La fiscal de La Plata Betina Lacki hizo detener a otro financista del juego clandestino bonaerense que, según la investigación, utilizaba a ex presos del Patronato de Liberados: Cristian Scigliano. Mientras los especialistas en criptomonedas Catriel Taubenschlag y Juan Campoli Sillero continúan sin presentarse ante la Justicia, informaron fuentes judiciales a Clarín. Luego hizo luego de una serie de nuevos allanamientos.
La semana próxima, la fiscal deberá decidir si solicita que las detenciones sean transformadas en prisiones preventivas hasta la realización del juicio.
Los imputados están acusados de los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos y lavado de activos agravado. Según la investigación, integraban una organización que captaba personas en situación de vulnerabilidad con el objetivo de utilizar sus datos biométricos sin su consentimiento y abrir cuentas en billeteras virtuales para lavar dinero que provendría del juego clandestino en la provincia de Buenos Aires. El expediente tiene además conexiones con la causa Sur Finanzas, la financiera vinculada a la AFA. La orden de detención fue librada por el juez de Garantías Agustín Crispo.
La investigación detectó un circuito de lavado de unos $27.000 millones y puso bajo la lupa a Ignacio Leonel Marchioni, quien ya está imputado en la causa Sur Finanzas, cuyo dueño, Maximiliano Vallejo, tenía vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Los investigadores sospechan que Marchioni cumplía un papel en el tramo destinado al lavado del dinero de la organización.
Según la fiscal Lacki, la banda utilizaba los datos biométricos de ex presos para abrir billeteras virtuales a su nombre, donde luego se depositaban ganancias provenientes de juegos online con el objetivo de introducirlas en el circuito financiero y blanquearlas.
La organización descubierta utilizaba como “mulas” financieras virtuales a personas en situación de vulnerabilidad. Ese mecanismo presenta un punto de contacto con otra investigación que viene siguiendo de cerca la Justicia: el expediente sobre Sur Finanzas. En el centro de ese cruce aparece un nombre que se repite: Ignacio Leonel Marchioni.
En paralelo, la ex funcionaria del Patronato de Liberados bonaerense Albertina Mangini, detenida desde hace dos semanas, reclamó el beneficio de la prisión domiciliaria. Según planteó su defensa, la mujer atraviesa problemas de salud que se habrían agravado durante su detención.
De acuerdo con un informe médico incorporado al expediente, Mangini manifestó episodios de ansiedad, angustia y nerviosismo vinculados con su situación judicial.
“Mangini no niega la existencia de la causa, pero plantea que la prisión preventiva, en estas condiciones, deja de ser una medida procesal y pasa a agravar un riesgo sanitario concreto”, indicó una fuente al diario El Día de La Plata.
La condición médica de la mujer representa ahora un elemento central en la estrategia de su defensa para solicitar una morigeración de la prisión preventiva.
Ante los planteos realizados por sus abogados, el juez Crispo requirió la intervención de la Asesoría Pericial para evaluar con mayor precisión su situación de salud.
Los registros penitenciarios también dan cuenta de un seguimiento de su estado de salud mental. La defensa aportó otros informes que describen “una intensa angustia mediante un llanto espontáneo” y una “sintomatología ansioso-depresiva”, cuadro que requeriría un esquema de medicación con ansiolíticos y antidepresivos.
A pesar de estos argumentos médicos, la Cámara de Apelaciones de La Plata rechazó semanas atrás un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Mangini.