En una decisión sin precedentes, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky reclamó que se ponga fecha al juicio oral de la causa por la Mafia de los Contenedores, una investigación iniciada hace diez años que tiene 98 imputados -45 de ellos funcionarios aduaneros- y que involucra unos 1.500 contenedores y un perjuicio para el Estado estimado en 300 millones de dólares.
El planteo de Aguinsky se produce además en un momento en que crecen las denuncias por contrabando y se registran movimientos internos preocupantes en la Aduana.
En un fallo al que accedió Clarín, el juez recordó que en junio de 2024 elevó la causa N° 529/2016/273, “actuaciones relacionadas al legajo de investigación 273 s/contrabando agravado”, conocida como un capítulo de “La Mafia de los Contenedores” y actualmente radicada ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2.
Sin embargo, ese tribunal, con la firma del juez Jorge Alejandro Zabala, decidió postergar sin fecha “a efectos de un mejor orden en el proceso, en función de las circunstancias que se presentan”, el debate oral y público cuyo inicio estaba previsto para pasadomañana.
Aguinsky marcó la dimensión del expediente: la causa tiene 68 cuerpos, además de sus respectivos anexos de investigación, y 98 personas imputadas. Entre ellas hay 45 funcionarios aduaneros, acusados por maniobras que, según la investigación, habrían provocado un perjuicio millonario al erario federal.
El juez utilizó el caso para plantear una cuestión de fondo: dónde debería concentrar sus esfuerzos la Justicia frente al fenómeno del contrabando.
“Sin duda es allí (en la causa de la Mafia de los Contenedores) donde el Poder Judicial debe volcar sus esfuerzos para luchar contra el contrabando”, advirtió Aguinsky.
Movimientos y preocupación en la Aduana
El planteo judicial coincide con una situación que generó preocupación entre fuentes judiciales: la eventual designación del abogado Rodrigo Peydro como nuevo Director General de Aduanas.
Peydro es abogado defensor de varios verificadores imputados en la causa de la Mafia de los Contenedores.
El mes pasado, José Velis presentó su renuncia como titular de la Aduana, aunque hasta ahora no se la aceptaron.
En paralelo, se produjo otro movimiento que llamó la atención: fueron removidas las abogadas de la Aduana que impulsaron la denuncia que dio origen a la causa de la Mafia de los Contenedores, en la que están imputados 45 funcionarios aduaneros por presuntas irregularidades en los controles.
Según informaron fuentes judiciales, la semana pasada las abogadas recibieron una intimación para pasar a una categoría inferior o quedar a disposición de Recursos Humanos para ser trasladadas desde el área de Legales a otro sector de la Aduana.
Los movimientos internos se producen mientras la causa principal permanece sin fecha para el inicio del juicio oral.
De 1.500 contenedores a 58 sábanas
En su resolución, Aguinsky hizo además un contraste que expone la diferencia de escala entre las investigaciones por contrabando que llegan a los tribunales.
Por un lado, la Mafia de los Contenedores: unos 1.500 contenedores, un perjuicio al Estado estimado en 300 millones de dólares y 98 imputados.
Por el otro, una causa menor en la que el juez procesó a Saavedra Valenzuela por considerarlo “prima facie” autor del hecho que implica la tenencia de mercadería de origen chino: 58 sábanas, 20 frazadas y 15 colchas, por un monto total de $840.736.
CLAUDIO MINNICELLI, CUÑADO DE JULIO DE VIDO, CONDENADO EN OTRA CAUSA DE CONTRABANDO.El contraste llevó al magistrado a advertir sobre la necesidad de actualizar los parámetros legales utilizados para determinar la gravedad económica de las maniobras de contrabando tanto en cuanto al contrabando como a las infracciones aduaneras.
El contrabando, sostuvo Aguinsky, “erosiona la recaudación fiscal, promueve la competencia desleal, precariza el empleo, oscurece la trazabilidad de las operaciones y dificulta la seguridad y control sobre los productos que se comercian”.
En paralelo, el juez señaló en el fallo en el que procesó a Valenzuela que “los montos previstos en esa figura penal han quedado desactualizados frente al proceso inflacionario que atravesó nuestro país durante los últimos años”, por lo que consideró “razonable propiciar una actualización legislativa de los valores establecidos en el art. 947 de la Ley 22.415”.
Aguinsky tomó como referencia el monto mínimo de $500.000 fijado por el legislador en diciembre de 2017, fecha de la última reforma del artículo mencionado, y lo actualizó de acuerdo con la inflación acumulada según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El resultado, según el cálculo incorporado al fallo, es contundente: ese monto equivaldría actualmente a unos $48.382.973.
La presión del contrabando sobre la industria
El planteo del juez aparece, además, en un momento en que el contrabando volvió a instalarse como una preocupación para la industria argentina.
A la caída de la demanda interna se suma la presión de productos que llegan del exterior y que, según las empresas, en algunos casos ingresan o se comercializan bajo condiciones de competencia desleal o directamente de contrabando.
De acuerdo con un informe realizado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), casi 6 de cada 10 empresas consultadas calificaron como alto o muy alto el impacto de esta problemática sobre su actividad.
En concreto, el 35% consideró alto el impacto y otro 24,7% lo calificó como muy alto.
En ese contexto, mientras una megacausa de contrabando con 98 imputados continúa sin fecha para el juicio oral, Aguinsky puso el foco en la necesidad de que la Justicia concentre sus esfuerzos sobre las grandes maniobras y advirtió sobre las consecuencias económicas y comerciales de un delito que, según el propio juez, afecta la recaudación, la competencia y los controles del Estado.