La Sala 1 de Cámara Criminal y Correccional Federal de Comodoro Py ratificó este viernes la decisión de apartar de la causa $LIBRA al grupo de inversores que se presentaron como querellantes, en una decisión que había sido solicitada por el cripto lobbista Mauricio Novelli.
La resolución, que favorece al gobierno de Javier Milei al debilitar la hipótesis de la estafa alrededor del caso, salió un día después de la asunción de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi como nuevos integrantes de esa Cámara.
Bertuzzi es uno de los jueces que puso la firma en la resolución, junto a Mariano Llorens.
El fallo alcanza a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, a quienes el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi les había quitado el derecho de ser parte de la querella tras un pedido de Novelli aprobado hace dos meses.
La defensa de Novelli había planteado que en el caso $LIBRA no se cumple la secuencia típica exigida por el Código Penal para hablar de una estafa (ardid, error, disposición patrimonial o perjuicio), ya que los querellantes no son “particulares ofendidos” por un delito, sino inversores en un mercado de riesgo.
Esa línea argumental es la misma que había esgrimido desde un primer momento la Casa Rosada, cuando el presidente Milei salió a dar una entrevista horas después del escándalo y dijo que las memecoins eran una inversión de riesgo. “Es como que alguien va, juega a la ruleta rusa y le tocó la bala”, le había dicho a Jonathan Viale.
Según reconstrucciones de los mensajes en el teléfono de Novelli, el lobbista habría participado en el armado de la estrategia comunicacional para dejar atrás la crisis. La misma ahora fue validada por la Cámara Federal.
En su resolución, a la que tuvo acceso Clarín, los camaristas afirman que “la hipótesis criminal” de un “un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales” se encuentra “diluida”.
Para la Cámara Federal, los querellantes no lograron demostrar un ardid o una falsa afirmación “que los hubiera determinado a adquirir el token, ni la existencia de un nexo que conecte esa presunta maniobra perniciosa con la disposición patrimonial que habrían ejecutado”
“(los apelantes) solo se han limitado a describir una sucesión de eventos sin identificar la falsedad concreta que los impulsó a efectuar la compra, esto es, cuál es el momento de la secuencia fáctica en donde se inserta el posteo (en referencia al tuit de Milei)”, sostiene.
Los jueces afirmaron que “quienes adquirieron el token asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra y, en el caso de los aquí apelantes, la pérdida patrimonial invocada no resulta sino una consecuencia de ese riesgo asumido“.
La resolución además sostiene que “la afirmación de un engaño pierde efectividad” al haberse montado utilizando tecnología blockchain, un entorno que registra de manera pública e inmutable las operaciones.
A través de sus abogados, los querellantes apartados adelantaron a Clarín que planean ir a Casación para apelar la medida. “Debería darnos la derecha”, esperan.
La decisión de la Cámara Federal no cierra definitivamente la Causa del criptoescándalo, aunque sí la hiere. Gran parte de los avances en la investigación se habían dado a partir de las medidas presentadas por las querellas, o por la Comisión Investigadora $LIBRA del Congreso, que terminó sus funciones el año pasado sin lograr llevar a declarar a ninguno de los participantes.
Así, el avance de la investigación quedará únicamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, quien tiempo atrás fue criticado en su accionar por las demoras para tomar medidas de prueba en la causa que incomoda al Presidente.
Bertuzzi integra la Cámara desde 2018 cuando junto con Leopoldo Bruglia fueron trasladados allí por Mauricio Macri. El gobierno de Alberto Fernández había objetado la decisión y la causa llegó a la Corte Suprema, que decidió que debía realizarse finalmente el concurso por las vacantes, aunque le permitieron mantenerse en el puesto.
Bertuzzi avanzó con el proceso de selección y logró la aprobación de su pliego en el Senado. Bruglia no aceptó la decisión, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con una cautelar y por ese motivo se abrió una vacante para Yadarola, amigo del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
Los flamantes jueces entraron en funciones ayer jueves. Yadarola, antes de dejar su cargo anterior como juez en lo Penal Económico, decidió archivar otra causa sensible para el gobierno: se trata del caso que investigaba el ingreso al país de diez bultos sin controles aduaneros en el Aeroparque Metropolitano, a bordo de un avión privado del empresario Leonardo Scatturice, por una presunta maniobra de contrabando.