El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, avanza con una reforma del Código Procesal Laboral provincial con un objetivo que su administración plantea como prioritario: contener el fuerte crecimiento de los juicios vinculados a accidentes y enfermedades laborales y ponerle así un freno a lo que en el oficialismo y el sector empresario describen como la “industria del juicio”.
La iniciativa pone la lupa principalmente sobre las pericias médicas, un engranaje central de los litigios por Riesgos del Trabajo. Pero los cambios van más allá: el proyecto también modifica el sistema de honorarios de los peritos y elimina una exigencia económica que actualmente deben cumplir los empleadores condenados para poder apelar.
La discusión aparece en momentos en que la provincia muestra uno de los mayores aumentos de litigiosidad laboral del país. Según estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante 2025 se iniciaron 2.502 juicios por Riesgos del Trabajo en Entre Ríos, un 25% más que en 2024. Y en los doce meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 la cantidad de nuevas causas aumentó 38%, el mayor crecimiento entre las nueve principales jurisdicciones relevadas.
El ministro de Gobierno y Trabajo entrerriano, Manuel Troncoso, reconoció que la litigiosidad “se disparó estrepitosamente” durante los últimos dos años y sostuvo que el fenómeno es “multicausal”. Desde la administración provincial aseguran que pretenden debatir la reforma antes del receso legislativo de verano.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos que dependerá directamente del Poder Judicial y actuará en los juicios derivados del régimen de Riesgos del Trabajo. En principio estará integrado por tres peritos médicos, que tendrán sede en Paraná, pero podrán intervenir en todas las jurisdicciones de Entre Ríos. Serán seleccionados por concurso público de antecedentes y oposición y mantendrán una relación de dependencia con el Poder Judicial.
La diferencia con el esquema que cuestiona el Gobierno está en cómo cobrarán esos profesionales. Los médicos del nuevo cuerpo recibirán una remuneración fija y no tendrán sus ingresos atados al porcentaje de incapacidad reconocido al trabajador ni al monto final de una indemnización.
El proyecto sostiene que esa desvinculación económica busca fortalecer la independencia de las pericias y evitar que el profesional pueda tener un interés patrimonial relacionado con el resultado del juicio. En los fundamentos de la reforma, el Ejecutivo argumenta que la remuneración de un perito “no debe depender directa ni indirectamente” del porcentaje de incapacidad que determine.
Para los casos en los que deba recurrirse a otros peritos, la reforma también cambia la manera de fijar sus honorarios. Ya no podrán calcularse a partir del monto reclamado, la condena, un acuerdo o el porcentaje de incapacidad. El juez deberá tomar en cuenta factores como la complejidad, extensión, calidad y utilidad de la tarea realizada, con un tope equivalente a ocho juristas.
Otro cambio de peso es que los médicos deberán utilizar obligatoriamente la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales vigente a nivel nacional —el denominado baremo— y tendrán que explicar técnicamente qué parámetros utilizaron para llegar a sus conclusiones. El Gobierno entrerriano apunta de esa manera a reducir las diferencias entre pericias sobre cuadros similares y a establecer criterios más uniformes. En 2025, Nación actualizó esa tabla mediante el decreto 549/2025.
La reforma incluye además una modificación que impacta directamente sobre los empleadores que reciben una sentencia adversa. Hoy, para que se conceda una apelación en determinados procesos laborales, el empleador condenado debe depositar previamente el capital de la condena junto con una suma estimada para intereses y costas, o presentar bienes suficientes para que sean embargados.
En sus fundamentos, el Ejecutivo de Frigerio sostiene que la condición económica puede terminar diferenciando a las empresas según su capacidad financiera: aquellas que tienen liquidez o bienes disponibles pueden recurrir al fallo, mientras que otras podrían quedar fuera de una segunda instancia por no disponer de esos recursos.
La eliminación del depósito no significa, sin embargo, que una sentencia quede sin garantías. El texto mantiene la posibilidad de que los jueces dicten embargos preventivos u otras medidas cautelares para asegurar un eventual cobro. El argumento oficial es que esas herramientas permiten evaluar cada expediente individualmente sin imponer una barrera económica automática para apelar.
Ese punto será uno de los más sensibles del debate legislativo porque toca el equilibrio entre la protección del crédito laboral y el derecho de los empleadores a revisar una sentencia.
El respaldo de las aseguradoras
La iniciativa consiguió rápidamente el respaldo de la UART, que la presentó como un “primer paso concreto y necesario” para modificar el funcionamiento de los litigios por Riesgos del Trabajo en Entre Ríos.
La entidad viene reclamando cambios en distintas jurisdicciones para que las pericias médicas utilicen criterios homogéneos y para que los honorarios profesionales no estén vinculados con el resultado económico de una demanda. Según sus estadísticas, el índice de judicialidad entrerriano pasó de 69 a 87 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos durante 2025.
El fenómeno no es exclusivo de Entre Ríos. A nivel nacional, las ART contabilizaron 136.979 nuevos litigios en los doce meses terminados en agosto de 2026 y proyectaron más de 138.000 causas para todo el año. En agosto hubo casi 15.000 nuevos expedientes, con fuertes aumentos también en Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.
Frigerio intenta ahora intervenir sobre ese escenario desde las facultades provinciales, sin modificar el régimen laboral de fondo, que depende de legislación nacional. El proyecto se concentra específicamente en las reglas procesales que rigen dentro de la Justicia entrerriana: quién hace las pericias, bajo qué criterios, cómo cobra y qué condiciones deben cumplirse para revisar una sentencia.
La apuesta del Gobierno es que esas modificaciones reduzcan los incentivos económicos que, según su diagnóstico, favorecen la judicialización y den mayor previsibilidad a empleadores y aseguradoras.