La administración del presidente Donald Trump oficializó una nueva normativa que prohíbe el uso de fondos federales del programa Medicaid y del Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP) para financiar tratamientos de transición de género en menores de edad. La disposición, que afectará a los inscritos menores de 18 años en Medicaid y menores de 19 en CHIP, fue emitida por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y entrará en vigor de manera definitiva el 13 de octubre.

El anuncio fue celebrado por el propio Trump a través de sus redes sociales, donde calificó este tipo de procedimientos de “prácticas bárbaras” que generan daños irreversibles. La política no restringe la cobertura de los servicios de salud mental y contempla un margen de seis meses para la desvinculación gradual de los pacientes que ya se encuentran recibiendo terapias hormonales.

La decisión administrativa se apoyó en una revisión de investigaciones nacionales e internacionales coordinada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), liderado por el secretario Robert F. Kennedy Jr., invocando informes como el examen Cass del Reino Unido. Según el administrador de los CMS, el Dr. Mehmet Oz, las intervenciones como bloqueadores de pubertad y terapias hormonales plantean riesgos severos de infertilidad y afectación en la densidad ósea que superan sus beneficios comprobados.

Sin embargo, la medida choca de frente con las directrices de las principales sociedades médicas de Estados Unidos, entre ellas la Academia Estadounidense de Pediatría. Dichas instituciones destacan que el abordaje quirúrgico en menores es extremadamente bajo -un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso situó la tasa en 3,44 por cada 100.000 jóvenes asegurados- y que la atención integral interdisciplinaria resulta fundamental para tratar la disforia de género profunda.

De acuerdo con datos oficiales, el gobierno federal destinó aproximadamente 100 millones de dólares en tratamientos de afirmación de género para menores entre 2019 y 2023. Con la aplicación del nuevo reglamento, los 27 estados que aún no han promulgado restricciones locales a estos procedimientos deberán asumir la totalidad de los costos con presupuestos propios si deciden continuar ofreciendo la cobertura a los pacientes de bajos ingresos.

Representantes de organizaciones en defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, como Human Rights Campaign y GLAD Law, condenaron enérgicamente la resolución calificándola de interferencia política en decisiones médicas familiares. Los equipos legales de estas entidades confirmaron que presentarán recursos ante la justicia federal para intentar congelar la norma antes de su fecha de implementación.





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