El municipio de Allen, en la provincia de Río Negro, atraviesa una crisis política sin precedentes desde hace más de un año. Este miércoles, la situación tuvo un nuevo capítulo: el Concejo Deliberante votó la suspensión del intendente Marcelo Román, que afronta cargos de administración fraudulenta y peculado. Cuando lo fueron a notificar, el jefe comunal se negó a dejar su puesto y denunció un “golpe institucional”.
Román estaba apuntado desde mediados del años pasado por millonarios gastos en el municipio, entre ellos los 576 millones de pesos que desembolsó para la Fiesta Nación de la Pera. Y también por el despido de decenas de trabajadores municipales, en una situación económica que el intendente atribuyó a “una crisis económica nacional”.
El jefe comunal llegó al puesto en 2023 por el radicalismo, dentro de una gran coalición con Alberto Weretelnick como referente, pero luego se pasó a las filas libertarias. De hecho, fue vicepresidente de La Libertad Avanza hasta agosto de 2025, cuando renunció “por motivos personales” a ese cargo.
Para entonces las aguas ya estaban agitadas en Allen. El Concejo Deliberante de Allen le rechazó la emergencia económica. Incluso, como la Secretaría de Trabajo clausuró los camiones recolectores de residuo, el mismo Román salió a levantar la basura con sus concejales y otros funcionarios.
Diez meses después, los concejales volvieron a darle un revés, con una votación a favor de apartar preventivamente a Román de sus funciones. Además, resolvieron que dejará de percibir su sueldo mientras la Justicia define su situación. La votación terminó con seis votos a favor y tres en contra.
Román ya confirmó que se defenderá ante la Justicia de su suspensión y rechazó el apartamiento. Aseguró que esa medida es contraria a lo que indican la Constitución Nacional y la Provincial.
En un video, difundido por el medio local Inforo, se ve toda la secuencia cuando, frente a las autoridades del Concejo Deliberante, el intendente se negó a entregar el poder municipal. “Seis personas no van a decir sobre lo que la mayoría popular votó”, dijo.
Concretamente, la situación del libertario comenzó a complicarse en mayo de 2025, cuando el Tribunal de Cuentas municipal lo denunció tras la renuncia de la secretaria de Hacienda, quien reveló la existencia de un “asesor externo” que actuaba como funcionario sin cargo formal.
Román reconoció que había estado “mal asesorado” y que en la gestión tomó “varias decisiones que no fueron las acertadas”.
Además, se le investiga por el manejo de los recursos municipales, lo que derivó en la aplicación del artículo 109 de la Carta Orgánica para apartarlo del cargo.