Al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se le abrió una nueva instancia judicial en una causa en la que la Fiscalía pidió que sea citado a indagatoria porque cuando era funcionario del gobierno de Mauricio Macri no declaró ingresos de una empresa que compró bonos del estado nacional bajo su gestión.
La Cámara Federal de Comodoro Py confirmó a principios de septiembre el sobreseimiento de Caputo pero la Fiscalía apeló. El tribunal aceptó ese planteo y envió el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal para que revise la decisión, informaron a Clarín fuentes judiciales.
Se trata de una causa judicial se inició en 2017 por una presentación de diputados kirchneristas luego de las revelaciones de la investigación periodística internacional “Paradise Papers”. De allí se conoció que entre marzo de 2016 y abril de 2017, cuando era secretario de Finanzas de Macri, Caputo cobró 18.944 dólares Princess International Group. En simultáneo, esa empresa compró 494.702,56 en bonos del estado argentino.
Caputo no incluyó en su declaración jurada su participación en “Noctua Partners LLC”, que administraba fondos de inversión en Miami, a través de “Alto Global Master Fund, LP”. En esa última compañía Caputo era gerente de cartera. Y ya como funcionario, Princess International Group -accionista de Noctua- compró los bonos del estado.
El fiscal federal Carlos Rívolo había pedido la indagatoria de Caputo por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y uso de información privilegiada.
“Mientras el nombrado participaba de la emisión de dichos bonos como secretario de Finanzas de la Nación, paralelamente facturaba a través de L.C servicios de asesoramiento financiero a Noctua, que adquirió esos bonos en cuya emisión participó a título personal, y que en definitiva le generaron una ganancia a quien asumió el control de la compañía, que era nada más y nada menos que su hermano”, sostuvo la Fiscalía en su su acusación. La referencia es a Flavio Caputo.
Caputo se presentó en la causa con abogados y se defensa señaló que desde que asumió como funcionario público no tuvo vinculación con esas empresas y que no hubo trato preferencial para la compra de bonos, una operación que es a riesgo de quienes los adquieren.
El juez federal Julián Ercolini sobreseyó en diciembre del año pasado a Caputo porque, si bien el funcionario no declaró esas empresas, “lo cierto es que ello resultó en una circunstancia general, dado que no fue mencionada ninguna actividad previa en el ítem correspondiente”. También que luego lo aclaró ante un requerimiento de la Oficina Anticorrupción.
Esa decisión fue apelada y avalada por la Cámara Federal. El tribunal sostuvo que “la omisión punible debe ser maliciosa” y que eso “no logra ser demostrado por el titular de la acción penal, resultando aquella exteriorización efectuada en calidad de contribuyente un parámetro válido más para descartar cualquier tipo de intencionalidad en la falta de declaración de los vínculos con las firmas en cuestión”.
Pero la fiscal adjunta de la Cámara Federal, Eugenia Anzorreguy de Silva, insistió con la acusación y apeló para que el fallo del tribunal sea revisado por la Cámara de Casación. La Cámara aceptó por mayoría que el caso pase a esa instancia.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola sostuvieron que la Fiscalía “ha expresado en forma concreta los motivos en que funda su pretensión, citando específicamente los preceptos legales que estima violados e indicando la aplicación pretendida”.
En disidencia, Mariano Llorens señaló que “los argumentos desarrollados por la parte impugnante, que en lo medular tienden a reeditar las razones esgrimidas en la apelación, resultan insuficientes para avalar la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal”.