En medio de la polémica que despertó el cierre de la Causa $LIBRA con la absolución de los once investigados, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal decidió aceptar los recursos en queja presentados por los abogados de los dos grupos de inversores, que podrían volver a sumarse como querellantes al expediente.
La decisión tuvo el voto positivo de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, con la disidencia del juez Guillermo Yacobucci. Fueron dos respuestas que brindó el mencionado tribunal, en las que aceptó tomar los recursos en queja presentados por los damnificados agrupados en dos querellas.
Entre las presuntas víctimas se encuentran cinco argentinos pero también dos ciudadanos bielorrusos, Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, que habían intentado constituirse como querellantes a comienzos de este año. Aunque ese pedido había sido denegado en febrero por el fiscal Eduardo Taiano, quien tuvo a su cargo la investigación del criptoescándalo.
Los cinco damnificados locales habían sido apartados de la causa como querellantes el pasado 3 de julio, cuando el juez Marcelo Martínez de Giorgi aceptó un pedido realizado por el criptolobbista Mauricio Novelli. Semanas más tarde, la Sala I de Casación Penal había rechazado la apelación presentada por los inversores excluidos.
Sin querellantes en el expediente y con la investigación únicamente en manos de la fiscalía, Taiano había pedido que se cierre la causa. Martínez de Giorgi aceptó y sobreseyó a los once investigados el pasado 23 de octubre.
Pero antes de esa decisión, los inversores venían recorriendo un camino para exprimir todas las instancias y volver a ser admitidos como querellantes. Por eso plantearon desde un primer momento que la causa no podía cerrarse, ya que no estaba firme su exclusión.
Los inversores están divididos en dos grupos. En el primero se encuentra únicamente el criptoentusiasta Martín Romeo bajo la defensa de Nicolás Oszust. A él podrían sumarse los dos bielorrusos.
En el segundo grupo, el abogado Nicolás Rechanik representa a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris y Braian Emanuel Quintero. Ellos tienen además el acompañamiento legal del dirigente social Juan Grabois.
Ambos grupos habían apelado ante la Sala II de Casación, en un pedido que fue rechazado por la Cámara. Por eso volvieron a insistir a través de un recurso en queja. Esta fue la presentación que fue aceptada este miércoles.
A partir de ahora comienza un plazo de diez días para que los abogados presenten sus argumentos ante la Sala. Luego se realizará una audiencia, y a partir de ese momento tendrá otros diez días para decidir si acepta o no restituirlos como querellantes.
Si todo eso ocurre, recién en ese momento los querellantes podrían apelar la decisión de sobreseer al presidente Milei y los otros diez investigados.
La presentación de Casación llega apenas unos días después de un pedido presentado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para reabrir la causa y reemplazar a Taiano como fiscal en la investigación del escándalo cripto.
El pedido de la PIA lleva la firma del fiscal Sergio Rodríguez, quien se presentó ante Martínez de Giorgi para discutir el sobreseimiento de Javier Milei y el resto de los implicados. En ese documento también había señalado a Casación que restaba por resolver la situación de los inversores en queja.
La PIA desmenuzó los motivos por los cuales sostiene que la investigación no debería cerrarse aún. “Se viene a apelar la resolución emitida, en discrepancia con las conclusiones alcanzadas, toda vez que, a criterio de este organismo, la investigación del caso no se encuentra agotada, restando profundizar y realizar medidas de prueba”, plantea.
El fiscal enumera una serie de medidas que restaban por realizarse. Entre ellas análisis de blockchain que habían sido descartados por la fiscalía por no contar con software especializado, pero sin haber explorado otras alternativas.
El fiscal señala que el sobreseimiento de Martínez de Giorgi denota una “perspectiva parcializada” al poner el foco en las características de los mercados de memecoins en lugar de considerar los roles de los involucrados. La PIA rechaza que el mercado no regulado de las memecoins sirva como un “cheque en blanco” para librar de responsabilidad a los promotores
“El caso investiga si “LIBRA” se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval, la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir. Según se aprecia, el estado actual del caso, no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria”, remarca.