La Guardia Civil española desarticuló una organización criminal que introdujo en el país hasta 46.000 toneladas de residuos provenientes de Francia.
Esta basura incluía materiales peligrosos como hidrocarburos y metales pesados, y había sido enterrada de forma clandestina campos y vertederos no habilitados de la provincia de Barcelona.
La investigación continúa su proceso y podrían ocurrir nuevas detenciones.
Tras descubrir una trama de depósito ilegal de residuos, cuatro personas fueron detenidas en una operación conjunta de la Guardia Civil con la Gendarmería francesa y Europol, que se desplegó de manera simultánea en Cataluña y el sureste de Francia los días 23 y 24 de junio.
Los arrestados son dos hombres de 39 y 70 años, de nacionalidad española y francesa, y dos mujeres de 62 y 66 años, de nacionalidad española e italiana. Enfrentan cargos por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad documental, evasión impositiva, estafa, lavado de activos y pertenencia a organización criminal.
El esquema delictivo funcionaba sobre la base de documentación apócrifa que les permitía evitar los controles aduaneros y sanitarios exigidos en los traslados internacionales de residuos.
Así, los investigados lograban introducir los materiales en España sin pagar los impuestos correspondientes a la Hacienda Pública española ni los cánones de depósito vigentes en Francia, donde la fiscalidad ambiental para este tipo de desechos es sensiblemente más elevada.
Una vez en territorio español, una parte de los residuos era enterrada de forma encubierta en suelos agrícolas del municipio de Sant Esteve Sesrovires, provincia de Barcelona. El resto era derivado hacia cuatro vertederos de residuos inertes y tres de residuos no peligrosos, donde los materiales —plásticos, maderas y envases— eran mezclados con tierra sin ninguna medida de seguridad.
La presencia de residuos peligrosos entre los materiales vertidos agrava el cuadro. Hidrocarburos y metales pesados fueron depositados en terrenos que no estaban preparados para contener ese tipo de contaminación. Un informe técnico deberá determinar el alcance del daño ambiental generado y el riesgo concreto para las personas que habitan o trabajan en las zonas afectadas.
La Guardia Civil inició las pesquisas en 2022, a partir de inspecciones en una planta de gestión de residuos que realizaba vertidos en suelos agrícolas con materiales provenientes de áreas contaminadas por grandes obras.
En el transcurso de esa investigación, la institución detectó la llegada de residuos desde gestores ubicados en Francia, lo que amplió el alcance del caso y motivó la coordinación internacional.
En el operativo de detención participaron más de un centenar de agentes entre la Guardia Civil, la Gendarmería francesa y Europol. El despliegue fue simultáneo en ambos países para evitar que los investigados pudieran alertarse mutuamente.
En la provincia de Barcelona se allanaron tres domicilios y empresas en Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei y Sant Esteve Sesrovires. Además, se realizó un registro en un domicilio de la provincia de Girona. En todos los procedimientos se incautaron documentación, archivos contables, dispositivos electrónicos, teléfonos y ordenadores.
El análisis de ese material permitirá establecer el volumen real de residuos introducidos, la cantidad de dinero involucrada en el esquema y la eventual participación de otras personas aún no identificadas. Por el momento, los datos disponibles ya sitúan la operación entre las de mayor envergadura vinculadas al tráfico ilegal de desechos en España.
El caso quedó a cargo de la Sección de Instrucción número 6 del Tribunal de Instancia de Martorell, que deberá determinar las responsabilidades penales de los cuatro imputados sobre la base de las pruebas recabadas durante más de tres años de investigación.