Jessica Treviño Villegas llegó a Estados Unidos a los 7 años desde México y construyó toda su vida en la localidad de Alamo, Texas. A sus 34 años, protegida desde la década pasada por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), era la encargada de criar a sus tres hijos adolescentes, todos ellos ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, su realidad cambió drásticamente tras ser arrestada por agentes federales en el estacionamiento de un comercio local y deportada a la ciudad fronteriza de Matamoros.
La controversia escaló a los tribunales federales esta semana luego de que el propio gobierno estadounidense le enviara una notificación oficial informándole que iniciaría el proceso para revocarle el estatus DACA, el cual estaba plenamente autorizado hasta abril de 2027. La justificación alegada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) fue que Treviño incurrió en un “viaje no autorizado fuera de Estados Unidos”, utilizando como argumento la fecha exacta en que la agencia federal la expulsó por la fuerza del territorio estadounidense.
El abogado defensor David Rozas presentó una demanda de emergencia ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, con sede en Brownsville, solicitando la intervención urgente de un juez. En la petición judicial se califica la medida como una expulsión ilegal y se nombra directamente como demandados al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, y al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons.
La defensa argumenta que el gobierno carecía de base legal para deportar a una persona con protección DACA activa y antecedentes penales limpios. Sin embargo, en lugar de corregir la expulsión, las autoridades migratorias apelaron a la propia deportación como una “salida voluntaria no autorizada” para retirar de forma definitiva las salvaguardas que impedían su remoción.
El origen del caso se remonta a finales de diciembre, cuando agentes federales siguieron el vehículo en el que viajaban Treviño, su esposo y dos de sus hijas hasta una tienda Home Depot en el sur de Texas. Según la versión difundida por el Departamento de Seguridad Nacional, el esposo conducía sin permiso y se produjo una colisión con un vehículo sin distintivos de Investigaciones de Seguridad Nacional. La agencia gubernamental sostiene que la mujer aceptó formalmente la salida voluntaria del país y renunció a su derecho a apelar antes de cruzar la frontera.
No obstante, Treviño desmintió categóricamente la versión oficial en declaraciones a la prensa, asegurando que jamás firmó documento alguno en el centro de detención de ICE y que fue expulsada contra su voluntad. Separada de sus tres hijos, quienes viven con familiares en la frontera texana a la espera del inicio del ciclo escolar, la madre expresó su desesperación por regresar a su hogar tras siete meses de separación forzosa.
“He vivido en este país desde que era niña y cumplí con cada norma de DACA durante 14 años. En lugar de respetarlo, me separaron de mis hijos y ahora intentan quitarme las mismas protecciones que se suponía que me mantendrían a salvo. Mis hijos necesitan a su madre y no voy a dejar de luchar para volver a casa”, declaró Treviño.
El caso de Treviño Villegas no representa un hecho aislado dentro de la política migratoria actual. De acuerdo con una carta oficial enviada por el Departamento de Seguridad Nacional al senador demócrata Dick Durbin, la administración ha arrestado a más de 240 beneficiarios de DACA y ha deportado a 86 de ellos, abriendo un severo debate sobre la validez real de los permisos de trabajo y las garantías de no deportación otorgadas por el gobierno federal.
Organizaciones de derechos civiles como FWD.us y La Unión del Pueblo Entero (LUPE) han advertido que este tipo de maniobras legales forman parte de un esfuerzo sistemático para erosionar el programa DACA mediante la descalificación individual de sus integrantes. Al fabricar justificaciones posteriores a la deportación física de los jóvenes soñadores, la administración sienta un peligroso antecedente que deja en la indefensión a miles de familias con estatus temporal vigente en todo el país.