La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero en la compra de una mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que Casación rechazó la apelación del fiscal Mario Villar para que el máximo tribunal resuelva qué juez debe investigar el caso. En agosto pasado, Casación dispuso que debía ser el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, a quien se le atribuye cercanía con la AFA.
El fiscal Villar apeló ese fallo. Su postura es que el caso debe tramitar en la justicia en lo Penal Económico.
Por unanimidad, los jueces de Casación Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar rechazaron la apelación. Entendieron que no estaba fundada ni había planteada una cuestión federal, uno de los requisitos para que intervenga la Corte. También que el máximo tribunal no resuelve cuestiones de competencia.
Así, el caso de la mansión de Pilar no llegará a la Corte por la apelación. Pero el fiscal Villar tiene otra instancia: acudir directamente al máximo tribunal a través de lo que se conocer como un recurso de queja contra el fallo que le negó acceder con la primera presentación.
Se trata de una de las causas de corrupción en las que se investiga a la cúpula de la AFA. Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la entidad, están procesados por retención de impuestos de la asociación y son investigados por facturas falsas y por el manejo de los fondos de la organización en el exterior.
La causa se inició en diciembre del año pasado por una denuncia de dirigentes de la Coalición Cívica para que se investigue la compra de una propiedad en Pilar que tiene 105 mil metros cuadrados y un helipuerto. Denunciaron que podría existir un lavado de dinero porque quienes figuran como dueños no tienen la capacidad económica para adquirirla. Son Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, dueños a su vez de “Real Central”, la propietaria de la mansión.
La sospecha es que son testaferros de Toviggino porque en la propiedad se encontraron elementos del tesorero de la AFA y los 54 autos de lujo y colección que había tenían autorizaciones para que los manejen familiares del dirigente. Además, Pantano tenía una tarjeta corporativa de la asociación con la que pagaba los telepase de los autos.
El caso primero se investiga en Comodoro Py y luego en el fuero Penal Económico donde el juez Marcelo Aguinsky planteó como hipótesis que la propiedad se pudo comprar con fondos de la AFA. Pero la defensa de Pantano y Conte pidió que pase a la justicia de Campana porque esa es la jurisdicción de Pilar, que es donde está la casa. Y así se dispuso pero luego el caso volvió al fuero Penal Económico.
Desde que se inició, la causa pasó 14 jueces y la discusión sigue sobre qué juzgado debe investigarla. Todos los fiscales que intervinieron coincidieron que tiene que tramitar en el fuero Penal Económico.
Y esa fue la postura del fiscal Villar cuando la discusión llegó a Casación. Señaló que no solo se investiga un inmueble en Pilar sino también a otras sociedades con su sede en Capital, donde también está radicada Real Central, en una operación delictiva que podría ser más amplia. También sostuvo que debe ser la justicia Penal Económico porque investiga operaciones societarias complejas y “esa experiencia específica favorece una valoración integral de la prueba”.
En agosto pasado el caso fue decidido por Casación. Previo a eso, los jueces Barroetaveña y Borinsky fueron recusados para intervenir. Barroetaveña porque fue presidente del Tribunal de Ética de la AFA hasta diciembre pasado. Pero los planteos fueron rechazados.
Esos mismos camaristas resolvieron que el caso debía investigarse en el juzgado de Campana. Señalaron que el delito de lavado de dinero es de competencia de la justicia federal y hasta ahora el único que se investiga en la causa, más allá de lo que pueda arrojar la investigación. En disidencia, el juez Slokar planteó que el caso debía seguir en el fuero Penal Económico. “No se ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio”, sostuvo.
Ese fallo fue apelado por el fiscal Villar para llegar a la Corte Suprema. Casación rechazó que deba intervenir el máximo tribunal. Queda todavía una instancia.