El tramo conocido como “Vialidad II” “se encuentra inmerso en un complejo de ardides delictivos que, una vez descubiertos, han permitido reconstruir un verdadero mapa de la corrupción, desplegado por diversos actores, a lo largo de aproximadamente doce años”.
Así versa el requerimiento de elevación a juicio que se leyó ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que condenó a Cristina Kirchner en el expediente central. En este debate que sentó en el banquillo de los acusados a ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que no controlaron las 51 obras adjudicadas a Lázaro Báez, ocasionando un perjuicio multimillonario al Estado, también intervine el fiscal general, Diego Luciani.
Cristina Kirchner desde el 14 de junio de 2025 está presa en cumplimiento de la sentencia condenatoria del caso Vialidad. Debe cumplir seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Junto con la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, la ex mandataria de forma solidaria con Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López y otros acusados, debe afrontar un decomiso de 685.000 millones de pesos.
De ese caso central, se desprenden dos investigaciones más: Vialidad II que apunta a la responsabilidad institucional de la DNV con asiento en la provincia de Santa Cruz, donde el ex socio comercial de la familia Kirchner, se constituyó en el principal adjudicatario de la obra vial (el 86% de los contratos licitados en suelo patagónico). En instrucción aún se encuentra, Vialidad III que apunta a las responsabilidad de los funcionarios provinciales que facilitaron la estructura de beneficios irregulares que contribuyó a que el Grupo Austral se imponga, sistemáticamente, en cada oferta pública e incluso, cobrara sin haber realizado las rutas o con avances por debajo de lo declarado en los certificados de obra.
Este viernes el TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, inició del juicio por el segundo tramo del caso Vialidad, después de que en la primera audiencia, los abogados de uno de los principales acusados – Sandro Férgola -, no se presentaron aduciendo que se superponía con el debate de Cuadernos donde el ex funcionario se encuentra, también, acusado. Tras la intimación del TOF 2, los asesores letrados asistieron.
A lo largo de esta primera audiencia, se dio lectura del requerimiento de elevación a juicio que firmó en representación del Ministerio Público Fiscal, Gerardo Pollicita.
La acusación explica se han ido formando y acumulando “distintos expedientes tendientes a investigar variados hechos de corrupción que se habrían extendido a lo largo de los años 2003 a 2015 desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional por los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, conjuntamente con funcionarios de distintos organismos del Estado, en beneficio de un puñado de “empresarios amigos” ligados personal y comercialmente al ex matrimonio presidencial, quienes se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”.
Es en ese escenario que se enmarca la causa cuyo debate inició este viernes, ya en la que “se ha podido corroborar, con el grado de certeza requerido para esta etapa del proceso, la maniobra de corrupción por la cual desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz- se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 86% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.
Esa maniobra principal es la que confirmó la Corte Suprema de Justicia, en junio de 2025.
Los expedientes que de allí se desprenden refieren a los “aportes individuales que han contribuido -en distintos grados de participación- a la concreción de los actos ilícitos elaborados por la organización ilícita, sin formar parte de ella”.
Durante la primera audiencia y por secretaría, se continuó con la lectura de la acusación que consignó que para la instrumentación de la maniobra, el Administrador General de la DNV se valió de la colaboración de las tres gerencias operativas a su cargo: la Gerencia de Administración —encargada, entre otras cuestiones, de realizar los pagos en favor de los contratistas y comitentes—, la Gerencia de Obras y Servicios Viales —responsable de controlar el proceso constructivo y la ejecución de las obras—, y la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control —encargada en líneas generales de controlar la eficacia y eficiencia de la gestión vial—.
Esta estructura, se detalló, a su vez contó “con la connivencia del Subadministrador General —al menos desde el año 2011—, que además de reemplazarlo en caso de ausencia, tuvo como misión esencial la supervisión del desenvolvimiento de las distintas gerencias y distritos”.
Es precisamente respecto de estos puestos, donde se lleva adelante este juicio conocido como Vialidad II. El requerimiento menciona a Sergio Passacantando (Gerente de Administración); Sandro Férgola y Jorge Gregorutti (Gerentes de Obras y Servicios Viales); Gustavo Gentili y Fernando Abrate, entre otros.
En el período comprendido entre el mes de mayo de 2003 y diciembre de 2015, se “sucedieron múltiples irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos en los que resultaron beneficiadas las empresas del conglomerado vinculado a Lázaro Báez, que recibieron un tratamiento preferencial por parte de las instancias administrativas que tenían a su cargo el otorgamiento de los respectivos contratos”.
Entre los reproches formulados, se describió la ausencia de control y la supervisión de las obras y el “libramiento de los pagos correspondientes; trato preferencial que les significó la obtención de un rédito económico indebido y, paralelamente, un perjuicio patrimonial multimillonario al Estado Nacional”.
Con este norte se elevó a juicio este tramo que involucra a funcionarios de la DNV y a empresarios responsables del conglomerado de empresas que respondían a Lázaro Báez, quienes realizaron sus aportes individuales a la compleja maniobra de fraude ideada por los integrantes de la asociación ilícita antes referenciada, lo que necesariamente requirió de una distribución de roles (o división del trabajo) y de la actuación coordinada de quienes tuvieran competencia e injerencia sobre las obras viales a las cuales aquella asociación –a través de diferentes mecanismos- destinó los fondos públicos, como así también del direccionamiento en las distintas fases del circuito administrativo de la obra pública, incluido el control de lo actuado por las otras dependencias”.
Una pieza clave en la maniobra defraudatoria fue el Distrito 23° —apostada en el territorio de Santa Cruz y encargada del seguimiento y los controles previstos en toda obra por contrato en ejecución—. Todo operó para beneficiar a Báez quien, en simultáneo, sellaba sendos acuerdos comerciales con la familia Kirchner.