De los pedidos de interpelación al ministro de Defensa Carlos Presti que circulan en el Congreso para exigirle explicaciones por distintas situaciones, surge un dato clave sobre la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, que no logra ser contenida y cuyo pasivo sigue creciendo.
A septiembre de 2026, distintas estimaciones ubican la deuda de IOSFA en $ 500.000 millones, afirman. El monto que expone la dimensión del problema que enfrenta el Ministerio de Defensa mientras avanza con la disolución de la obra social y el traspaso de sus afiliados a la nueva OSFA.
Ocurre que la cifra tiene distintos alcances según la fuente y la metodología utilizada. Mientras algunos cálculos sitúan la deuda consolidada con prestadores y proveedores en torno de $ 213.000 millones, otros llevan el pasivo hasta cerca de $ 500.000 millones al incorporar otros activos, pasivos y conceptos. La diferencia es relevante y obliga a precisar qué se está contabilizando en cada caso. Así lo indica un informe del asesor en Defensa y Seguridad Marcelo Seghini, que trabaja junto al diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, y en la Comisión de Defensa de la Fundación Alem.
Otro síntoma de la crisis que afecta a cientos de miles de prestadores fue dado a conocer esta semana por Clarín, al denunciar los gremios que, en lugar de sanearla, hubo recortes de 576 puestos de trabajo, a lo que hay que sumarle que les sacarán 13 hoteles y 33 farmacias.
Pocos creen en las Fuerzas Armadas que se respete lo establecido: que el 70% de lo que se obtenga de la venta de las propiedades ingrese a las Fuerzas, así como tampoco creen que el 10% de los inmuebles vendidos del Estado entre a sus arcas, como se prometió, incluso por escrito.
Lo concreto es que la creación de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) a principio de año no consiguió cerrar el agujero financiero de IOSFA. Por el contrario, la transición está generando una situación particularmente compleja: IOSFA Residual continúa interviniendo en la cobertura de los afiliados porque OSFA todavía no cuenta con una red suficiente de prestadores y proveedores para asumir integralmente las prestaciones.
El problema había quedado expuesto mucho antes. Al 6 de agosto de 2025, un informe de situación registraba una deuda total de $ 238.678 millones, incluidos $ 9.822 millones correspondientes a intereses del préstamo otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
Este miércoles, la crisis derivó en protestas de los afiliados a las puertas de las autoridades de la obra social y en la renuncia del segundo administrador y liquidador de lo que fue IOSFA, el coronel mayor retirado Ariel Guzmán.
Mientras tanto, el teniente general Presti está incómodo porque los afectados son uniformados en actividad y en retiro, además de sus familias. Y no solo no les está pudiendo dar una respuesta, sino que la situación pareciera no poder controlarse.
La liquidación que no termina de arrancar
En febrero de este año, el Gobierno dispuso mediante el DNU 88/2026 la disolución y liquidación de IOSFA durante un período de doce meses y creó, en paralelo, la OSFA y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
La apuesta del Ministerio de Defensa era separar las nuevas estructuras del pasivo de la antigua obra social. El problema es que, en los hechos, la estructura residual de IOSFA todavía debe sostener prestaciones mientras la nueva obra social termina de construir su red.
La situación se produce, además, mientras el Ministerio de Defensa admite un déficit operativo mensual que llegó a estimarse en $19.000 millones.
Prestaciones cortadas, medicamentos y reclamos judiciales
El problema financiero tiene una traducción concreta para los afiliados. El informe de Seghini registra demoras e interrupciones en prestaciones sensibles, entre ellas tratamientos oncológicos y para la diabetes, medicamentos, geriatría, reintegros por discapacidad y reintegros de gastos afrontados directamente por los afiliados. También se mencionan interrupciones de servicios en distintas jurisdicciones y faltantes de medicamentos en farmacias de las delegaciones.
La crisis también comenzó a trasladarse a los tribunales. La falta de atención y las demoras generaron reclamos judiciales de afiliados y, según la información disponible, medidas de embargo. El fenómeno agrega costos administrativos y evidencia que el sistema está teniendo dificultades para responder a sus obligaciones en tiempo y forma.
El impacto tampoco es igual en todo el país. Los afiliados del interior enfrentan mayores dificultades cuando viven lejos de hospitales militares o de centros urbanos con oferta sanitaria suficiente. En esos casos, los cortes o demoras implican traslados, adelantos de dinero y posteriores pedidos de reintegro.
Como otros informes que han circulado desde distintas usinas —y sin que el Gobierno haya aún presentado las dos auditorías que prometió—, los antecedentes dan cuenta de un panorama crítico durante la gestión del exministro de Defensa y ahora diputado por Mendoza, Luis Petri, ya que todas las fuentes consultadas afirman que la ex IOSFA no presentaba déficit hasta 2024.
El informe denuncia que en 2024 se habrían financiado semanalmente entre cuatro y cinco pasajes aéreos a Mendoza para integrantes del equipo procedente de esa provincia. La evaluación de este gasto requiere identificar las autorizaciones, los motivos de comisión y su incidencia presupuestaria.
La información disponible señala la incorporación de personal externo en funciones superpuestas con áreas formales de IOSFA, lo que habría alterado los circuitos de decisión y la línea jerárquica. Se mencionan, entre otros ámbitos, Prestaciones de Salud, Compras y Contrataciones, Delegaciones y Servicios Sociales, Farmacias y Control de Gestión.
El informe denuncia que durante la segunda presidencia se eliminaron puestos en áreas vinculadas a Transparencia Institucional.