Tras la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de apartar como querellantes a los damnificados de la causa $LIBRA, los distintos inversores que compraron la memecoin difundida por el presidente Javier Milei presentaron recursos ante la Cámara Nacional de Apelaciones para tratar de revertir una medida que, según entienden, atenta contra la investigación del caso.
Los cinco inversores, que están nucleados en dos querellas distintas, presentaron una serie de escritos en las últimas horas, que incluyeron duras acusaciones contra la investigación del fiscal Eduardo Taiano y contra Martínez de Giorgi, al que acusaron de “arbitrario” y de actuar a espaldas del expediente. Una de las querellas incluso evalúa la posibilidad de pedir la recusación del juez.
La decisión de quitar del expediente a los querellantes había sido publicada el viernes pasado al mediodía, horas antes del partido entre Argentina y Cabo Verde por la Copa del Mundo 2026. En su resolución, el juez había hecho lugar a un pedido elevado por el criptolobbista Mauricio Novelli, que planteaba que no existía una estafa alrededor del lanzamiento de $LIBRA. Apenas un negocio que había salido mal.
“No se cumple la secuencia típica exigida por el Código Penal para hablar de una estafa —ardid, error, disposición patrimonial o perjuicio—, ya que los querellantes no son ‘particulares ofendidos’ por un delito, sino inversores en un mercado de riesgo”, sostuvo el abogado de Novelli, en un pedido presentado a finales de junio, y que Martínez de Giorgi acompañó.
En su escrito, el juez ponderó que $LIBRA es en realidad una memecoin, una criptomoneda realizada a modo de broma y de alta volatilidad, y que las pérdidas de los inversores están vinculadas a los riesgos inherentes al mercado —que, según Novelli, los compradores ya conocían— antes que a un delito.
Esto debilita el planteo de una estafa atrás del lanzamiento, la principal hipótesis de los damnificados.
Martín Romeo, uno de los querellantes, presentó un duro escrito en el que sostuvo que la decisión del juez es “arbitraria”. “El magistrado confunde deliberadamente el riesgo orgánico de una inversión con un plan criminal milimétricamente orquestado. Esto no fue ‘solo una memecoin con riesgo’ ni su desplome dependió de las ‘condiciones del mercado'”, acusó.
La otra querella, representada por el abogado Nicolás Rechanik y con el patrocinio del dirigente social Juan Grabois, representa a los otros cuatro damnificados que denunciaron ante la Justicia argentina. Ellos presentaron cada uno un mismo escrito, en el que también cargan tintas contra el juez.
En su caso también apuntaron contra el trabajo del fiscal Taiano, al que consideraron “cuando menos pasivo” a la hora de investigar y pedir medidas de prueba para resolver el caso. Aseguraron que llegó a consentir el levantamiento de embargos y la reducción de medidas cautelares a sumas “irrisorias” en comparación con los 44,5 millones de dólares que habrían sido sustraídos.
La querella además pidió que el juez se abstenga de expulsarlos de la causa en caso de necesitar más pruebas.
Ambos planteos tienen similitudes en quejarse de algunas decisiones del juez. Martínez de Giorgi puso en duda que los damnificados puedan probar que eran los dueños de las billeteras afectadas e incluso de los fondos que invirtieron. En respuesta, Romeo señaló que presentó escrituras públicas donde una escribana certificó el acceso a sus billeteras virtuales y las operaciones realizadas. El juez no hizo a lugar.
“Esta afirmación es rotundamente falsa y demuestra que el juez ha resuelto a espaldas del expediente. Negar la legitimación de mi asistido afirmando que solo aportó ‘links’ implica desconocer la existencia de prueba documental (instrumentos públicos) válidamente introducida en el legajo”, se quejó Romeo.
“El magistrado ignora deliberadamente que la tecnología blockchain, lejos de ser un obstáculo, aporta una trazabilidad matemática, pública y exacta“, acusa.
Ahora, los pedidos serán evaluados por la Sala I de la Cámara Federal porteña, compuesta por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que tendrán decisión respecto al caso de los cinco damnificados, para evaluar si pueden volver a participar como querellantes o no.
Si no hace a lugar, la investigación del escándalo cripto quedará únicamente en las manos del fiscal Taiano.