Parte del dinero ya “integrado con apariencia lícita en la firma Los Sauces era finalmente retirado por los miembros de la familia Kirchner sin las formalidades y los tiempos legales previstos para la distribución de ganancias”, se escuchó a lo largo de la tercera audiencia del juicio por los casos Hotesur-Los Sauces. Más de $ 10 millones retiraron en la etapa final del circuito de lavado de activos.
A las 10 de la mañana de este lunes se reanudó el debate oral y público que tiene como principales acusados a Cristina y Máximo Kirchner por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa y organizador, respectivamente, más el lavado de activos, y en el caso de la ex mandataria también se le atribuye el delito de dádivas.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), integrado por los jueces José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni, es el responsable de juzgar los dos expedientes: el primero de ellos Los Sauces, que se concentra en las operaciones de blanqueo a través del rubro inmobiliario, y el segundo Hotesur SA, cuyas maniobras de similares características se concretaron alrededor de la actividad hotelera.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, representado por Diego Velasco, (ausente en los últimos dos encuentros y reemplazado por Marcelo García Elorrio), concluyó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio que detalla el paso a paso del circuito de blanqueo que se realizó con la firma inmobiliaria.
“Cristina y Máximo Kirchner se hicieron de fondos provenientes de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, favorecidos con contratos, concesiones y beneficios impositivos, y a los que se les había borrado su origen espurio como consecuencia del esquema de reciclaje”, se escuchó durante la audiencia -aún virtual-, de este lunes.
Más allá de los contratos simulados y el entramado corporativo bajo sospecha, la imputación desarmó el engranaje definitivo del caso: la tercera etapa del lavado de dinero, identificada por el Ministerio Público Fiscal como la instancia de agotamiento del delito, mediante la cual el “patrimonio espurio terminó ingresando directamente a los bolsillos de la exfamilia presidencial”.
A través de esta operatoria, según consta en la pieza acusatoria, la familia Kirchner “extrajo dinero de Los Sauces por más de 10 millones de pesos en concepto de ‘devolución de créditos’ a nombre de sus integrantes, como contraprestación por el cargo de director en el órgano de administración o como empleado de la firma, o bien a través del pago de gastos particulares con dinero de la sociedad”.
Para que esa apropiación final fuera posible, resultó indispensable el rol estratégico que cumplieron los dos mayores contratistas y licenciatarios del período: Lázaro Báez y Cristóbal López. Entre 2009 y 2016, las firmas de ambos conglomerados inyectaron en Los Sauces un flujo permanente de casi 26 millones de pesos -exactamente $25.968.042-, representando más del 88% de la facturación global de la inmobiliaria familiar.
En el caso del Grupo Báez, constructoras como Loscalzo y Del Curto, Kank y Costilla, y de forma predominante Austral Construcciones, alquilaron departamentos en Río Gallegos a valores inflados y sin garantías contractuales. A esto se sumó la gerenciadora hotelera Valle Mitre (propiedad de Báez), que recibió más de 70,9 millones de pesos de las firmas constructoras, para luego derivar fondos a Los Sauces mediante la explotación del hotel La Aldea del Chaltén, un establecimiento cuyo costo total de compra se recuperó en apenas cinco meses.
Paralelamente, el holding de Cristóbal López y Fabián De Sousa operó a través de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia. Estas firmas canalizaron pagos millonarios por oficinas y departamentos en el complejo Madero Center -con sobreprecios estimados entre el 100% y el 150% según el Tribunal de Tasaciones-, e incluso facturaron el alquiler de espacios comunes y amenities respecto de inmuebles que De Sousa ya ocupaba a título personal.
Con esa masa de dinero asegurada mes a mes, la maniobra se articuló en tres pasos correlativos: primero, el montaje de la estructura societaria; segundo, el reciclaje a través de los alquileres comerciales simulados; y tercero, la extracción directa de los fondos limpios por parte de Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner.
Para eludir las exigencias de la Ley de Sociedades Comerciales sobre reparto de ganancias, los exmandatarios fondearon a la firma e imputaron esos desembolsos como deudas que la sociedad mantenía con ellos.
Al figurar formalmente como préstamos, la firma quedaba facultada para “devolverles” el dinero en efectivo bajo un supuesto saldo a favor. Los peritos contables lo explicaron con claridad: “Cuando los socios intervienen en los movimientos financieros en forma prácticamente habitual, la sociedad se convierte en un mero vehículo de transferencia de fondos desde las operaciones que ella realiza hacia las personas físicas que actúan en calidad de socios”.
Los “falsos préstamos”
Las auditorías detectaron que al 31 de diciembre de 2009 Néstor Kirchner figuraba habiéndole “prestado” a la inmobiliaria la suma de $3.968.321,94. Al año siguiente, tras su muerte en octubre de 2010, ese pasivo se duplicó hasta alcanzar $6.295.021,80, volcándose íntegramente a la cuenta “Sucesión de Néstor Kirchner”.
A partir de 2011, los balances borraron la individualización de los créditos y pasaron a agrupar la deuda bajo la figura genérica de “Cuentas Particulares de Socios”, impidiendo determinar qué proporción correspondía a cada titular.
Desde ese rubro global comenzaron los retiros continuos: la deuda societaria se redujo a $4.816.661,43 en 2011; a $3.378.116,70 en 2012; a $2.088.203,65 en 2013; y bajó a $783.776,34 en el ejercicio 2014.
Un mecanismo análogo se comprobó con un mutuo de $950.000 girado en 2011 por Hotesur a Los Sauces, del cual la familia extrajo $300.000 hasta dejarlo asentado en $650.000 en 2015.
La reconstrucción no surgió de los estados contables oficiales -donde se omitieron los datos- sino del secuestro del Libro Diario n° 1. Entre el deceso del expresidente y fines de 2011, los tres herederos retiraron de forma conjunta $2.028.360,37 en dinero líquido de la cuenta de Néstor Kirchner.
Tras la declaratoria judicial de herederos dictada en junio de 2011, el saldo remanente de esa cuenta al cierre de ese año (4.816.661,43)se dividió formalmente:el 50%(2.408.330,73) a favor de Cristina Fernández y la otra mitad en partes iguales ($1.204.165,35 cada uno) para Máximo y Florencia Kirchner.
La acusación remarcó que, “desde el fallecimiento de Néstor Kirchner hasta el 31 de diciembre de 2011 Cristina, Máximo y Florencia Kirchner continuaron utilizando contablemente la ‘Cuenta Particular’ del expresidente en la empresa para ingresar y retirar fondos de la firma”.
Según el informe pericial, los nombrados ingresaron una transferencia de fondos por $2.790.000 el 29 de diciembre de 2010, realizaron aportes por $550.000 y asentaron un crédito de $96.666,86 por una operación de alquileres con Solvencia Crediticia S.A. en la que “no hay movimientos de fondos y no surgen las razones del motivo de la registración de la operación en esta cuenta, ni documentación respaldatoria de la misma”.
A la par, a lo largo de este período, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner retiraron fondos limpios -que habían transitado el proceso de blanqueo gracias a su aplicación a la actividad hotelera e inmobiliaria- de la “Cuenta Particular de Néstor Kirchner” por $2.028.360,37, de modo que hasta el 31 de diciembre de 2011 no resultó posible determinar cuál de los tres accionistas se hizo efectivamente de esos recursos.
Los retiros de la ex Presidenta
A partir de 2012, sostienen las pericias, siguieron los retiros particulares. Cristina, cuya cuenta personal se había habilitado en marzo de 2008, computó el traspaso hereditario por $2.408.330,73 y sumó aportes por $100.000. Hasta octubre de 2014, retiró y utilizó de manera personal un total de $2.095.426,67 derivados del esquema de blanqueo. Los fiscales remarcaron un dato clave: el 99,20% de esas extracciones -$2.078.722,13- se consumaron tras la entrada en vigencia de la Ley 26.683, que incorporó al Código Penal el delito de autolavado. Por eso le atribuyen en esa etapa, el tipo penal.
Al igual que su madre, Máximo Kirchner también se hizo de fondos provenientes de los empresarios favorecidos con contratos, concesiones y beneficios impositivos, a los que se les había borrado su origen espurio.
La estrategia del diputado nacional
Máximo Kirchner combinó el retiro directo de fondos, la cancelación de gastos personales y la asignación de honorarios como director. Tras adjudicarse su porción sucesoria por $1.204.165,35 e integrar aportes propios por $153.098,46, se le acreditaron $1.121.000 en concepto de honorarios fijados por su propia familia en asamblea, alcanzando extracciones netas por $2.492.415,69.
Hubo, según el informe pericial, “débitos por retiro de fondos y pago de gastos del accionista y pago de honorarios como director por $2.492.415,69; y créditos por aportes a la sociedad por $153.098,46; y créditos por la asignación de honorarios como director votada por las asambleas por $1.121.000”.
Es decir, entre marzo de 2008 y noviembre de 2011, Máximo Kirchner inyectó como aportes propios $153.098,46 y aportó otros $1.121.000 provenientes de los honorarios de director asignados por su propia familia en asamblea. Asimismo, el 1° de enero de 2012 recibió en su cuenta los $1.204.165,35 correspondientes a su cuarta parte de la masa hereditaria.
Para la fiscalía, esto “permite corroborar la utilización de los fondos que eran canalizados a favor de la empresa Los Sauces por parte del hijo de los exmandatarios, quien se hizo del dinero que transitaba el proceso de reciclaje imputado”. A su vez, a partir de 2012, tras la división formal del remanente sucesorio, Florencia Kirchner recibió en su patrimonio $1.204.165,35.
A la par del dinero en efectivo, la fiscalía acusó el usufructo gratuito de inmuebles comprados por la sociedad con los fondos de Báez y López: el chalet de Mascarello 441 en Río Gallegos, habitado por la expresidenta, y el departamento de San José 1111 en la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple el arresto domiciliario por la condena del caso Vialidad, la ex mandataria.
El incremento patrimonial
Los números finales ilustran el salto económico de la firma. Los Sauces careció de actividad y mantuvo un patrimonio plano de $100.000 entre 2006 y 2007. A partir de 2008, traccionada por los contratos de Austral Construcciones, Inversora M&S, Álcalis de la Patagonia y las gerenciadoras Valle Mitre e Idea SA, el patrimonio neto trepó de manera ininterrumpida hasta situarse en $12.122.430,26 al cierre de 2015, registrando ganancias acumuladas por $10.957.277,99.
Para el Ministerio Público Fiscal, la inmobiliaria no representó una explotación comercial genuina, sino la pieza de cierre por donde circularon los fondos originados en el fraude al Estado y el pago de dádivas hasta terminar incorporados al patrimonio privado de los Kirchner.
En definitiva, la exfamilia presidencial “primero fondeó a la empresa Los Sauces, contabilizando esos aportes como ‘préstamos’ a favor de la sociedad, para luego, a partir de la canalización constante y permanente de fondos desde las firmas de los conglomerados societarios de Lázaro Báez, Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa”:
Después, continuó la acusación, ”retiró dinero que había transitado un proceso de reciclaje -gracias a su aplicación a la actividad inmobiliaria- asentando esos retiros bajo el ‘cobro’ de lo oportunamente prestado a la sociedad, a través del pago de gastos personales, como contraprestación por el cargo de director en el órgano de administración, a través del salario al incorporarse a sí mismos como empleados de la firma, o bien teniendo disponible los fondos para su utilización”.