Tras el sabor agridulce que le dejó la aprobación del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado, el Gobierno ya se prepara para el próximo test en Diputados y anticipa la decisión de resignar los capítulos que modificaban la Ley de Tierras y de Manejo del Fuego.
Está claro que el oficialismo sintió cimbronazo del traspié en la Cámara alta, donde Patricia Bullrich puso todo pero no pudo evitar que los aliados deshojaran el proyecto empujado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzeneger, quien a partir de ahora deberá consultar con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, las reformas que tiene para mandar al Congreso.
El texto aprobado por el Senado ingresó este viernes en Diputados y la intención de los libertarios es comenzar a debatirlo después del tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que comenzó a ser analizada en comisión y que podría ser llevada al recinto el 19 o 26 de agosto.
La Libertad Avanza (LLA) aceptó que los capítulos de Tierras y de Manejo del Fuego pasarán a ser discutidos con más tiempo y con más consenso con la oposición aliada y descartan que haya algún intento de reincorporarlo en Diputados. Como advirtió un punzante diputado fue “un fuerte golpe a Sturzenegger y un aprendizaje para el Gobierno”. “La idiotez y la soberbia son malas consejeras”, completó el legislador opositor.
En rigor, el oficialismo acusó recibo al reconocer que hubo un “cambio de contexto” para los planes del ministro de Desregulación. Lo curioso es que no fue la oposición sino el efecto social el que hizo trastabillar al Gobierno, que en el primer semestre solo tuvo festejos en el Congreso, incluso pudo surfear la ola que generó el caso de Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.
La idea de Martín Menem es insistir con la media sanción del Senado para evitar la confrontación con los aliados y el PRO que comanda Cristian Ritondo va apoyar el proyecto porque forma parte de su agenda desde hace más de dos décadas.
Desde el bloque amarillo calificaron como positiva la aplicación del juicio sumarísimo para los desalojos porque es un procedimiento ágil y con control judicial para recuperar inmuebles usurpados. También avalan las restricciones al Estado para la expropiación de bienes e inmuebles, con la eliminación de las expropiaciones genéricas e incorporando el lucro cesante.
Por su parte, el bloque radical del Senado votó casi completo a favor del proyecto, sólo faltó Flavio Fama con licencia médica, por lo que se especula que acompañará la propuesta en Diputados, donde la bancada es presidida por Pamela Verasay, quien está en línea con Alfredo Cornejo, uno de los socios más firmes que tuvo el Gobierno.
También podría sumar los votos del MID y de los misioneros de Innovación Federal aunque no está garantizado que tenga el apoyo de los 3 salteños que responden a Gustavo Sáenz, ya que la senadora Flavia Royón votó en contra.
Así llegaría a unos 120 diputados, a los que se agregarían los dos sanjuaninos, el santacruceño José Luis Garrido y la radical Karina Banfi, quien está en sintonía con Maximiliano Abad, que dio su voto tras la caída del capítulo que modificaba la Ley de Tierras y apoyó la baja de la modificación a la ley de Manejo del Fuego.
Pese a que el Gobierno cuenta con una base, entre propios y aliados, de 130 diputados, el escenario no se presenta tan claro, al menos en esta instancia, porque de acuerdo a la votación del Senado puede perder algunos dialoguistas en el camino.
Datos a tener en cuenta. En el Senado, las tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza rechazaron la propuesta, por lo que el oficialismo no tendría los votos de los 3 diputados del bloque Independencia que responde al gobernador Osvaldo Jaldo.
Tampoco contaría con los 3 salteños de Sáenz, ni los 3 catamarqueños alineados al gobernador Raúl Jalil. A ellos se suman la neuquina Karina Maureira, pupila de Rolando Figueroa, ya que su senadora votó por el rechazo.
En el peronismo, con 93 bancas, rescatan que el Senado haya volteado los capítulos que modificaban la Ley de Tierras y de Manejo del Fuego, pero admiten que hay puntos sensibles como los vinculados con los desalojos, un tema que puede funcionar como gancho para que la oposición más dura intente instalar los proyectos vinculados a atender el alto nivel de morosidad.
Los 4 diputados de la izquierda y una decena de legisladores que responden a gobernadores y otros monobloques podrían conformar un conglomerado de 115 votos en contra.
En consecuencia, la clave de la votación estará en cómo se posicionan los 18 representantes de Provincias Unidas, un espacio variopinto que formaron los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy) y que podría ir dividido como lo hicieron en el Senado.