La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas en el Poder Ejecutivo, se presentó ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi para apelar la decisión de sobreseer a los once investigados del criptoescándalo $LIBRA, al afirmar que la investigación tiene indicios de una maniobra “defraudatoria” y que se debería seguir investigando
El pedido lleva la firma del fiscal Sergio Rodríguez, quien pide tomar a su cargo la investigación que dejó de lado el fiscal Eduardo Taiano, al solicitar el sobreseimiento de Javier Milei y el resto de los implicados.
Rodríguez se involucró en el caso a pedido de dos ONG que funcionan como amicus curiae desde casi el comienzo de la causa. Se trata del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), representada por Pedro Biscay, y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP), encabezado por Julián Alfie.
En el escrito, al que tuvo acceso Clarín, Rodríguez desmenuza los motivos por los cuales sostiene que la investigación no debería cerrarse aún. “Se viene a apelar la resolución emitida, en discrepancia con las conclusiones alcanzadas, toda vez que, a criterio de este organismo, la investigación del caso no se encuentra agotada, restando profundizar y realizar medidas de prueba”, plantea.
El fiscal enumera una serie de medidas que restaban por realizarse. Entre ellas análisis de blockchain que habían sido descartados por la fiscalía por no contar con software especializado, pero sin haber explorado otras alternativas.
También remarca que no se terminaron de peritar algunos celulares claves. Aunque no los menciona, en la semana los abogados de los damnificados habían apuntado a los teléfonos de Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino, quienes fueron intermediarios que recibieron dinero de Hayden Davis, el criptoempresario que lanzó la moneda.
La PIA también pone el foco en que los aportes realizados por la Secretaría General de la Presidencia o la Oficina Anticorrupción, citados por Taiano para justificar el sobreseimiento, deberían ser considerados como relativos.
“Se tiene dicho que, por su carácter de sentencia definitiva, el sobreseimiento requiere la comprobación de una certeza negativa que jamás puede sustentarse en meras dudas. La resolución cuestionada no da razón bastante de la ineptitud manifiesta”, plantea la PIA.
En otro pasaje crítico, apunta a la decisión de “arrojar dudas” al informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) por su filtración a la prensa. Para Rodríguez, la decisión se hizo en base a afirmaciones “antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”.
El fiscal señala que el sobreseimiento de Martínez de Giorgi denota una “perspectiva parcializada” al poner el foco en las características de los mercados de memecoins en lugar de considerar los roles de los involucrados. La PIA rechaza que el mercado no regulado de las memecoins sirva como un “cheque en blanco” para librar de responsabilidad a los promotores
“El caso investiga si “LIBRA” se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval, la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir. Según se aprecia, el estado actual del caso, no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria”, remarca.
El pedido de los inversores damnificados
Rodríguez recuerda en otro pasaje que los inversores que fueron apartados como querellantes tienen pendiente un recurso de amparo en queja para pedir que los vuelvan a sumar al expediente, por lo cual el mismo no se encuentra firme.
Los dos grupos de damnificados ya se habían quejado esta semana del cierre de la causa, recordando que el recurso en queja que presentaron aún no fue contestado, por lo cual se consideran “pretensos querellantes” hasta que se defina su situación.
El primero en presentar su reclamo fue el inversor Juan Patricio Marchetto, quien cuenta con el patrocinio letrado del dirigente social Juan Grabois y del abogado Nicolás Rechanik.
Allí argumentaron que si el tribunal consideraba que ciertos extremos no estaban plenamente probados, correspondía dictar la falta de mérito o seguir investigando, pero no decretar de forma prematura que los hechos no constituyeron delito.
Incluso presentaron una lista de nuevos testigos que podrían hablar en el caso, tales como Ariel Parkinson (coorganizador del Tech Forum), Arturo Osete Herraiz (intérprete de Hayden Davis en Argentina), los hermanos Marcelo y Leandro Aranda (viajaron con Davis por el país durante sus búsquedas de inversiones) y la abogada Yanina Nicoletti (primera letrada de Davis).
Nicoletti presentó un escrito esta semana en el que denunció que había recibido amenazas en el pasado para que no se exprese sobre aquello que sabía del rol de Davis y pedía protección.
El segundo pedido había sido realizado por el damnificado Martín Romeo, junto con Sviatlana Krasutskaya y Vladislav Lapchenko, dos inversores bielorrusos que habían sido rechazados por Taiano.
En cuanto al fondo del asunto, el escrito rechaza que el colapso del token $LIBRA responda a un mero “riesgo de mercado” y denuncia la existencia de una estafa preprogramada con uso de información privilegiada. Entre los indicios omitidos por el fallo, se resalta que 74 billeteras ejecutaron compras por 13,5 millones de dólares apenas 22 segundos antes del tuit presidencial, en simultáneo con llamadas telefónicas entre los organizadores y el mandatario, para luego drenar la liquidez hacia una bóveda colectora con más de 44,5 millones de USDC.