La Argentina debe involucrarse en las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional, que se reanudan en Nueva York el 3 de agosto. Allí se debate el futuro de la arquitectura tributaria internacional que define cuánto puede recaudar cada país para financiar su desarrollo: una cuestión de estabilidad futura, más que un tecnicismo fiscal.
La Argentina recauda hoy el 27,6% del PIB, por encima del promedio regional pero por debajo de la OCDE, y su recaudación ha retrocedido desde el pico de 2015. El problema no es solo cuánto se recauda, sino cómo: el impuesto a la renta de las personas es bajo —en torno al 1,5% del PIB— y el sistema descansa en impuestos al consumo, mientras la riqueza más alta y las multinacionales escapan al fisco. Parte de la brecha con la OCDE es estructural —las economías avanzadas financian sistemas de seguridad social mucho mayores—, pero el sesgo regresivo es, en buena medida, una elección de política.
El World Inequality Report 2026 trae un dato que ningún ministro de Hacienda debería ignorar: el 0,001% más rico —unas 56.000 personas— posee tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad. América Latina tiene las mayores brechas del mundo entre el 10% más rico y el 50% más pobre.
La guerra en Oriente Medio lo volvió todo más urgente: encareció la deuda externa que asfixia a 356 millones de latinoamericanos. En la Argentina ni siquiera la tregua abaratará los combustibles antes de agosto y Vaca Muerta solo es competitiva si el crudo no cae demasiado.
Mientras tanto, la guerra ha repartido ganancias hacia arriba: petroleras e intermediarios comerciales multiplican beneficios y los fondos especulativos casi duplicaron sus apuestas en futuros de maíz, soja y trigo. No por azar ICRICT, organización que integro justo al premio Nobel Joseph Stiglitz y la economista líder Jayati Ghosh, pidió gravar las ganancias extraordinarias de quienes lucran con la guerra: esa riqueza es la que el sistema actual no alcanza.
El intercambio de información ya da frutos: según el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, los países latinoamericanos recaudaron 578 millones de euros más sólo en 2025. Pero ese avance es desigual entre los países de la región, y la negociación en curso en la ONU podría democratizar el acceso a esos beneficios para países como la Argentina.
El sistema tiene límites. El Observatorio Fiscal Internacional muestra que el 24% de la riqueza offshore de los latinoamericanos queda fuera del intercambio automático, y que el 44% está en Estados Unidos, convertido hoy en la nueva guarida fiscal de la región. El problema de fondo es de arquitectura: las reglas se escribieron en la OCDE, donde los países en desarrollo eran minoría, y cada año cerca del 1% del PIB mundial fluye de los pobres a los ricos. El nuevo marco “lado a lado” —que deja a Estados Unidos aplicar sus reglas al margen del impuesto mínimo global— prueba que esos estándares se moldean según el poder de cada país.
Y la arquitectura actual, concebida hace 100 años no es neutral: el sistema reproduce la desigualdad que dice administrar. La mirada del argentino Raúl Prebisch, el gran pensador de la CEPAL, sigue siendo de inmensa utilidad: los sistemas tributarios que erosionan la igualdad terminan erosionando la democracia.
¿Qué debería defender la Argentina en agosto? Una convención ambiciosa que grave de verdad los beneficios de las multinacionales; un protocolo sobre servicios transfronterizos acorde a la economía digital; un intercambio de información realmente universal, con registros de beneficiarios finales e informes públicos país por país que obliguen a las multinacionales a revelar cuánto tributan donde operan; y un impuesto mínimo a las grandes fortunas. Esa última medida la propia Argentina ya la respaldó en el G20.
Según el Observatorio Fiscal Internacional, un mínimo del 2% sobre las grandes fortunas recaudaría unos 24.000 millones de dólares al año en las mayores economías de la región —el 0,6% del PIB—: ingresos estructurales que aliviarían el peso de los impuestos al consumo y la dependencia de rentas tan volátiles como las energéticas.
América Latina no parte de cero: la PT-LAC —Plataforma Regional de Cooperación Tributaria, impulsada por Brasil, Chile y Colombia y con secretaría técnica de la CEPAL— ya coordina posiciones comunes.
El momento de unidad en las negociaciones de ONU es ahora, aunque algunos gobiernos de la región prefieran cortejar a Washington antes que negociar en bloque.
Argentina puede llegar a Nueva York articulada con la región, con el G77, y resistir la vieja táctica de dividir para reinar. Puede ser espectadora de reglas escritas por otros o protagonista de la primera arquitectura fiscal verdaderamente global y democrática. Se trata, en el fondo, de reconciliar el proceso económico con el democrático. Llegar tarde no es una opción.
José Antonio Ocampo es Miembro de la Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Internacional de Tributación de Corporaciones (ICRICT), profesor de la Universidad de Columbia y ex ministro de Hacienda de Colombia.
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