Es un antiguo objetivo del presidente Donald Trump: poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que permite a miles de extranjeros vivir y trabajar en Estados Unidos de forma legal. Las últimas decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) involucran (y perjudican) a casi un millón de refugiados de Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
El DHS ha sido enfático en una publicación de redes sociales: “Todas las cancelaciones del TPS ya están en vigor. Quienes tengan el TPS cancelado deben irse ahora. Si no lo hacen, los deportaremos“.
La medida alcanza a personas que, según las disposiciones adoptadas por el Gobierno estadounidense, ya no cumplen con los requisitos para permanecer bajo esta protección. El alcance de la decisión dependerá de las determinaciones establecidas para cada nacionalidad y de los plazos fijados para la finalización del programa.
La finalización del TPS (que en muchos casos se da por perjuicios humanitarios en los países de origen) tiene relación con un fallo de la Corte Suprema en el caso Mullin v. Doe. Por mayoría, el tribunal permitió que el gobierno avanzara con la terminación del TPS para ciudadanos de varios países.
El gobierno aclara que el TPS es un permiso especial que habilita la permanencia de ciudadanos de países afectados por crisis políticas, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Es un permiso temporal que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) renovaba cada año.
La suspensión del permiso afecta directamente a los ciudadanos de Haití, quienes lo habían obtenido debido a las catástrofes sufridas por el país. Comenzó a regir en 2010 y se calcula que hay 350.000 beneficiarios de ese origen. El fallo se refiere, precisamente, a estos ciudadanos y los de Siria.
Para los nacidos en Honduras, había sido otorgado en 1998 luego de que el huracán Mitch devastara gran parte del país. En junio de 2023, el gobierno de Joe Biden había rescindido la decisión de terminar el TPS que había tomado Trump durante su primer gobierno y lo extendió hasta el 5 de julio de 2025. Los afectados suman unos 50.000.
También el huracán Mitch llevó a Washington a otorgar el TPS a los nicaragüenses a partir de 1998. Debía terminar el 8 de septiembre de 2025. Al confirmarse su finalización, hay unas 4.000 personas afectadas.
Para los venezolanos, el TPS fue aplicado por primera vez en marzo de 2021, debido a la persecución política del régimen chavista de Nicolás Maduro, durante la administración Biden. Posteriormente, en octubre de 2023, el DHS amplió la protección hasta abril de 2025. Abarca a unas 600.000 personas.
La alternativa a la deportación consiste en abandonar Estados Unidos de manera voluntaria. Estas personas pueden acceder a vuelos gratuitos que los llevan a sus países de origen.
La medida abre una nueva etapa para miles de migrantes que permanecen en el país bajo este programa. Sin embargo, el impacto no será necesariamente igual para todos los beneficiarios, ya que las fechas y condiciones para terminar la protección dependerán de cada nacionalidad.
El Pew Research Center, que estima en un millón los alcanzados por la finalización del TPS, también realizó una encuesta. En el sondeo la mayoría (59%) manifestó su desacuerdo con la medida, mientras que el 39% la aprobó.