El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) impuso una fecha límite para que se concluya e informe una prueba determinante: la pericia sobre la inmobiliaria de la familia Kirchner, Los Sauces SA. Este lunes, el juez José Michilini intimó a los peritos para que en el plazo de 24 horas se dé cuenta del estado de situación del informe técnico y no podrá pasar de esta semana para que el trabajo este terminado. Es, también, esta semana que vence el plazo para que las partes presenten la lista de testigos para que finalmente el TOF 5 fije fecha de inicio del juicio por lavado de dinero que, por primera vez, sentará en el banquillo de los acusados a Máximo Kirchner.
Luego de una controvertida y luego anulada absolución de los acusados sin hacer el juicio oral, que la Corte Suprema terminó de revertir a fines de 2024, se espera que las audiencias comiencen de una vez.
Recién hace dos semanas, el TOF 5 integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti realizó la audiencia preliminar donde se informó cómo se llevará a cabo el debate: habrá tres audiencias semanales y estrictamente presenciales, y se habilitarán los fines de semana y de la feria judicial de verano si fuera necesario, lo que anticipa que el juicio podría iniciar antes de fin de año.
El retraso para el inicio del mismo respondió en gran medida a la culminación de una pericia contable sobre la inmobiliaria Los Sauces SA que presenta continuos retrasos. La medida de prueba fue requerida por Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
Este expediente se concentró en las empresas familiares Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por haber sido el presunto vehículo para lavar 120 millones de pesos, cifra calculada entre 2008 y 2015. La maniobra se concretó “con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario”, según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal cuando pidió que el juicio se realice.
Estas dos compañías nunca tuvieron sedes comerciales. En ambas, un común denominador fue Lázaro Báez, como inquilino en la inmobiliaria y como responsable de administrar y explotar los hoteles. La acusación lo vinculaba al contratista como una pieza necesaria para “devolver” a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad donde la ex vice y el dueño del Grupo Austral fueron condenados.
Ademas del lavado de dinero hay otro delito atribuido: el de dádivas, por tratarse de una funcionaria y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.
Se requirieron dos pericias contables. La primera de ellas ya fue entregada, y sostenía que Hotesur funcionaba únicamente para recibir dinero por parte de Lázaro Báez -quien explotaba la firma hotelera con su empresa Valle Mitre SRL-. Esta compañía recibía dinero de manera exclusiva de Austral Construcciones, que sólo percibía fondos de la obra pública vial del gobierno kirchnerista.
La pericia interminable
La segunda pericia aún no concluyó y se concentra en la inmobiliaria Los Sauces. Lo que ocurrió, según estableció Clarín de fuentes judiciales, es que algunos peritos cambiaron y el informe final se aguardaba para el primer trimestre de este año. Ello no ocurrió.
Sobre esta segunda medida de prueba necesaria para dar inicio al juicio, según el criterio establecido por el Tribunal, se ordenaron dos cuestiones puntuales: el TOF 5 intimó a los peritos a que en el plazo de 24 horas informen el nivel de avance del informe técnico. Y que el trabajo terminado sea entregado esta misma semana.
Se trata de un estudio pericial “interdisciplinario ampliatorio de los informes periciales” que ya se hicieron durante la instrucción. La tarea la realiza el Cuerpo de Peritos especializados en casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La fecha impuesta coincide con el vencimiento de los plazos que el Tribunal fijó a las partes y al Ministerio Público Fiscal para que reduzcan la cantidad de testigos sugeridos para el debate oral y público. A la fecha, entre los dos expedientes que serán juzgados en conjunto -Los Sauces y Hotesur-, la cantidad de personas a citar ascendía a 300. El TOF 5 indicó que sólo aceptará a aquellos testigos que tengan vinculación exclusiva con el objeto de investigación.
El circuito de los fondos cuestionados
El circuito de dinero corroborado funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio.
Ese dinero, explicó la justicia, se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”.
Según la argumentación judicial, Cristina Kirchner proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez, que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales”. “O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.
El destino final de ese dinero era, “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”.
La compañía que recibía contratos viales, proporcionaba dinero a las demás empresas del Grupo, y después estas “emitían cheques a favor de los hoteles de Cristina Kirchner”.
Hubo otro circuito: Austral Construcciones otorgó créditos internos a Valle Mitre -firma de Báez que administraba los hoteles de los Kirchner- por 71 millones de pesos. Con ese flujo de fondos que provenían de la obra pública vial, Báez garantizó el pago mensual a Néstor y Cristina Kirchner por el alquiler y explotación de Hotesur SA.
Por eso, desde 2009 a julio de 2013 el empresario condenado por lavado en la Ruta del Dinero K pagó a la ex presidenta 27.592.110 pesos a través de Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.