El fiscal Gerardo Pollicita le pidió más explicaciones a Manuel Adorni por las inconsistencias de su declaración patrimonial

Un incremento patrimonial del 119%. Números inconsistentes. Cifras sin sustento documental. Tenencia de dólares dudosa. Después de más de cuatro meses de investigación, el patrimonio de Manuel Adorni tiene, para la Justicia federal, más interrogantes que certezas. Por ese motivo, este lunes, el fiscal federal Gerardo Pollicita firmó el requerimiento de justificación, una instancia previa al llamado a indagatoria. Será el juez Ariel Lijo quien notifique al ex funcionario. Tiene 15 días para explicar todo.

La renuncia a su cargo de Jefe de Gabinete no va a eximir a Manuel Adorni de ser llamado por la Justicia federal para brindar explicaciones sobre las dudas que se desprenden de su declaración patrimonial, no sólo la última correspondiente al período fiscal 2025, sino todas las rectificaciones con las que modificó la cantidad de bienes, el valor de los mismos y los dólares con los que buscó justificar el incremento de su fortuna.

Ante la Oficina Anticorrupción (OA) y motivado por el avance de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni presentó la declaración jurada anticipada que para el fiscal Gerardo Pollicita agregó más dudas que certezas. Esto se sumó a una importante cantidad de declaraciones testimoniales y los primeros interrogantes sobre el patrimonio del ex funcionario.

El requerimiento de justificación que firmó el representante del Ministerio Público Fiscal tiene como sustento el informe que confeccionó la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que analizó los ingresos y egresos de Manuel Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti.

Las inconsistencias detectadas condujeron al fiscal Pollicita a firmar este lunes el enriquecimiento de justificación para que el ex funcionario explique su patrimonio.

El fiscal sostuvo en su dictamen que el análisis conjunto y pormenorizado de la prueba reunida —incluido el análisis técnico de la SIFRAI-DAFI—, cotejada con las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales públicas y reservadas y sus rectificativas, “permitió advertir las inconsistencias que sustentan el requerimiento de justificación patrimonial, lo cual condujo a la Fiscalía a presentar, el 10 de agosto del corriente, ante el Juzgado Federal N° 4 un dictamen de 207 fojas, donde se desarrolla y estructura la intimación en veinte puntos concretos que Manuel Adorni deberá justificar”.

En función de ello, la fiscalía formuló requerimiento de justificación patrimonial por el cual se intimó a Manuel Adorni para que, en el plazo de 15 días, “justifique la procedencia del incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge, Bettina Julieta Angeletti durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 —fecha de ingreso a la función pública nacional— y el 27 de junio de 2026 —día de su renuncia al cargo—, en los términos del art. 268 (2) del Código Penal”.

La intimación, indica el dictamen al que accedió Clarín, comprende los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente.

En ese sentido, dijo Pollicita, “cabe resaltar que durante la sustanciación de la investigación pudo determinarse que, en el período apuntado, Manuel Adorni percibió treinta y cinco haberes derivados del ejercicio de su cargo a los que se añaden los correspondientes a ingresos comprobados de su cónyuge”.

Frente a esos recursos, que ascienden en conjunto a $ 229.752.283,20, el grupo familiar afrontó gastos —por ejemplo seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito— por $ 272.820.832,20, por lo que la diferencia en moneda nacional alcanza los $ 43.068.549.

Por otro lado, en lo que respecta a las divisas “que no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados, empleadas, entre otros gastos del grupo familiar —por ejemplo, viajes y alquileres— y otros gastos corrientes—, para la adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá —y su refacción integral—; del departamento de Miró 550; y el mobiliario encargado para esos inmuebles, se pudo acreditar que la suma total desembolsada fue de 402.578,12 dólares.

Ese desajuste, consignó la fiscalía, que debe ser explicado, “parte de una serie de inconsistencias detectadas entre las que corresponde que sean justificadas las tenencias de dólares estadounidenses declaradas, respectivamente, al inicio y al cierre, de los ejercicios 2023 y al cierre del ejercicio 2024, bajo el rubro “venta de activos”, así como el origen de las divisas empleadas para afrontar distintas erogaciones, entre ellas diversos viajes al exterior”.

Entre otros aspectos detallados por el fiscal Pollicita, que deberán explicarse en el plazo de 15 días, figuran las “fuentes de financiamiento invocadas, entre ellas los mutuos atribuidos a dos familiares, cuya concertación, efectiva entrega y evolución no han sido documentadas; las deudas con el Banco Galicia informadas en la declaración inicial y omitidas en las posteriores —que desaparece de un ejercicio a otro—”.

Se especifica la falta de presentación de los Anexos Reservados de su cónyuge en tiempo y forma; y el modo en que concilia los gastos declarados “que, al inicio de 2024 estaban en cero y aumentaron aproximadamente un 119% para final de ese período”.

Para la fiscalía falta congruencia respecto al origen del dinero empleado para las mejoras en sus propiedades declaradas; las discrepancias entre la forma en que el requerido declara un inmueble y cómo lo declara su cónyuge; y los ingresos exentos, herencias y donaciones a los que atribuye capacidad explicativa respecto de una parte del incremento patrimonial.

También integra el objeto del requerimiento la modalidad mediante la cual se afrontaron diversos gastos. En particular, “deberá explicarse la intervención de personas del entorno en la adquisición de bienes o en la realización de pagos por cuenta del requerido, con posteriores reintegros en efectivo, así como el nivel de consumos con tarjetas”.

Por último, Adorni deberá justificar la operatoria con criptoactivos, que comprende el capital informado por el ex funcionario, ante una billetera virtual al validar su identidad y no exteriorizado en sus Declaraciones Juradas ante la Oficina Anticorrupción; el origen y destino de los criptoactivos incorporados en la Declaración Rectificativa del ejercicio 2023; y su vinculación con el circuito de billeteras que la SIFRAI–DAFI relacionó con las cuentas del requerido”.