Un jardinero como único empleado, 81 operaciones inmobiliarias para el blanqueo de fondos, domicilios declarados que eran falsos y libros contables fraguados y plagados de inconsistencias, son algunas de las irregularidades que caracterizaron a Los Sauces SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner. En el marco del juicio que comenzó el pasado 23 de octubre, este lunes se leyeron algunas de las piezas clave que permiten al Ministerio Público Fiscal sostener que la compañía fue sólo una “pantalla para canalizar fondos ilícitos”. Es decir: lavar dinero que provenía de dos fuentes exclusivas: Lázaro Báez y Cristóbal López.
Este lunes y a las 10 se reanudó la audiencia del juicio por los casos Hotesur-Los Sauces, a cargo del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, que durante la primera etapa de lectura de los requerimientos de elevación a juicio se desarrolla de manera virtual. Máximo y Cristina Kirchner siguieron la lectura de forma telemática, al igual que los treinta imputados en los dos expedientes con un mismo delito: el lavado de dinero.
En el marco de una nueva audiencia, en este juicio donde interviene el fiscal Diego Velasco, se brindaron detalles sobre las principales irregularidades de Los Sauces que permitieron dar por “corroborada la existencia de una estructura montada para el blanqueo de activos”.
La hipótesis central de la acusación judicial sostiene que ambas firmas -Los Sauces y Hotesur- funcionaron como vehículos de reciclaje de fondos ilegales provenientes de las licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz y de beneficios otorgados a empresarios afines.
El esquema consistía en la simulación de alquileres de propiedades y contratación de plazas hoteleras por parte de compañías de los grupos empresariales, permitiendo que el dinero ingresara formalmente y de forma periódica al patrimonio de los exmandatarios.
En conjunto, el circuito unificado de ambas causas contempló contratos, retiros de fondos y transferencias por más de 110 millones de pesos de aquel período, maniobras que, de acuerdo con los requerimientos judiciales, derivaron en un incremento patrimonial exponencial de las firmas y en la disposición directa de fondos y propiedades por parte de los imputados.
Este lunes en la audiencia se escuchó la siguiente descripción: “los ex presidentes dirigían y controlaban la organización criminal, valiéndose de su rol y jerarquía para beneficiar ilegítimamente a los empresarios mencionados y recibiendo ya desde el lado privado una porción de lo sustraído a través de las maniobras de lavado de activos investigadas”.
Primer paso: crear la inmobiliaria
Todo comenzó con la constitución de la inmobiliaria que después tuvo dos inquilinos exclusivos: Báez y Cristóbal López. La acusación sostiene que Los Sauces se creó sólo para recibir dinero de ellos, quienes a su vez lo cobraban de el Estado.
A través de la actividad inmobiliaria y hotelera “se instrumentaron las maniobras de lavado de dinero y la necesidad de complejizar los 81 diferentes mecanismos, a través de la creación de sociedades, el otorgamiento de poderes, la compraventa de propiedades en forma cruzada”, se consignó.
En todas esas 81 operaciones intervino el ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, quien le admitió a Clarín días atrás, que se “arrepiente de haber lavado dinero”. Pero además, se requirió de la participación de Ricardo Albornoz y Ludueña, “quienes aportaron a la organización las funciones y conocimientos que su rol como notarios le otorgaban”. Según la acusación, todos se “ensamblaron como piezas de un rompecabezas, y permitieron diseñar, establecer y mantener durante más de 12 años un esquema de corrupción sin precedentes”.
Recordemos: la mayor parte de la facturación de la firma Los Sauces correspondía a dinero que provenía de empresas del Grupo Indalo (65%) y del Grupo Báez (23%).
Una empresa sin sede
En un momento de la audiencia de juicio se leyeron las principales irregularidades detectadas en el funcionamiento de Los Sauces, “todas ellas orientadas a mantenerla entre las sombras mientras se ejecutaba la maniobra de blanqueo de activos”.
Así, durante el período investigado y para “ocultar lo que acontecía en el interior de la empresa, se verá que la gestión de Los Sauces no tuvo sede social; sus libros sociales y registros contables fueron llevados en franca violación a la ley y no se encontraban en los domicilios declarados ante las autoridades competentes ; y tampoco tuvo empleados que trabajaran para el objeto social de la firma”.
Los Sauces SA jamás contó con oficinas de atención al público, cartelería ni personal operativo. Fijó sus domicilios de manera simulada o en el estudio contable de Víctor Manzanares, donde únicamente se resguardaba documentación societaria de los expresidentes.
El jardinero, único empleado
Ademas, Los Sauces era una empresa sin empleados. El requerimiento enfatizó que “no tuvo personal que llevara a cabo la actividad de intermediación inmobiliaria y, cuando lo tuvo, registró a dos empleados —al jardinero personal de Cristina Fernández y a su hija Florencia Kirchner—, cuyas funciones en la empresa se desconocen hasta el momento”.
La firma no tuvo ningún empleado entre 2006 y mayo de 2010, cuando incorporó a Ramón Ángel Díaz Díaz, quien declaró judicialmente que desde fines de 1990 realizaba tareas de jardinería doméstica para Cristina Kirchner. Recién en junio de 2015 se sumó Florencia Kirchner a la nómina.
La fiscalía concluyó que “la inexistencia de empleados reales que desplieguen la actividad a la que supuestamente se dedica la firma (negocio inmobiliario), corrobora la hipótesis sostenida por este Ministerio Público Fiscal y demuestra que su inclusión fue únicamente para aparentar tener una infraestructura acorde a la actividad desarrollada“.
Libros contable en blanco, tachados, fraguados
A esas irregularidades se le sumó otra: libros contables que violaban todo tipo de normativa exigida. Se cuestionó la formalización y conservación de los libros sociales y los registros contables de la empresa Los Sauces, “puesto que aquellos fueron llevados en franca violación a la ley”.
Se dio lectura a una serie de requisitos impuestos por ley para evitar cualquier circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones contables. Al cotejarlos con los libros de Los Sauces, el Ministerio Público Fiscal sostuvo: “una, varias o quizás todas las prohibiciones legales fueron cometidas”.
Cuando se confrontaron los libros sociales y contables incautados, se verificó la existencia de “tachaduras, folios anulados con la inscripción ‘erróse’ o ‘anulado’, registraciones de fecha anterior a la rúbrica del libro, asientos no correlativos, además de registraciones cuya operación resulta de imposible localización y discriminación, saldos materialmente imposibles, entre tantas otras falencias”.
Como se observa, “fueron varias las acciones cometidas con la finalidad de enmascarar o recortar la verdad de los hechos, ya sea a través de la cancelación de actos, de la supresión de información esencial o bien del asentamiento insuficiente o no confiable de información, todo lo cual fue instrumentado intencionalmente para el desarrollo de la maniobra de lavado de dinero”.
La lectura de la acusación que se hizo este lunes, expuso que la creación de Los Sauces fue apenas el prólogo de un plan mayor, en el que Néstor, Cristina y Máximo Kirchner “incorporaron propiedades, terrenos y hoteles al patrimonio de la sociedad familiar, como paso necesario para la instrumentación y puesta en marcha de la maniobra de reciclaje de fondos de origen ilícito”.
Para los acusadores, el abastecimiento de activos se estructuró a dos puntas: entre diciembre de 2006 y agosto de 2010, los exmandatarios cedieron lotes personales como aportes irrevocables de capital y “encomendaron a su socio, Lázaro Báez, la construcción de edificios con departamentos en ellos”, mientras en simultáneo adquirían nuevos predios y plazas hoteleras en representación de la empresa.
La operatoria inmobiliaria no respondió a una dinámica comercial convencional ni buscó una cartera abierta de clientes. La imputación fiscal remarcó que “la mayoría de los bienes inmuebles incorporados a la firma Los Sauces, luego fueron entregados en alquiler a las empresas del Grupo Indalo y del Grupo Báez, con el propósito de instrumentar a partir de enero de 2009 el proceso de canalización de fondos ilícitos a favor de la empresa de los ex presidentes”.