A pesar de la expectativa que el Gobierno se había encargado de alimentar a fines de septiembre, la posibilidad de avanzar con la media sanción antes del 31 de octubre con la reforma electoral para suspender las PASO empieza a desdibujarse. Ni la extensa comitiva de gobernadores que acompañó a Javier Milei a Francia ni el frecuente exceso de entusiasmo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, pudieron destrabaron un escenario de desconfianza mutua que en mayor o menor medida caracteriza al vínculo entre Nación y las Provincias; y en la Casa Rosada ya hay quienes dan por hecho que el proyecto deberá tratarse, al menos en una de las cámaras del Congreso, durante las sesiones extraordinarias de diciembre. “Ya no dan los tiempos y menos ahora que se confirmaría que viene el Papa y vamos a tener una semana menos de trabajo”, anticipó una alta fuente del Gobierno.
Lo curioso es que tampoco hay demasiada inquietud en Balcarce 50. Incluso, en las últimas horas surgió un dato todavía más llamativo: a contramano de los usos y costumbres de la política y de lo que distintas voces de la propia administración libertaria advertían cuando ponían como plazo máximo “fin de año”, algunas voces del oficialismo tampoco descartan que la discusión termine trasladándose a 2027, en pleno año electoral, una alternativa que la propia Justicia Electoral desaconsejó por los problemas que podría generar en la organización de los comicios.
“No hay ningún apuro. Ninguno. ¿Y si hay que votarla en el primer trimestre del año que viene, por qué no? No hay una ley que prohíba hacerlo”, es el planteo ante Clarín de un estrecho colaborador presidencial. Las espadas violetas en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, rechazan de plano esa dilación porque además entienden el impacto que puede tener en otras leyes que son prioridad para Milei, como el Presupuesto 2027 y el acuerdo con Estados Unidos.
Por ahora, la propuesta, aunque también la acercó un senador opositor, parece más una prueba de ensayo para evaluar su impacto que una decisión de la mesa política donde no se llegó ni a evaluar.
El mes pasado, la Cámara Nacional Electoral emitió una acordada en la que recordó que “los estándares internacionales en materia de integridad recomiendan que las reglas estructurales del sistema electoral no sean modificadas en la proximidad de los comicios, a fin de dar certeza a los actores políticos y a las autoridades encargadas de su implementación”.
Con todo, lejos de acelerar las negociaciones, el Gobierno luce sumergido en una profunda interna y parece dispuesto a seguir estirando los tiempos.
El problema no pasa únicamente por las diferencias que, tal como contó Clarín, hay en la mesa política respecto a quienes creen que se deben apurar los acuerdos electorales para abrochar la reforma política y los que prefieren ir más despacio y evaluar a último momento, con la intención de no resignar armados propios para pelear gobernaciones.
Hasta los más optimistas en los números, como Santilli, admiten que todavía faltan algunos votos para alcanzar los 37 senadores para aprobar la ley. Y esos votos no llegarán si no se anticipan los tiempos. Esto choca con la postura intransigente de Karina Milei que exige que los gobernadores primero apoyen para eliminar las primarias. Lo mismo, pero al revés, reclaman desde las Provincias: “No nos cumplieron casi nunca y pretenden que sigamos creyendo; primero anunciemos los acuerdos”, dijo ante este diario un gobernador que ya mostró su predisposición a acompañar pero que no dará la orden hasta que no le den garantías en su distrito.
Pero a la dificultad para conseguir los votos, se suma que el Presidente no es un tema que lo ocupe demasiado. Ya expresó su deseo de eliminar las PASO, pero no lo urge ordenar una discusión que divide a su propia tropa.
Aunque nadie lo admitirá en público, hay otra cuestión que empezó a colarse en las conversaciones de la mesa política. Cuando el Gobierno decidió impulsar la suspensión de las primarias, el análisis era que la eliminación de esa instancia favorecía las posibilidades de Milei de ganar la elección presidencial en primera vuelta. Era una conclusión que prácticamente nadie discutía. La caída en las encuestas y el malestar que provocaron algunas decisiones de la gestión obligaron a revisar aquel diagnóstico.
Al menos dos integrantes de la mesa política admitieron ante Clarín que tienen dudas sobre el impacto que podría tener la suspensión en una parte del electorado republicano que acompañó a Milei para evitar el regreso del kirchnerismo, pero que hoy está molesto con las formas del Gobierno y reprocha cuestiones vinculadas a la falta de transparencia y la lucha contra la corrupción. La pregunta que se hacen es si, sin primarias, esos votantes tendrán una instancia para reconsiderar su voto útil antikirchnerista o si directamente terminarán ausentándose de las urnas. “¿Y si ellos se unen y juntan los 40 puntos? Tuvieron 37 con 200 por ciento de inflación”, razona una voz de la mesa política.
El antecedente concreto es lo ocurrido el año pasado, cuando después de la derrota bonaerense frente al peronismo, el oficialismo pudo revertir el clima político y asegurar un contundente triunfo nacional. No todos comparten esa preocupación, pero alcanza para que algunos empiecen a preguntarse si la suspensión de las PASO sigue siendo tan conveniente como parecía meses atrás.
Quienes fogonean una candidatura a presidenta de Bullrich en una primaria contra Milei, plantean que la ex ministra podría servir para contener a ese público desencantado, que luego, de imponerse el mandatario, se mantendrían en el espacio. “Es imposible que nosotros usemos las PASO: el único candidato de LLA es el Presidente”, repiten cerca de Karina, que desconfía cada día más de la senadora.