En una medida que muestra su compromiso con investigar, el nuevo juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomas Rodríguez Ponte dispuso este miércoles más de veinte medidas de prueba para profundizar la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y su ex esposa Jesica Cirio.
En una resolución a la que accedió Clarín, Rodríguez Ponte –quien asumió después de la feria judicial de julio en ese juzgado- pidió más medidas patrimoniales y sobre las comunicaciones de los imputados y la cooperación de bancos del Uruguay en la causa del Yategate.
También pidió peritar los nuevos videos en que se ve a la modelo contando miles de dólares en un vestidor y que fue revelada por Clarín y TN el mes pasado ya que cuentan con metadatos. Y dispuso seguir investigando a la modelo Sofía Clérici.
Así Rodríguez Ponte tomó una actitud proactiva en una causa que sus antecesores Ernesto Kreplak y Luis Armella investigaban hace casi tres años.
Los nuevos videos fueron aportados por la fundación Apolo en una causa en la cual la ong Poder Ciudadano, a través de sus abogados Hugo Wortman Jofre y Tomás Brady, es querellante.
El juez también rechazó el planteo de nulidad formulado por la defensa de Insaurralde contra el cotejo realizado sobre las imágenes del vestidor. Y, al final de la resolución, rechazó expresamente el planteo de nulidad presentado por la defensa del ex intendente y al que adhirió la defensa de Sofía Clérici.
Cirio cuenta dólares antes del divorcio con Insaurralde.La señal que deja la resolución es clara: para el nuevo magistrado, todavía hay mucho por investigar.
Los bienes de la ex esposa de Insaurralde
Rodríguez Ponte ordenó ampliar la información patrimonial de los principales investigados y de varias personas de su entorno.
Las fotos que desataron el “yategate”: Sofía Clerici y Martín Insaurralde en MarbellaEl Registro Nacional de las Personas y la ANSES deberán aportar información sobre Martín Insaurralde, Sofía Clérici y Jesica Cirio, pero también sobre los hijos del ex intendente, además de su ex cuñado Gastón Barrachina, Víctor Mariano Donadío -supuestos testaferro del ex intendente-, Carolina Ileana Álvarez y la sociedad Sasaxa Libero S.A.
Allanamineto de la Policia Federal Argentina en la casa de Clerici.La Justicia busca así completar un mapa que permita detectar propiedades, sociedades, domicilios y otros vínculos que puedan tener relevancia para la pesquisa.
También se ordenaron informes a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a los hipódromos de La Plata, Mar del Plata y Palermo y a la Sociedad Rural Argentina.
En el caso de los hipódromos, el pedido apunta a determinar si los investigados fueron o son titulares de studs o boxes, personalmente o a través de sociedades, desde 2009 hasta la actualidad.
Entre las medidas patrimoniales aparece una operación inmobiliaria protagonizada por Insaurralde y su primera esposa, Ileana Carolina Álvarez.
El juez ordenó al escribano Martín Ignacio Etchegaray que entregue una copia digital de la escritura 559, del 26 de octubre de 2010, vinculada con el inmueble ubicado en San Martín 1329, Banfield y que sería propiedad de Insaurralde.
También pidió los antecedentes y la documentación respaldatoria de esa operación.
La Justicia busca determinar ahora qué ocurrió con ese inmueble y cuál fue el contexto patrimonial de la transferencia.
La investigación financiera se concentra también en las cuentas bancarias del ex intendente.
Rodríguez Ponte pidió al Banco Piano y al Banco Santander Argentina que aporten información completa sobre sus productos bancarios y los movimientos registrados durante el período en que estuvieron operativos.
También ordenó al Banco Provincia informar los movimientos de dos cuentas vinculadas a Insaurralde desde 2023 hasta la actualidad.
Interior de la casa de Insaurralde en un countrie de San Vicente.El dato es importante porque la contadora de la Corte Suprema que había intervenido en la causa había advertido que faltaban extractos posteriores a 2023.
Ahora el juez intenta completar ese tramo
La Compensadora Electrónica S.A. (COELSA), además, deberá aportar información sobre transacciones financieras y la trazabilidad de operaciones de los investigados desde 2009 hasta la actualidad.
La pregunta de fondo es cuánto dinero circuló, por dónde pasó y quiénes fueron sus beneficiarios y contrapartes.
Los autos a nombre de terceros
El nuevo juez también ordenó revisar los vehículos registrados a nombre de los hijos del ex intendente.
La investigación incorporará los legajos de un Peugeot 208 Allure, una Jeep Renegade y dos Volkswagen Fox registrados a nombre de Martín Luciano y Rodrigo Agustín Insaurralde.
el nuevo juez del caso del Yategate, Rodríguez PonteEn paralelo, se investigarán los ingresos formales de Martín Luciano.
El BBVA, el Banco Nación, el ex HSBC y el Banco Industrial deberán aportar extractos de sus cuentas desde la apertura hasta el cierre o hasta la actualidad.
Y Torneos y Competencias y THX Medios deberán entregar sus recibos de sueldo.
El objetivo es cruzar ingresos declarados con bienes y movimientos financieros.
También se pidió información sobre otro hijo de Insaurralde.
El Banco Central deberá informar todas sus operaciones de cambio desde el 28 de octubre de 2014, cuando alcanzó la mayoría de edad, hasta la actualidad.
El cruce de las llamadas telefónicas
La resolución avanza además sobre uno de los instrumentos más sensibles de cualquier investigación patrimonial: las comunicaciones.
La DAJuDeCO deberá obtener de las empresas telefónicas el detalle de llamadas, mensajes de texto y sesiones de datos de las líneas que estuvieron a nombre de Insaurralde, Cirio, Clérici, los hijos del ex intendente, Barrachina y Donadío.
El período solicitado va desde 2009 hasta la actualidad.
El pedido incluye fechas, horarios, duración de las comunicaciones, líneas de origen y destino, antenas utilizadas y datos técnicos de los teléfonos.
También se deberá reconstruir el historial de IMEI para determinar qué otras líneas funcionaron con los mismos aparatos.
La medida contempla además información de localización y geolocalización cuando esté disponible.
Después, la DAJuDeCO deberá analizar esos registros para detectar patrones de comunicación, contactos recurrentes, horarios y vínculos entre los distintos protagonistas.
Es, en los hechos, la construcción de un mapa de comunicaciones de la causa.
Los videos de los dólares
Los videos del vestidor volvieron a quedar en el centro de la escena.
La DATIP había analizado el material audiovisual aportado por el diario La Nación y encontró un problema: los archivos ya no conservaban los metadatos originales.
Los especialistas determinaron que habían atravesado previamente procesos tecnológicos que podían haber eliminado los datos del dispositivo original, como edición, transcodificación o transferencia mediante aplicaciones de mensajería.
Por eso no pudieron establecer con certeza la fecha original de creación.
La Justicia, sin embargo, decidió profundizar el análisis.
Ahora deberán determinarse las características técnicas de los videos, su formato, resolución, duración, códec, metadatos y datos EXIF disponibles.
También deberán buscarse cortes, uniones, superposiciones, reencuadres, modificaciones de velocidad, grabaciones de pantalla, compresiones sucesivas y cualquier otra alteración que pueda afectar la confiabilidad de las imágenes.
Y hay un punto particularmente sensible: los peritos deberán establecer qué metodología se utilizará para estimar la cantidad de billetes que aparecen en las imágenes y si el material pudo haber sido adulterado mediante inteligencia artificial.
Los videos revelados por Clarín
El juez también puso bajo análisis un pendrive entregado por la Fundación Apolo y que reveló Clarín.
La DATIP deberá realizar una extracción forense y analizar los archivos para establecer, en la medida de lo posible, su autenticidad, integridad, procedencia, fecha cierta y cadena de custodia.
Los expertos deberán determinar además si existen manipulaciones digitales, cortes, transcodificaciones, grabaciones de pantalla, cambios de velocidad o sucesivas compresiones.
También deberán analizar la existencia de algoritmos de seguridad “Hash” que permitan comparar los archivos y verificar su trazabilidad.
La medida deberá realizarse con conocimiento de las partes, de acuerdo con los artículos 258 y 259 del Código Procesal Penal de la Nación.
Además, el juez fijó para el 14 de septiembre una audiencia en la que Nicolás Silvera, representante de la Fundación Apolo, deberá declarar como testigo para ratificar, rectificar o ampliar el contenido de la presentación realizada por esa organización.
Pero la ruta del dinero no termina en la Argentina.
Rodríguez Ponte ordenó profundizar la información sobre una cuenta de custodia de valores identificada con el número 100344, abierta en GMC Securities Agente de Valores S.A. y perteneciente a Martín Insaurralde.
Uruguay deberá informar quiénes fueron sus titulares y cotitulares, cuándo fue abierta y cerrada, qué valores fueron depositados y qué movimientos se realizaron.
La información deberá incluir acciones, bonos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión y títulos públicos, entre otros instrumentos. Esta medida es porque se sospecha que tras el divorcio conflicto de mediados de 2023 y el viaje a Marbella con Clerici había habido un pago en negro.
También se deberá informar cada compra, venta o transferencia y las partes y contrapartes que participaron de las operaciones.
La Justicia quiere saber además qué dividendos, intereses, amortizaciones u otros beneficios fueron cobrados.
La investigación uruguaya incluye una segunda cuenta abierta en ABN Amro Bank N.V.
Las autoridades deberán informar su titularidad, tipo de cuenta, fecha de apertura y cierre, saldos y movimientos.
También deberán detallar depósitos, retiros, transferencias y pagos, además de eventuales tarjetas, préstamos u otros productos asociados.
La discusión sobre cuánto tiempo atrás debía retroceder esa investigación generó un enfrentamiento entre la Fiscalía y las defensas.
Los fiscales cuestionaron que se hubiera limitado la búsqueda al período 2009-2023 y sostuvieron que existían líneas de investigación que se remontaban a 2006.
Entre ellas mencionaron obras públicas realizadas por la empresa DOIO S.R.L. en Lomas de Zamora y una operación inmobiliaria en Fincas de San Vicente cuyo pago data del 11 de mayo de 2006.
La defensa de Clérici y los abogados de Insaurralde reclamaron mantener el límite temporal y defendieron la decisión de restringir la búsqueda.
Rodríguez Ponte finalmente estableció que la información sobre esas cuentas deberá abarcar desde su fecha de apertura hasta su cierre.
Clérici, vuelve a ser investigada
En la misma resolución, el juez dejó sin efecto las restricciones que pesaban sobre Sofía Clérici.
La modelo recuperó la libertad de movimiento que había sido limitada por una prohibición de salida del país y otras obligaciones vinculadas con sus desplazamientos. El juez Armella la había sobreseído pero Rodríguez Ponte la volvió a poner bajo la lupa.
Las restantes cuestiones patrimoniales quedaron sujetas a lo que resuelva la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
El juez también rechazó el intento de Elías Piccirillo de presentarse formalmente como parte.
La resolución explica que Piccirillo no reviste actualmente el carácter de parte en la causa y, por lo tanto, no puede acceder al expediente ni formular pedidos de prueba como si tuviera esa condición.
La resolución de Rodríguez Ponte marca una nueva etapa del Yategate.
En lugar de concentrar la investigación exclusivamente en las imágenes que detonaron el escándalo político, el magistrado decidió ampliar el foco y reconstruir el entramado económico y personal de los principales investigados.
La estrategia tiene tres patas
La primera es patrimonial: propiedades, autos, sociedades, seguros, ingresos y cuentas.
La segunda es financiera: movimientos bancarios, operaciones cambiarias, transferencias y activos en Uruguay.
La tercera es comunicacional: llamadas, mensajes, antenas, geolocalización e identificación de dispositivos.
A ese esquema se suma la evidencia digital, con una nueva revisión forense de los videos y del pendrive aportado por la Fundación Apolo.
El juez deberá determinar ahora qué información surge de esa batería de medidas y, sobre todo, si permite encontrar correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado por los investigados.
Por ahora, hay una certeza procesal: el expediente sigue abierto y las pruebas cuestionadas por las defensas continúan dentro de la investigación.
El vestidor sigue bajo la lupa.
Las cuentas en Uruguay también.
Y los teléfonos de los principales protagonistas pasarán a formar parte de una nueva radiografía judicial que buscará reconstruir una pregunta central del Yategate: por dónde circuló el dinero y quiénes estuvieron conectados con esa ruta.