Mediante un decreto de necesidad y urgencia, la administración de Javier Milei dispuso este jueves una ampliación del Presupuesto 2026 de más de 4 billones de pesos que, entre sus principales medidas, fijó un incremento de los fondos destinados a las universidades nacionales. Con esa decisión, el Gobierno dio el primer paso para cumplir con la cautelar de la Justicia que lo obliga a hacer efectiva la ley de Financiamiento Educativo, en el articulado que ajusta salarios de docentes y no docentes.
La publicación en el Boletín Oficial daba cuenta de una reasignación presupuestaria que, en el caso del programa Desarrollo de la Educación Superior del ministerio de Capital Humano, ascendía a $ 1,33 billones, de los cuales el 98% iría a transferencias a universidades nacionales, mientras que el resto se destinaría al pago de becas. Todo el refuerzo se financia con Tesoro Nacional.
La novedad provocó expectativa entre las universidades nacionales y los gremios del sector que esperan que el Ejecutivo cumpla la resolución de la Corte Suprema de Justicia que rechazó el último recurso oficial y, de esa forma, dejó firme la cautelar que autorizaba el cumplimiento de parte de la Ley de Financiamiento.
Según los cálculos de los rectores, la recomposición debería ser en torno al 25%, teniendo en cuenta que por el acuerdo salarial suscripto a fines de mayo –que corrió en paralelo a la disputa judicial por la aplicación de la Ley-, los haberes ya se incrementaron 21,3% y otro 3% tocaría en octubre próximo.
Pero este jueves en el Ejecutivo pusieron paños fríos a una rápida distribución de los fondos para las casas de altos estudios. Las fuentes consultadas por Clarín explicaron que “por estar la cautelar vigente, hemos recibido estos créditos para poder cumplirla. Pero esto podría darse entre mañana y el 31 de diciembre”.
Sin embargo, el Gobierno reconoció que con esta reasignación dan el “primer paso para cumplir la cautelar”. Para surfear el revés judicial, no obstante, aclaró que este incremento presupuestario “no significa que vayamos a depositar rápidamente los fondos. Hoy no hay una decisión”.
El fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, que al rechazar el recurso extraordinario del Gobierno dejó firme lo resuelto por las instancias inferiores de la Justicia, haciendo lugar al amparo presentado por el CIN -Consejo Interuniversitario Nacional- para garantizar el pago de la totalidad de los salarios adeudados a docentes y no docentes, y también las becas estudiantiles, fue un enorme triunfo para las Universidades nacionales.
Por la falta de actualización salarial –lo que vino a reparar la ley del Congreso sancionada en 2025, que Javier Milei vetó, pero fue insistida por dos tercios en cada Cámara- los docentes y no docentes habían perdido alrededor de 50% de sus ingresos frente a la inflación.
Además, el decreto del Ejecutivo también destina a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) un refuerzo de $ 49.261 millones, uno de los diez aumentos más grandes de todo el decreto. Se trata de un área manejada por Cristian Auguadra, un hombre de Santiago Caputo.
También ganan crédito el Poder Judicial, con $ 111.138 millones más, el Ministerio Público, con $ 230.460 millones adicionales, Salud, con $ 158.349 millones, y el Poder Legislativo, con $ 89.422 millones extra, entre otras jurisdicciones.
El recorte más grande del decreto no recae sobre un ministerio, sino sobre dos empresas públicas nacionales, dentro de la partida Obligaciones a Cargo del Tesoro. Energía Argentina S.A., la ex IEASA o ENARSA, pierde $ 238.395 millones en transferencias corrientes, mientras que Nucleoeléctrica Argentina (NASA) pierde $ 65.000 millones en transferencias de capital. Juntas, explican una baja de $ 303.395 millones, casi el 87% de todo lo recortado en el decreto.