3.970 por narcotráfico, y otras 1.411 que señalaban corrupción policial, juego clandestino o picadas de autos. Los fiscales no las etiquetaron. Y las categorías del delito no las absorbieron. Quedaron en la tipificación provisoria, una suerte de agujero negro.

Entre mayo, mes en que se publicaron las estadísticas, hasta septiembre de 2026, sí se recaratularon casi 7.000 denuncias. Si se sacara la foto hoy, esas IPP de origen virtual se sumarían a las categorías del delito.

Los datos son oficiales. Algunos figuran en distintos informes disponibles en la web de la Procuración bonaerense y otros fueron elaborados por su Departamento de Estadística en respuesta a una solicitud de Clarín.

La denuncia a través de la app se presentó a mediados de 2017, tras un convenio entre la Procuración y el Ministerio de Seguridad, en la gestión de Cristian Ritondo. Desde entonces se fue expandiendo, junto con sus consecuencias. Al principio, las IPP que este circuito originaba, pero dejaba fuera de las cifras del delito, rondaba el 1% de las IPP iniciadas en la Provincia. En 2024 ese número llegó al 13,5%. Y en 2025 fue del 12% de la masa de causas penales.

Pero en algunos departamentos judiciales, el impacto del sistema es mucho más profundo.

En Quilmes, un lote de 21.870 denuncias hechas en 2025 desde la aplicación mantuvo tipificación provisoria: es el 23,5% de las IPP iniciadas en esa jurisdicción. En La Plata, ocurrió con 15.155 denuncias de 2025 (el 16,5% de las IPP) y con 26.661 de 2024 (el 26,5% de las IPP).

En San Martín, 22.534 denuncias de 2025 quedaron sin delito asignado (19,3% de las IPP). Y en el departamento judicial Mar del Plata sucedió lo mismo con 11.343 denuncias (19,95% de las IPP).

La penetración de la modalidad también es notoria en Morón, donde se observan 12.429 denuncias de 2025 sin delito asignado (el 16,4% de las IPP), y en Moreno-General Rodríguez, una jurisdicción con 7.402 casos en la misma situación (16,7% de las IPP), siempre considerando los datos para los dos fueros penales conocidos en mayo, que tienen fecha de corte enero de 2026.

El problema no se agota en las cifras del delito. El otro punto es cuánto de lo que se denuncia por esta vía realmente se puede investigar, y por qué.

La plataforma tiene muchas ventajas. Los funcionarios no cargan datos en un mostrador, las víctimas, en situaciones ingratas, obtienen una constancia exprés que sirve para hacer trámites ante aseguradoras o empleadores. Y lo central: el sistema incluye una promesa de acción judicial, ya que origina una causa penal.

Pero la única opción que ofrece la aplicación para ratificar las denuncias es presencial: la víctima debe presentarse en la fiscalía en un plazo máximo de cinco días hábiles. Caso contrario, los fiscales pueden “archivar sin más trámite” las denuncias, según la resolución 416/17 del Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand.

Los antecedentes muestran que casi nadie da este paso. Los datos son apabullantes. En 2024, apenas el 1,29% de las denuncias fue ratificada (sólo 3.328 de 257.147). Y en 2025, con leve mejoría, se ratificó un ínfimo 1,87% (4.222 de 225.398).

Varios factores podrían explicar esta realidad. Pragmatismo (denuncias hechas solo para encaminar trámites), bronca que se disipa al día siguiente del episodio delictivo, falta de tiempo o de recursos para llegar hasta una fiscalía, desconfianza en la Justicia, temor y hasta desinterés.

También podrían influir ciertas contradicciones del sistema. Por ejemplo, que un canal digital desemboque en un requisito presencial. Esto es obligatorio según los “Términos y condiciones” (la letra chica de la app), pero parece optativo según su ficha en la tienda digital Google Play (allí dice que uno “puede acercarse” a la fiscalía “si así lo amerita la situación”). Además, los spots oficiales no suelen insistir sobre la obligación de ratificar la denuncia. Al revés, la comunicación se centra en que “ahora podés informar hechos delictivos sin ir a la comisaría”.

Como sea, 98 de cada 100 usuarios no ratifica la denuncia, y el efecto es demoledor: quedan a un paso de ser archivadas. La promesa de justicia se marchita ante el masivo incumplimiento de un paso formal impuesto por el propio sistema.

Pero el freno no lo pisan únicamente los ciudadanos. En el puñado de denuncias hechas en 2025 que sí fueron ratificadas, 1.728 (el 41%) tampoco habían recibido ni una etiqueta penal hasta septiembre de este año. Aun con la ratificación de la víctima, cuatro de cada diez denuncias puede seguir sin delito asignado.

“Mi Seguridad” nació como una promesa de solución tecnológica para tender un puente entre la Policía y la Justicia, también se anunció como una herramienta para “fidelizar las estadísticas”, e incluso para “reducir progresivamente el delito”; según su ficha en Google Play.

La función que cumple hoy es un poco distinta: reducir de forma sistémica las cifras del delito. Surge de los datos oficiales: más de la mitad del delito que se denuncia por esta vía queda fuera de las categorías con que se lo mide. El sistema podría definirse como una “aspiradora” de denuncias, si se considera que lo que ingresa por este dispositivo podría haberse registrado de manera presencial.

El resultado del circuito, que capta una buena porción de la demanda social ligada a la inseguridad, suena frustrante, y no solo por las cifras. De todas las denuncias recibidas en 2025 por la app, apenas el 1,1% reúne las dos condiciones para ser investigadas: la ratificación de la víctima y la recaratulación por los fiscales ((2.494 denuncias, del caudal de 225.398; datos a septiembre de 2026). El resto tiene un futuro sombrío.

Voceros del ministro de Seguridad, Javier Alonso declinaron responder consultas sobre la evolución de esta plataforma de denuncias.

Desde la Procuración, una alta fuente defendió la aplicación: “Funciona bien, recibe muchas denuncias y es una herramienta valiosa para acercar la justicia a la gente”, dijo a Clarín, en estricto off the record. Aunque admitió que están “trabajando para mejorarla”.

Otras dos fuentes calificadas que intervienen en la política criminal opinaron que la plataforma mutó en un problema serio. Una de ellas la definió como “una estafa” y otra, como “un monstruo”.

El Ministerio contrata esta plataforma a Soflex SA, una empresa porteña que provee los grandes servicios informáticos para la Subsecretaría de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, dirigida por Mauricio Idiart Facetta, El servicio incluye la aplicación propiamente dicha, un “Sistema de Información Delictual”, un “módulo de auditoría (análisis criminal)”, otro de “violencia de género”, y “capacitaciones” al personal del Ministerio de Seguridad. Su costo es de entre US$148.000 y US$ 400.000 por año, según distintas adjudicaciones publicadas en el Portal de Compras Públicas.