A cuatro días de la resolución de la jueza de Menores de Lomas de Zamora, Marta Pascual, que pospuso por 60 días la ley que baja la imputabilidad de los menores, en el Senado bonaerense se presentaron tres pedidos de juicio político contra la magistrada por presunto “mal desempeño” en sus funciones.
La mesa de entradas de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados recibió las denuncias que tienen las firmas del diputado provincial Manuel Passaglia (Hechos); del senador Guillermo Montenegro (Pro) y de un abogado bonaerense, Alfredo Drocchi, quien actúa por “derecho propio” y como ciudadano bonaerense.
Todas las presentaciones tienen como disparador la resolución cautelar dictada el 7 de septiembre por Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 en la causa N.º 40881-HC (“Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo”). Allí la magistrada dispuso suspender preventivamente la aplicación de la Ley Nacional 27.801 (nuevo régimen penal juvenil) en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
Esa norma baja de 16 a 14 la edad en la que los adolescentes pueden ser imputados por delitos penales. Y por lo tanto fija condiciones de privación de la libertad para los eventuales responsables de delitos a partir de esa edad.
La controversia asoma como de cuestión técnico-jurídica pero deriva en un fuerte impacto político. La Casa Rosada promovió y logró la sanción de esta reforma en febrero de este año y estableció un plazo de 180 días para adaptar las estructuras de detención de menores y otras instituciones. Entre los ministros de Axel Kicillof hubo posturas contrarias a la reforma y cuando se conoció el fallo de Pascual acusaron al gobernador por “defender a los delincuentes”.
La primera que se pronunció fue la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “No tengo la menor duda que esta decisión se hizo en complicidad con Kicillof”, acusó la presidente del bloque LLA del Senado.
Menos de 24 horas después del dictamen de la jueza, el diputado Sebastián Pareja anunció que pediría el juicio político. El presidente de LLA bonaerense todavía no elevó el pedido. Cerca del dirigente explicaron que se evalúan todas las alternativas para que “tenga la fuerza necesaria para que llegue a buen término”.
Mientras, el procedimiento para iniciar el tramite que podría derivar en una sanción contra Pascual, ya comenzó.
Montenegro, ex intendente de Mar del Plata, ex juez federal y aliado a LLA desde el bloque PRO del senado provincial, expuso argumentos que son coincidentes con los planteados por Passaglia (del partido Hechos, con anclaje en San Nicolás) y el abogado Drocchi.
“Kicillof hizo nada en este tiempo para adaptar la provincia al nuevo régimen penal. No nos sorprende y tampoco que haya jueces que se suman a este juego. Por eso pretendemos que sea destituida”, dijo el diputado Passaglia.
Se podrían resumir en estas presuntas irregularidades que serían motivo de enjuiciamiento: Extralimitación funcional y mal desempeño, por haber paralizado en toda la provincia la aplicación de una ley sancionada por el Congreso de la Nación mediante una medida cautelar de primera instancia, sin haber resuelto el análisis constitucional de fondo.
Irregularidades sobre la competencia judicial, por dictar una medida cautelar de alcance masivo teniendo aún pendiente de definición la cuestión de su propia competencia e invadir la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) al intervenir en un conflicto entre leyes nacionales y provinciales.
Y falta de fundamentación y prueba objetiva suficiente por pretender justificar una medida de alcance provincial sustentándose esencialmente en las condiciones materiales de un establecimiento particular (Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora) y en “hechos de público conocimiento”, sin respaldarlo con prueba estadística global ni evaluar medidas menos restrictivas.
Pascual intervino ante una denuncia de la ONG que dirige el Padre Pepe. Buscaba evitar que fueran recluidos menores en los institutos de Lomas de Zamora, por aplicación del nuevo régimen penal juvenil.
La magistrada tomó como referencia las inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas, donde previamente se debió establecer un límite máximo de 60 adolescentes alojados pero según esa revisión no cumplía con “los estándares mínimos”.
Pascual fue por 8 años funcionaria del gobierno de Eduardo Duhalde (1991-1999) y luego pasó a ocupar un cargo en la justicia provincial. La Universidad de Almirante Brown (UNAB) la condecoró con un título “Honoris Causa” por su trayectoria jurídica y por sus intervenciones en el abordaje de la delincuencia juvenil.
El proceso se tramita en la Secretaría de Enjuiciamiento de la provincia que funciona en ámbitos del Senado bonaerense y está a cargo de Ulises Giménez. El primer paso será la ratificación de las denuncias. Montenegro, Passaglia y Drocchi deberán presentarse el lunes ante el secretario para firmar de manera presencial.
Según trascendió, como se trata de “objetos similares y contra el mismo magistrado” las presentaciones se van a acumular y Giménez elevará un dictamen a la Procuración General y a la Comisión bicameral de enjuiciamiento.
Es un dictamen no vinculante. El Procurador y la Comisión pueden definir si se avanza o se cierra. Eso será en no menos de 10 días.
Luego, si prospera la acusación se hacen los sorteos. La Suprema Corte bonaerense sortea los 5 conjueces abogados y la Secretaría los 5 conjueces legisladores. Los dirige el presidente de la Corte. Una vez concluido este paso se convocaría a la primera audiencia.
El jury de enjuiciamiento es el único instrumento que existe en Provincia para sancionar, suspender o revocar el mandato de un juez o magistrado del Poder Judicial.