En una medida judicial que marca al mismo tiempo un hito en la historia reciente del sindicalismo argentino, el juez Julián Ercolini llamó a declaración indagatoria a trece exlíderes que ocuparon los cargos más relevantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), acusados de haber cometido supuestos fraudes financieros con multimillonarios fondos recaudados entre los aportes de los afiliados. Esas maniobras incluyeron también la contratación de una empresa ignota en el mercado a la que se benefició con el cobro de una comisión solo para que administrara el enorme presupuesto que tanto la UOM como su obra social recolectaban mediante el pago de los aportes de sus afiliados.
Hoy, la UOM se encuentra intervenida por orden judicial. Una auditoría de quienes quedaron a cargo del gremio detectó aun más desmanejos de millones que se movieron entre los ex capitostes de los metalmecánicos.
Los dirigentes que fueron llamados a indagatoria son el propio exsecretario general de la UOM, Abel Furlán, quien deberá presentarse en tribunales el próximo 17 de noviembre. La exempleada del sindicato y al mismo tiempo fundadora y controlante de la empresa que manejó los fondos multimillonarios de la UOM, María Soledad Calle, tiene fecha para responder como imputada en el expediente el próximo 24. El exsecretario Administrativo del gremio, Osvaldo Lobato, irá a los tribunales el 1 de diciembre de este año. El experto contable Alberto Braconi, el otro miembro junto con Calle de la llamativa firma privada USEM SA, centro de la pesquisa debido a que es la compañía que manejó el dinero a discreción de todos los afiliados al gremio, deberá declarar el 9 de diciembre. Mientras que el sindicalista Naldo Brunelli, histórico secretario general de la UOM en San Nicolás, subirá los escalones de los tribunales de Comodoro Py el 14 de diciembre.
El ex hombre fuerte de los metalmecánicos en Santa Fe, José Luis Ortiz, será el último indagado por Ercolini: su turno es el 15 de enero. Además de tomar esta decisión de relevancia, el juez firmó ayer la inhibición general de bienes para los trece convocados a indagatoria. Entre los argumentos, el magistrado habría sostenido que su resolución responde a la magnitud de la maniobra financiera investigada, a los indicios de patrimonios crecientes de varios de los acusados y a la necesidad de garantizar que los posibles bienes adquiridos con dinero de origen ilegal no cambien de propietarios para intentar desviar la atención de los sabuesos judiciales.
Un dato resalta entre varios de estilo similar, y fue aportado por la intervención al gremio, ya con Furlán fuera del manejo del día a día del sindicato. Los analistas del dinero que corrió por la UOM sin controles básicos descubrieron que desde una de las secciones bajo sospecha se entregó a la empresa USEM alrededor de 959.000 dólares en efectivo, sin documentación respaldatoria sobre de dónde había surgido esa plata, con el objetivo de que la firma contratada por Furlán para manejar la contabilidad del sindicato la depositase en una caja de seguridad del Banco Nación. El juez solicitó también que se le informe de modo oficial todos los detalles sobre los movimientos de esa caja para guardar valores.
Con este paquete de medidas, Ercolini avanza en un expediente inédito para las investigaciones que suelen indagar sobre el manejo de los sindicatos de la CGT. Más aun, la UOM es quizás el gremio más emblemático para el PJ. Esta trama de posibles desmanejos, o de falta de transparencia en el contrato que firmó la UOM con la firma privada USEM SA en febrero de 2023, se mantuvo en secreto para los afiliados al sindicato y también para buena parte de los secretarios de las seccionales de las provincias. Clarín y el canal de noticias A24 revelaron esta trama que avanzó en rumbos muy singulares.
La fundadora de la firma USEM, creada dos meses antes de ser beneficiada con el contrato que la transformaría en receptora de multimillones de pesos mensuales, de los que cobraría el 0,5 % de comisión, es Soledad Calle, como ya se mencionó. Además de militar en La Cámpora, se conoció que tras su ascenso patrimonial como empresaria ligada a los negocios del sindicalismo había comprado de modo confidencial el piso de abajo en el departamento de San José 1111 en el que su jefa política, Cristina Kirchner, cumple su condena en arresto domiciliario tras ser encontrada culpable de cometer delitos de corrupción. No solo eso: Calle era empleada de la misma UOM que decidió contratarla a través de su firma privada para administrar fondos de todos los afiliados y de la obra social sindical. Cuando la intervención tomó control del gremio, fue despedida de su cargo, al que el juez Ercolini menciona como posiblemente incompatible con su otro rol de encargada financiera de la gran “caja” gremial de los metalmecánicos.
El gran sostén político de Sol Calle en la UOM fue quien se desempeñó hasta la intervención como el secretario general del gremio, Furlán. Era uno de los miembros de la CGT con mayor comunicación y alineamiento con los Kirchner. A pesar de que la CGT emitió un comunicado de queja cuando la UOM fue intervenida por la Justicia por motivos vinculados a sus finanzas, pero sobre todo por irregularidades en sus últimos comicios internos, pasados los meses ni Furlán ni el resto de los miembros del Consejo Directivo, como Lobato, siguieron siendo defendidos por sus compañeros. Ocurre que la revelación de los supuestos desmanejos con millones y millones de pesos o dólares que utilizaron o transfirieron con métodos poco claros generó fastidio entre sus “compañeros” cegetistas.
El juez Ercolini acaba de avanzar, con su llamado a indagatoria a los exjefes de la UOM, de un modo inédito hasta ahora en causas de posibles malversaciones de fondos de sindicatos en la Argentina. Según pudo saber Clarín de fuentes al tanto de esta trama jurídica, en uno de los párrafos en los que llama a indagatoria a los metalmecánicos imputados, el magistrado describe el núcleo de su pesquisa como una serie de acciones tomadas adrede por la cúpula sindical para manejar de forma infiel el dinero de los afiliados. Al mismo tiempo destaca, entre otros ítems similares, la falta de transparencia con la que se eligió contratar a USEM SA de la “camporista” Calle, del mismo modo que no se habrían encontrado documentos que demuestren que esa compañía controló los multimillones que pasaron por sus cuentas. El juez también señala que falta aún profundizar en el crecimiento patrimonial de los imputados llamados a indagatoria.
Clarín pudo saber que existen registros públicos, por ejemplo, del exsecretario administrativo de la UOM, Lobato, quien figura como propietario o controlante de dos studs de caballos de carrera de primera línea. Uno de esos establecimientos se llama “Luzbelito”, y el otro, “El Basti”. Fuentes judiciales afirmaron que la fiscalía de Eduardo Taiano recolectó información al respecto. El metalmecánico Lobato se ha mostrado como el propietario de varios de los caballos de sus studs, que tendrían una facturación de más de 500 millones de pesos. Entre los pura sangre más destacados se podrían mencionar a Rumbo al Abra, Don Zahir, Sueño Argentino, Gatao y muchos más. Pero hay uno de esos corceles, ganador de varios premios en hipódromos como el de La Plata y el de Palermo, que lleva un nombre de inconfundible génesis peronista: “El Descamisado”. No hace falta agregar nada más.
La UOM es el gremio en el que militó y se formó el secretario general de la CGT asesinado por la lucha armada, José Ignacio Rucci. También el de Augusto Vandor. Y el de Lorenzo Miguel. Sin idealizar, otras voces, otros ámbitos.