Tras dos semanas de receso el Senado retoma la actividad con proyectos que le interesan al Ejecutivo. Mientras busca los votos para sesionar y aprobar el jueves la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo convocó para el miércoles a las comisiones para debatir y, si pueden, dictaminar el Súper RIGI, que ya tiene media sanción de Diputados y otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a las empresas que inviertan más de mil millones de dólares en el país.
El plenario de Presupuesto y Hacienda y Legislación General, que presiden los libertarios Agustín Monteverde y Nadia Márquez; y la de Economía, a cargo de Martín Goerling del PRO, se reunirá el miércoles a las 15 en el Salón Azul.
El Súper RIGI busca captar inversiones a partir de los mil millones de dólares en sectores que no se desarrollen actualmente en el país o estén en fase experimental. Concretamente apunta a negocios de Inteligencia Artificial, producción de baterías de litio; de autos eléctricos; entre otros.
Es una versión más ambiciosa del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado dentro de la Ley Bases, que fija en 200 millones de dólares el monto mínimo de inversión requerido para un proyecto.
La nueva iniciativa oficialista ya obtuvo media sanción de Diputados en junio con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones. Acompañaron el PRO,la UCR, el MID, los provinciales de Santa Cruz, Salta, Misiones, Tucumán y San Juan. Si esos sectores lo apoyan también en la Cámara alta, el proyecto puede tener luz verde.
Para conseguir esas firmas LLA aceptó cambios al texto original: sumó la cláusula de “Compre Nacional” para destinar al menos un 20% de la inversión en proveedores locales para los proyectos que surjan a partir de este régimen.
A su vez, se estipuló que las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) vinculadas al proyecto se computan por el doble de su valor. Pero ese beneficio tiene un límite: el monto computado por I+D no puede representar más del 20% de la inversión mínima exigida.
Por otra parte, para la definición de una actividad “nueva” se estableció que no quedará librado a una interpretación subjetiva, sino que deberá definirse con criterios objetivos y medibles.
A su vez se crea un registro público para que cualquier persona pueda consultar qué empresas solicitaron adherirse al régimen, qué proyectos fueron aprobados, y qué sanciones recibieron quienes incumplieron las reglas.
Quienes adhieran accederán a múltiples beneficios: el impuesto a las Ganancias baja del 35% del régimen general al 15% (en el RIGI era 25%), las retenciones a exportaciones son cero desde el día uno (en el RIGI, desde el año tres), los derechos de importación se eliminan para los bienes vinculados al proyecto (en el RIGI, solo bienes de capital y partes) y las contribuciones patronales bajan del 24% general al 10% para nuevos empleos (el RIGI no lo incluía).
Si avanza, el régimen tendrá una vigencia de cinco años y el Ejecutivo podrá aplicar una única prórroga por un año.