Tras el escándalo que protagonizó Juan Grabois junto a otros legisladores libertarios que obligó a terminar abruptamente la primera reunión de debate por el proyecto de Defensa de la Soberanía, la llamada “Ley Malvinas”, Diputados retomó este martes la discusión de la iniciativa. Originalmente, el oficialismo tenía previsto dictaminarlo esta semana pero en medio de la embestida opositora -que convocó a una sesión para intentar voltear el DNU 70 de Javier Milei- se dilata la definición y el peronismo pide dividirlo.
Este martes el plenario de comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones recibió a una docena de expositores invitados -la mayoría en contra del proyecto- y La Libertad Avanza sumó un encuentro para este miércoles en el que expondrá la secretaria de Legal y Técnica del Gobierno, María Ibarzabal Muprhy.
El oficialismo quiere dictaminar el texto la semana que viene y votarlo en la sesión que prevén para el 21 de octubre.
Esta semana, los legisladores grabaron un video, encabezado por Martín Menem, para impulsar la norma.
🇦🇷 HECHOS, NO PALABRAS: el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional va a proteger nuestros recursos, nuestro mar y nuestro territorio.
Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. pic.twitter.com/8CKdETV40T
— Bloque Diputados LLA (@LLA_Diputados) October 6, 2026
La oposición pide dividir el proyecto
Desde Unión por la Patria le pidieron al oficialismo dividir el proyecto, que tiene 133 artículos, para lograr consenso y votarlo en conjunto.
“Tal cual está, tiene los elementos de una ley ómnibus que merecería dividirse en 8 proyectos distintos. En el conjunto impera la desconfianza por los caballos de Troya que puede haber. Pero si pusiéramos el foco en el título primero, en los primeros 40 artículos, podría haber diferencias, pero sería más factible alcanzar un acuerdo. Va a depender de ustedes”, sentenció Germán Martínez, jefe de bancada de UP.
Los primeros capítulos son los que, entre otras cosas, endurecen las sanciones para quienes violen la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
Sin embargo, no están dispuestos a convalidar el régimen para que los que infringieron la ley puedan regularizar su situación pagando, lo que consideran un “blanqueo”, y los demás temas, como los ligados al terrorismo plantean que no tiene nada que ver. “Discutámoslo en otro momento”, sentencian.
En el arranque de la reunión expusieron una docena de oradores invitados.
“Estamos asistiendo a una galtierización del Gobierno que bajo el pretexto de la cuestión Malvinas quiere reeditar formas de control social”, sentenció Gerónimo Iraola del Centro de Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata, quien consideró que “este gobierno regaló la iniciativa a los británicos en el atlántico sur, la militarización, la pesca y la Antártida”
Paula Litvachky, del CELS, sentenció que el proyecto tiene “serios problemas de constitucionalidad”. “Bajo el paraguas de la seguridad nacional se justifica la concentración de poder en el Ejecutivo y áreas de inteligencia y seguridad. Normaliza una cantidad de medidas de excepción. Es como utilizar las herramientas del estado de sitio, pero sin los controles necesarios ni siquiera para los estados de sitio”, apuntó.
Qué dice el proyecto de Defensa de la Soberanía
El primer capítulo deroga la Ley 26.659, sancionada en 2011 y vigente para regular la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, y establece un nuevo régimen de sanciones de alcance más amplio. Ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que abarca cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables sin autorización argentina, lo que potencialmente incluye la pesca.
Las prohibiciones también alcanzan a personas y empresas que faciliten o participen en esas actividades, e incorporan determinadas reorganizaciones societarias que busquen eludir las sanciones. El régimen contempla multas, inhabilitaciones, pérdida de permisos y beneficios, resolución de contratos y sanciones penales.
A su vez, se crea un mecanismo para que quienes actualmente desarrollen actividades prohibidas puedan desistir y regularizar su situación mediante el pago de una suma o la reconversión de inversiones. La autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa también crea un nuevo sistema de seguridad nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El objetivo es ampliar el concepto de seguridad para incluir soberanía, economía, política exterior, inteligencia, infraestructura y ciberespacio, entre otras áreas.
Los principales puntos de rechazo
La oposición señala que el Gobierno busca concentrar facultades extraordinarias, involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior -algo actualmente prohibido por ley- y hacer persecución política.
Puntualmente, en el Capítulo VI, de Fortalecimiento ante la influencia extranjera y otras modificaciones, rechazan el artículo 111 que modifica el código penal para imponer penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan/financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.