El oficialismo no pudo dictaminar este miércoles la denominada Ley Malvinas y anunció que le hará cambios al proyecto enviado por Javier Milei. El rol del Congreso ante acciones militares, el concepto de “infraestructuras críticas” y el artículo que podría limitar la libertad de expresión; entre los principales puntos de discusión.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores empezó accidentado porque de los tres invitados convocados acudió solo uno: Marcelo de los Reyes, especialista en Inteligencia quien consideró que el texto “mezcla peligrosamente conceptos de Defensa con Inteligencia y Seguridad”.
Los legisladores que invitaron a representantes de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y Poder Ciudadano afirmaron que no pudieron llegar porque les avisaron a último momento.
Sobre ese punto, la libertaria Silvana Giudici aseguró que no hubo ninguna “falta en la dinámica” y adelantó que no dictaminarían porque están “contemplando modificaciones”.
“Buscamos un dictamen sólido, consensuado y con las mayorías más amplias posibles. Y estamos en ese camino con el resto de los bloques”, afirmó y confirmó que en el artículo 111 -uno de los más criticados- va a retocarse la redacción.
Se trata del pasaje que establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan/financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.
“Ese artículo va dirigido a la injerencia extranjera en procesos electorales y se va a acotar y determinar a ese contexto. No agitemos más fantasmas”, planteó Giudici.
Sobre el cierre Damián Arabia adelantó que también se modificará el artículo 39 que es el que deja abierta a la decisión del Ejecutivo la definición de la autoridad de aplicación. También en los artículos que tienen que ver con la participación de provincias y municipios.
Por su parte, el aliado del MID Eduardo Falcone viene insistiendo con que el Congreso debe autorizar las actividades militares. Por eso ya la semana pasada la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy propuso la creación de una Bicameral de seguimiento de seguridad nacional a la que el Ejecutivo tendría la obligación de informar.
“Lo que yo pido es que haya autorización del Congreso, no que esté informado. Propongo cumplir con la Constitución Nacional. Me dijeron que no era práctico por eso propuse que se adopte un procedimiento como el de Estados Unidos en el que el Presidente actúa rápidamente, pero tiene que informar al Congreso en 48 horas y el Congreso autoriza o no continuar (con accionar bélico)”, detalló Falcone.
Otra voz que se alzó en la comisión fue la de la cordobesa Alejandra Torres, quien advirtió por un punto que está dando que hablar entre legisladores que responden a gobernadores: el concepto de infraestructuras críticas.
El proyecto especifica que “se entiende por Infraestructuras Críticas a las estructuras físicas, redes, sistemas o partes de estos, públicos o privados, indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o afectación, total o parcial, los impacte significativamente”.
El proyecto hace hincapié en la creación de una Estrategia Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas, porque su afectación “puede producir consecuencias equivalentes o incluso superiores a las de una agresión convencional”.
Torres planteó que “un tema que preocupa es el del federalismo porque se pueden producir intromisiones en las esferas provinciales por decisión discrecional nacional que pueden ser avaladas, o no, pero que ameritarían una conversación o resguardo de principios federales”.
Y concretamente sobre el concepto de infraestructura crítica apuntó que “su resguardo debería apoyarse en estándares técnicos objetivos, evitando que quede sujeto a normativas que puedan ser discrecionales”
El peronismo viene pidiendo desde el minuto cero que dividan el proyecto. Aseguran que es una ley ómnibus y que ellos están dispuestos a aprobar el capítulo uno (los primeros 40 artículos) que amplía y endurece las sanciones a empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina, pero no van a aprobar la creación del Consejo de Seguridad.
“Separen los títulos porque salvo en el primero, en los demás no está Malvinas. El Consejo Nacional es parte de la interna oficialista. Dentro del Consejo, el presidente puede designar un miembro no permanente, que puede ser un monotributista por ejemplo. Es un traje a medida, por eso no vino nadie del karinismo a defender el proyecto. Dénse cuenta” sentenció en alusión al asesor presidencial Santiago Caputo. Sin embargo, hasta ahora el oficialismo se niega a esa opción.